Silvia de Borba es una militante de la Lista 71 del Partido Nacional en Canelones. Su actividad política la llevó a ser electa como edila en 2015 y para las elecciones departamentales de este año se presentará como candidata a alcaldesa de Ciudad de la Costa.
En paralelo, es también una funcionaria pública con más de tres décadas de trayectoria en la salud, donde el mes pasado asumió un nuevo desafío. El actual Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), organismo en el que se desempeñaba, la nombró directora de Desarrollo Humano.
De Borba recibió la noticia con satisfacción y con sabor a revancha.
“Queridos amigos: en mi larga carrera de 31 años en ASSE, mi segunda casa, he dado siempre lo mejor de mí por la salud de los uruguayos. Desde cargos como jefe de auditores, adjunta a la Dirección del Hospital Pasteur, entre otros, siempre trabajé con compromiso y dedicación. Siempre aportando conocimientos y experiencia, en beneficio de la comunidad. Los últimos cuatro años fui víctima de la más infame persecución, por el solo hecho de ser blanca. La justicia tarda pero llega. Hoy fui designada directora de Desarrollo Humano”, escribió el 22 de mayo en su cuenta de Facebook.
Durante el período de gobierno pasado, la flamante jerarca fue objeto de un sumario que la tuvo al borde de la destitución. Entre febrero del 2016 y julio del 2017, De Borba presentó en ASSE 18 certificados médicos con los que justificó 502 días de ausencias casi continuas. Pero mientras faltaba a su puesto de trabajo en el Hospital Pasteur, la edila sí concurría frecuentemente a la Junta Departamental de Canelones. Ese comportamiento, advertido por los posteos de su actividad política en las redes sociales al tiempo que estaba certificada, fue el que motivó la apertura del expediente.
Según los registros de ASSE, sus ausencias obedecían a que padecía una “neurosis”. En agosto de 2017 intentó presentar un nuevo certificado por otros 31 días que no fue validado. Desde entonces y hasta este año se certificó en otras 10 oportunidades, pero siempre por períodos de una semana o menos, y no por neurosis.
Una de las primeras medidas que tomó De Borba, a los pocos días de asumir su nuevo cargo, fue desmantelar al resto de los integrantes de la anterior dirección. Cesó a la subdirectora de Desarrollo Humano y a los funcionarios que lideraban las cuatro divisiones dependientes de la dirección.
Uno de ellos, el director del Departamento de Certificaciones, había tenido que elaborar un informe en el marco del proceso de sumario por las licencias médicas de De Borba. Su pronunciamiento la había puesto en una posición comprometida.
Dos mitades
El sumario a De Borba pasó por múltiples consultas legales y médicas. En la primera etapa el caso parecía encaminado a calificarse como una falta grave y derivar en su destitución. Esa fue la sugerencia de Jurídica de ASSE, apoyada en los informes de las juntas médicas que se convocaron para analizar su situación clínica y en el pronunciamiento del director de Certificaciones de ASSE.
Las diferentes consultas coincidían en que era incompatible estar certificado médicamente en un trabajo mientras se concurría a otro: no se puede estar medio enfermo. El que está enfermo, lo está para toda actividad, estampó el director de Certificaciones en su informe.
La defensa de De Borba, que se procesó en un segundo expediente, logró dar un giro en la interpretación. Mediante informes profesionales, sostuvo que su trabajo como edila debía entenderse como una actividad “recreativa” y que estaba recomendada en el marco de su tratamiento por un cuadro depresivo. Con esa línea argumental logró que Jurídica de ASSE cambiara de opinión y terminara recomendando no sancionarla.
En el medio hubo pronunciamientos de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Junta Departamental de Canelones, que también abonaron el giro.
El 7 de mayo, dos semanas antes de su designación como directora, las actuales autoridades de ASSE clausuraron y archivaron el sumario. La resolución, a la que tuvo acceso Búsqueda, está firmada por el presidente del organismo, Leonardo Cipriani, y el vice, Marcelo Sosa. Aunque con distintos perfiles, ambos son, como De Borba, dirigentes blancos en Canelones.
Según el texto, “quedó demostrado” que mantener su actividad como edila mientras estaba certificada, era una cuestión “directamente recomendada por los profesionales que la trataban por un ‘cuadro depresivo mayor’”. Y que por eso “corresponde rectificar la imputación inicial y establecer que no se configuró la comisión de falta administrativa por la conducta de la funcionaria”.
