El martes 23, a última hora, publiqué un tuit que decía: “Acabo de ver un nuevo video de Cristino, por lo que deduzco que mañana las tapas de El País y El Observador pueden hablar del Mides”, y efectivamente en algo acerté, pues no fue el título principal ni mucho menos, pero tuvo un lugar de destaque en la tapa del primero.
La otra noticia relacionada con el asunto es que, según el diario El País, “todos se ríen de la denuncia del Frente” donde no se nombra en el titular a Beatriz Argimón, que es “la sujeto” del asunto, y se omite su nombre para que no sea destacada en los buscadores de internet como asunto a seguir porque es necesario para el gobierno terminar con este tema.
Así se construye día a día el relato cotidiano, estudiando cada detalle de la imagen de todo lo que pueda constituir un asunto político para de esta forma elaborar contenidos que intervengan en la subjetividad de los distintos sectores sociales, intentando imponer una idea conveniente a los sectores acomodados a través de sofisticada técnicas, a veces ridículas, que pretenden inculcar en nuestras cabezas qué es lo bueno y qué es lo malo, en este mundo tan complicado e inmanejable para simples mortales.
En este marco en el que la actuación política, el acting, se vuelve sustantiva para construir dicho relato, asistimos a una o varias entrevistas semanales, en medios de importante alcance comunicacional, con jerarcas del gobierno que una vez sí y otra también difunden información que nadie contrasta y que se presenta a la población como correcta, indiscutible, objetiva, cuando no se le atribuye otro tipo de poderes, como en el caso de las supuestas investigaciones o auditorías de la gestión del gobierno anterior, en las que además de los atributos anteriores la información pasa a ser esclarecedora, explicativa o descubridora.
En ese marco, el domingo pasado asistimos al acostumbrado amarillismo de Santo y Seña, presentando un programa sobre la situación del Mides, en el que se puede encontrar lo que se quiera, menos un aporte a la convivencia democrática.
Dentro de los asuntos tratados se mezclan con toda intención asuntos referidos a irregularidades objetables de funcionamiento, como el uso indebido de un espacio dentro de la sala de motores de los ascensores del ministerio, presentada como si fuera una oficina, por parte de un funcionario de una empresa, con supuestos pagos a organizaciones de la sociedad civil, definidas por el programa como “ONG compañeras”, por cifras millonarias, como si dichos pagos fueran una especie de obsequio o transferencia sin contraparte, y todo ello en medio de un supuesto caos logístico y con total ausencia de controles sobre los gastos y el rendimiento de los programas.
Pasemos a explicar algunas cosas de las insinuadas o expresadas por los comunicadores del programa Santo y Seña.
En dicho programa se habla en forma reiterada de gastos millonarios en contrataciones de ONG y cooperativas sociales, pero se omite describir la razón de esos gastos.
Un televidente distraído o simplemente manijeado por el propio programa u otros de contenidos convergentes podría interpretar con toda razonabilidad que estos gastos no tienen controles ni objetivos definidos. Pero es importante hacer al respecto una enfática aclaración.
Es absolutamente imposible ejecutar montos de dinero considerables en el Estado burlando los numerosos controles que imponen los manuales de procedimientos, sujetos por otra parte a intervenciones judiciales en caso de incumplimiento, tanto para con las entidades contratadas a las que se les bloquean los pagos o se les somete a acciones de regularización y recupero, como para con los funcionarios que controlan, que serían sumariados e incluso derivados a la Justicia penal en caso de dolo. Siempre pueden existir excepciones y siempre existirán, pero insinuar que eso puede ser la regla parece insostenible.
Afirmar que es posible ejecutar cifras del orden de 35 millones de dólares en el Estado, en programas sociales sin controles, es lisa y llanamente un acto de mala fe. Estamos hablando aproximadamente de 280 convenios con las casi 100 organizaciones de la sociedad civil.
Esos dineros se utilizan para contratar técnicos y pagar gastos de funcionamiento que implementan la totalidad de la oferta programática en calle, una parte del seguimiento familiar, los servicios de atención a la violencia de género, el programa Uruguay Trabaja, el programa de Cooperativas sociales, los Socat, entre otros. Entre toda la estructura tercerizada se llega a cerca de 2.500 trabajadores.
Si tomamos la cifra global de los 35 millones para los 2.500 técnicos, el salario promedio por técnico contratado sería de algo más de 30.000 pesos líquidos, lo cual está dentro de un rango razonable y quizá bajo dentro del mercado.
