Derek
Chauvin, el policía blanco que clavó su rodilla al cuello del
afroamericano George Floyd, quien perdió la consciencia y murió minutos
después, ha sido detenido y acusado formalmente este viernes de
asesinato en tercer grado y homicidio involuntario, cuatro días después
de la tragedia que ha desatado protestas en contra de los abusos policiales a la comunidad negra en Estados Unidos de América.
El fiscal del condado aseguró que se pueden agregar más cargos contra
Chauvin. Los otros tres oficiales implicados también se encuentran bajo
custodia policial y la investigación sobre sus respectivos casos
continúa en proceso.
En
numerosas ciudades del país, grupos de manifestantes han salido a la
calle para exigir justicia. En Minneapolis, a donde han llegado más de
500 miembros de la Guardia Nacional, los oficiales utilizan gas
lacrimógeno y balas de goma para dispersar a quienes saquean los
negocios o queman infraestructuras. “Los incendios aún arden en nuestras
calles. Las cenizas simbolizan décadas y generaciones de dolor, de
angustia”, ha dicho esta tarde el gobernador de Minnesota, Tim Waltz,
quien espera que se haga justicia “rápido” contra los oficiales
involucrados en la muerte de Floyd.
La comisaría en la que trabajaba Chauvin ardió en llamas el jueves por la noche.
Tras los brotes violentos, el presidente Donald Trump amenazó con
enviar a los militares a la ciudad de Minnesota y calificó de “matones” a
los manifestantes. “Asumiremos el control si comienzan las
dificultades, pero cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos”,
escribió el mandatario.
Sus palabras le han costado una alerta de
Twitter por considerar que el mensaje “glorifica la violencia”. Los
disturbios continuaron durante la madrugada, donde, en medio del caos,
un equipo de la CNN fue detenido –y posteriormente puesto en libertad–
mientras transmitía en directo para la televisión.
“Estos
matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no voy a dejar
que eso ocurra. Acabo de hablar con el gobernador [del Estado] Tim Walz y
le he dicho que el Ejército está con él hasta el final. Asumiremos el
control si comienzan las dificultades, pero cuando empiezan los saqueos,
empiezan los disparos. ¡Gracias!”, escribió sobre la una de la
madrugada de este viernes el presidente estadounidense. El fiscal
general de Minnesota, Keith Ellison, sostuvo que el mensaje enviado por
los manifestantes ha sido recibido por las autoridades, y que no solo
van a arreglar las ventanas y barrer los vidrio rotos, sino que van a
arreglar “una sociedad rota y destrozada, que deja a tantas personas
atrás basándose en su historia de esclavitud y servidumbre”.
Los
centenares de personas que se han echado a la calle para clamar que se
haga justicia por la muerte de Floyd, fallecido el pasado lunes bajo
custodia policial, se han multiplicado a medida que avanzan los días.
Este jueves se produjeron protestas en una decena de ciudades, entre
ellas en Los Ángeles, Memphis y Nueva York. En esta última se produjo un
enfrentamiento con la policía que acabó con la detención de 40
manifestantes. Las protestas han sido organizadas por movimientos
defensores de los derechos de los afroamericanos, como Black Lives
Matter, que reprochan el racismo policial.
Las
manifestaciones comenzaron después de que se difundiera un vídeo de
Floyd, detenido por sospecha de fraude, en el que llora, gime de dolor:
“Todo me duele... Agua o algo, por favor. Por favor, por favor. No puedo respirar, agente, no puedo respirar”,
le decía al oficial Chauvin, sin que este se inmutara. A los minutos,
el afroamericano quedó inconsciente y, tras ser trasladado al hospital,
murió.
Cuando el vídeo empezó a circular, la policía
informó de que Floyd, un guardia de seguridad de 46 años, había muerto
debido a un “incidente médico”. Sin embargo, un informe del Departamento
de Bomberos publicado este jueves detalló que los paramédicos de la
ambulancia que lo transportaron revisaron su pulso “varias veces”, pero
sin resultado. El Departamento de Justicia aseguró que la investigación
federal sobre la muerte de Floyd tiene categoría de “máxima prioridad”.
Las pesquisas se centrarán en indagar si los cuatro oficiales
involucrados, todos despedidos de sus puestos, “privaron deliberadamente
[al fallecido] de un derecho o privilegio protegido por la Constitución
o las leyes de Estados Unidos”, según una declaración de la división
del FBI de Minneapolis.
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