Cómo es habitual la derecha plantea solucionar los problemas a costa del hambre de los trabajadores. Nada nuevo sobre la Tierra. La comisión tendrá 90 días para elaborar un informe de reforma jubilatoria. Luego, con ese informe (no tiene por qué hacerlo suyo) el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley.
La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) aprobó ayer por 10 votos a favor (de los representantes del gobierno y los partidos que integran la coalición más la representante de los empresarios) y cinco en contra (de los representantes del Frente Amplio, los trabajadores y los jubilados) el informe de diagnóstico sobre la situación del sistema jubilatorio.
La comisión tendrá 90 días para elaborar un informe de reforma jubilatoria. Luego, con ese informe (no tiene por qué hacerlo suyo) el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley con la reforma.
El comunicado de la CESS utilizó el eufemismo “votos no conformes” para referirse al rechazo que tuvo el informe de parte de los representantes de trabajadores, jubilados y del Frente Amplio (FA).
El informe de diagnóstico no fue divulgado oficialmente. “Una vez presentado a las autoridades, el documento completo será publicado en la web de la comisión”, indicó la CESS en su cuenta de Twitter.
El comunicado de la CESS dijo que “el informe de diagnóstico muestra que la seguridad social uruguaya tiene muchas fortalezas que se han consolidado en un proceso de construcción histórico, en el que tuvo incidencia el aporte de gobiernos de diverso signo político” e “identifica también un conjunto de debilidades y desafíos que deben encararse más temprano que tarde”.
La Mesa Política Nacional del FA emitió un comunicado en el que criticó varios aspectos del informe de diagnóstico.
Entre otros, afirmó que en el diagnóstico “debería decirse claramente cuál es la imagen objetivo que se persigue, cuáles son los objetivos de reforma” y “nada de esto está explicado, no se sabe a dónde quiere ir el gobierno”.
“El excesivo foco en lo financiero del diagnóstico también aparece en la valoración crítica que hacen del impacto de las políticas de aumentos salariales para (trabajadores) privados y públicos de nuestros gobiernos y por lo tanto la consecuente mejora en jubilaciones y pensiones en general y de las mismas en particular”, espetó el FA.
También cuestionó “que en la Caja Militar se suavizan o evaden temas trascendentes y de alto impacto para toda la sociedad que es necesario considerar, más aún al momento de realizar una reforma integral del sistema”, cuestionó el FA.
La Caja Militar tiene un déficit anual de US$ 500 millones mientras el del Banco de Previsión Social (BPS) alcanza a unos US$ 600 millones, con la diferencia que la Caja Militar paga a 33.259 retirados y 6.722 pensionistas (un total de 39.981), mientras el BPS paga unas 800.000 pasividades.
Si se aplicará el mismo criterio de los militares en el BPS, se deberían gastar unos 12 mil millones de dólares y si en la Caja Militar se aplicará el criterio del BPS, se deberían estar gastando 30 millones de dólares.
Esto es una clara demostración de los brutales beneficios que han tenido durante décadas los militares. Una casta privilegiada, que ha vivido a costa del sacrificio de los sectores más empobrecidos de la población, que perciben a pesar de los incrementos generados en 15 años de gobierno del FA, jubilaciones miserrimas con las que deben sobrevivir en sus últimos años de vida
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