Según un resumen del documento firmado por los cancilleres de Argentina y Uruguay, el acuerdo de monitoreo conjunto en UPM, se estableció dentro de los parámetros técnicos y legales determinados por los acuerdos internacionales entre ambos países y la resolución de la Corte de la Haya.
Para Uruguay, el monitoreo no podía legalmente, incluir el análisis de parámetros ajenos a las normas existentes establecidas por la CARU y tampoco manipulación de muestras y sensores por fuera de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
El acuerdo al que José Mujica y Cristina Fernández habían llegado, establecía que se podían hacer innovaciones en las normas, pero no dentro del propio monitoreo.
Otro de los puntos importantes fue el que estableció, como máximo, los 12 ingresos a la planta.
Los científicos argentinos pretendían instalar en UPM un aparato automático que sacara muestras durante todo el mes y así tener un detalle diario de lo que había pasado en la planta.
Uruguay se negó, argumentando que no estaba permitido en el acuerdo de los gobiernos, que los argentinos se llevaran 365 muestras.
La delegación uruguaya propuso instalar un aparato muestreador automático, conectado a los sensores de medición continua, que toma una muestra solamente cuando detecta que alguno de los niveles está por encima de lo permitido.
En la planta, la información se obtiene de dos formas: sacando muestras y con sensores que están instalados en los caños y mandan continuamente información a la Dinama.
Lo que ofreció Uruguay es compartir sin restricciones la información de esos sensores que tiene Dinama con la CARU, inclusive la del sensor instalado en la chimenea de la planta.
Según el fallo de La Haya, Uruguay no tiene por qué darle información de las emisiones gaseosas a Argentina.
Sin embargo los delegados del país vecino pretendían instalar sus propios detectores en la chimenea de la planta.
El propio Mujica intervino en este punto y pidió que se compartiera toda la información de Dinama, incluso la de la chimenea, como "gesto para demostrar que no hay nada que esconder", dijeron fuentes de la CARU.
Uruguay le dará a Argentina toda la información de muestras y sensores, pero se manejarán bajo la órbita de la Dinama.
En el acuerdo también se estableció que los costos de los equipos que deberá utilizar la Dinama serán absorbidos por ambos países. Para esto la CARU firmará un acuerdo para donarle a la Dinama todo el material que necesite.
Argentina también pretendía instalar 18 sensores que midieran la calidad del aire, pero como eso no es jurisdicción de CARU tampoco se puede aplicar.
Para hacerlo habría que firmarse un convenio similar al que creó la CARU (aprobado por los dos parlamentos), para establecer una comisión que administrara la calidad atmosférica.
Lo que propuso Uruguay y fue aceptado en términos generales, es poner cuatro estaciones automáticas para medir la calidad de aire en cuatro puntos de la costa uruguaya y otras cuatro del lado argentino.
Las "boyas integradoras" (que incluían seis sacas de almejas que posteriormente serían analizadas), eran un elemento importante en el plan argentino, pero quedaron fuera del acuerdo.
Se las incluirá como "actividades experimentales complementarias al monitoreo", cuyos resultados podrán ser insumos para generar nuevas normas, pero no establecerán si algo está bien o mal.
Fuentes vinculadas a CARU comentaron que este fue uno de los puntos más "duros" del acuerdo, ya que Argentina pretendía "a toda costa" que las boyas estuvieran dentro del plan de controles a UPM.
Uruguay también planteó su intención de dejar afuera metodologías de medición, desconocidas por la comunidad científica.
Argentina había planificado varios controles con equipos que no están validados internacionalmente, sino que son de producción artesanal o personales de investigadores.
En el documento, esas propuestas también quedaron bajo la órbita de las actividades experimentales complementarias (fuera del acuerdo) hasta tanto se pueda confirmar o no, que son confiables.
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