De Borba, consultada por Búsqueda, sostuvo que su depresión tuvo origen en un cambio de función. Ella se desempeñaba como adjunta de la Dirección del Hospital Pasteur y en 2016 la trasladaron a la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana como encargada en Logística. Según sus palabras, era “un cargo totalmente inferior” en relación con su currículum y sus antecedentes como funcionaria.
“De estar en un cargo muy importante se me manda a trabajar a un lugar totalmente inhóspito, con gente que me maltrata y bueno, empecé a caer en un pozo depresivo”, explicó.
Pese a su disconformidad con la nueva función, De Borba no pidió ser derivada a otra área. Tampoco denunció el maltrato que recibía. Dice que no quiso hacerlo porque entiende que “las cosas solas toman su carril y llega el momento en que todo se aclara”. Además, considera que tampoco tenía demasiadas alternativas. “Fue el directorio el que me derivó a ese lugar. ¿Dónde podría haber hecho la denuncia? No sé”, respondió ante la pregunta.
Para De Borba, siempre estuvo claro que su situación no implicaba ninguna contradicción. En el certificado médico la doctora tratante la habilitaba a salir de su casa y hacer “cualquier tipo de actividad”, excepto trabajar. Entiende que su actividad como edila no era un trabajo: es un cargo electivo y honorario, y ella no tenía ningún vínculo laboral con la Junta Departamental de Canelones. Eso mismo, según contó, fue lo que dijo la propia Junta Departamental en un informe que elaboró para el sumario de ASSE.
Al ser consultada directamente por Búsqueda, se mostró todavía más enfática.
—¿A su actividad como edila no la consideraba un trabajo?
—¿Tu pensás que eso es un trabajo? ¿Tú sabés la definición de trabajo?
—Sí, claro. Pero se lo pregunto a usted. ¿No lo consideraba un trabajo?
—Yo no soy quién para considerar nada, para algo la Junta Departamental tiene asesores legales.
El informe de la Junta Departamental es clarísimo.
Según De Borba, su expediente debió haber sido archivado en diciembre. Ya por entonces estaban todos los informes disponibles para tomar la definición, pero el directorio anterior no lo hizo y tuvieron que hacerlo las nuevas autoridades.
Durante el diálogo, confirmó que semanas atrás cesó a los líderes de las divisiones dependientes de su dirección para “elegir a gente de su confianza para trabajar”.
Si bien la actividad de edil no es remunerada, la Junta Departamental de Canelones tiene un sistema de reintegro de gastos por asesoría técnica. Según dijeron a Búsqueda fuentes municipales, esas partidas funcionan como una especie de salario encubierto.
De Borba hizo uso de los reintegros por asesoría técnica al menos entre agosto y octubre de 2019. En los tres meses presentó facturas de Dariemas S.A., una empresa con sede en una calle del departamento de Florida, por valores de $ 97.090, $ 97.787 y $ 98.647. Facturas de la misma empresa fueron presentadas por otros tres ediles, en los mismos meses y por valores similares.
También había cobrado esos reintegros entre enero de 2018 y febrero de 2019, todos los meses por valores de entre $ 85.000 y $ 94.000. En este período Búsqueda no pudo acceder a las facturas de las empresas que le brindaron el asesoramiento técnico.
De Borba es esposa de Julio Lara (el peluquero) otro dirigente del Partido Nacional de amplia trayectoria en el ruedo político.
Lara inició su recorrido en el Movimiento por la Patria, de Wilson Ferreira Aldunate, entre 1995 y 2005 fue diputado por Canelones y entre 2005 y 2010 ocupó una banca en el Senado.
En las últimas elecciones, acompañó la candidatura de Luis Lacalle Pou a través de la Lista 71 en Canelones, de la que fue el primero en la lista al Senado.
“Mientras algunos piensan en su situación personal, a mí me importa el partido y llevar a Luis a la presidencia. Por eso he decidido salir al descampado”, declaró Lara a El Observador, en agosto de 2019 tras reunirse con Lacalle Pou y recibir su respaldo.
Lara no alcanzó la banca en las elecciones, pero llegó igualmente al Parlamento. El Partido Nacional lo propuso para ocupar uno de los cargos políticos de designación directa y fue nombrado prosecretario de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo.
Fuente: Busqueda
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