Tomemos el caso de Plemuu, que es una OSC con amplísima trayectoria en Uruguay y ha tenido a cargo muchos convenios con el Estado en gobiernos de distinto pelo y varios reconocimientos por su trayectoria, a la cual Santo y Seña presenta como un centro de sospechas por cobrar alrededor de 5 millones de dólares en 2019 por concepto de convenios.
Dicha organización ha sostenido varios refugios y buena parte de la oferta de servicios de atención en violencia basada en género, pero también han desarrollado propuestas en Uruguay Trabaja y atención de población en hall del Mides, así como seguimiento familiar en el programa de Cercanías. A finales de febrero, cuando se entregó el gobierno, Plemuu tenía contratos vigentes con el Mides por 137.186.337 pesos, que representan en dólares unos 3,5 millones, no como dice Santo y Seña, pero esto es un tema a ver con cuidado para hacer bien las cuentas mes a mes durante 2019. Pero lo importante es que esa cifra correspondía a 279 puestos de trabajo, que tampoco son cantidad de personas pues pude una persona desempeñarse en más de un convenio. Si se observa además que una parte de los rubros de los convenios va orientada a gastos, que en el caso de refugios, por ejemplo, son del orden del 30%, se podrá ver que el nivel de remuneraciones de los técnicos dista mucho de cifras sustantivas (entre 30.000 y 40.000 pesos promedio) y que no existen márgenes que se puedan interpretar livianamente como “ganancias empresariales”.
Si este ejercicio lo hacemos con cualquier OSC conveniante, encontraremos lo mismo y la razón es evidente: las políticas sociales no son negocio desde una perspectiva empresarial, si no, algunos de los actuales directores del Mides no estarían recién ahora metiéndose en este tema.
Y el problema de estas autoridades con los asuntos de género es también evidente. Sostener que es un requisito excesivo que las organizaciones con experiencia de trabajo previo con violencia basada en género tengan buenas puntuaciones en la competición por la provisión de los servicios es al menos raro. Y más cuando dichas posiciones vienen de gente que se supone ha sido elegida para desempeñar roles de conducción institucional por su experiencia de trabajo previo, como es el caso del actual ministro.
Pero los enchastres no solo vienen de ahí; dice el ministro que revolviendo en los depósitos del Mides se han encontrado cosas insólitas, y seguro que eso es cierto, pero una vez más la pandemia de la maldad les toma el pensamiento para anunciar, junto al café vencido, que hay, entre otras cosas, 23.000 pañales sin repartir. Lo que no dicen las autoridades, o los comunicadores en algunos casos, porque es difícil discernir quién hace el libreto, es que el Mides reparte unos 30.000 pañales por semana. De igual forma pasa con los 150 kg de leche en polvo vencida que no fue descartada, obviamente por error, lo que constituye una parte ínfima de los 120.000 kg que se distribuían para la población y que luego de vencida en los comercios se recuperaba para sacarla de circulación. Vaya si habremos aprendido con esa y otras experiencias, siempre defendidas por los promotores de las acciones clientelares, que, con la excusa de controlar el consumo, salen a cambiar canastas por votos, que hay que darle la plata a la gente y no la canastita de comida.
En el fondo son todos asuntos parecidos al de los famosos tapabocas del contenedor del puerto que motivaron varias conferencias de prensa y artículos periodísticos para que luego de pasado el show se reconociera que si no fuera por la pandemia, los habrían quemado, y con pandemia y todo, no sirven para su uso original. Todos asuntos que sin dudas muestran errores de gestión de la administración anterior, pero nada lejano a lo que podamos encontrar en muchas reparticiones del Estado o incluso en empresas privadas, y que jamás fueron noticia. Ya veremos qué arrojarán las auditorías que se harán algún día en la Intendencia de Maldonado por el caso Cristino o por los propios gastos observados del actual Mides.
Por último, para este escueto artículo, señalar que en el programa de referencia no han faltado los números de dudosa procedencia, no sabemos si construidos por las actuales autoridades o por los comunicadores, dado que no hemos encontrado forma de dar con las cifras presentadas por Santo y Seña para la contratación de cooperativas sociales de 2019. La mágica cuenta que les da una triplicación del gasto en cooperativas en año electoral no la hemos podido reproducir. Quizá el problema sea que primero pusieron lo que querían decir para enchastrar la cancha y luego buscaron un número que lo justifique, no lo sabemos, pero seguiremos buscando.
Dejamos el asunto de las evaluaciones para la próxima porque ese tema merece una consideración aparte, aunque adelantamos que en materia de números, en lo que hace al tema, no le pegaron a ninguno.
Caras y Caretas
Montevideo, 28 junio, 2020
Artículo de Juan Pablo Labat,
Ex director de Evaluación y Monitoreo del Mides
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