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viernes, 2 de agosto de 2019

J. BOLSONARO: UN MILITAR DEL MONTON QUE NUNCA SE DESTACO Y QUE AHORA SE CREE UN MARISCAL DE CAMPO

En el marco de una de las tantas polémicas que mantiene con diversos actores de la vida política y social de su país, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, atacó al presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) –la máxima entidad representativa de los juristas brasileños–, Felipe Santa Cruz, al decir que le puede “contar la verdad” sobre la desaparición de su padre durante la dictadura militar. “Un día, si el presidente de la OAB quiere saber cómo su padre desapareció durante el período militar, yo le cuento. Él no va a querer oír la verdad”, afirmó el mandatario durante una conferencia de prensa que dio este lunes en Brasilia.


Según recordó el diario O Estado de São Paulo, Santa Cruz es hijo de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, quien era integrante del grupo Acción Popular, organización que se oponía al régimen militar. Santa Cruz Oliveira fue detenido por fuerzas gubernamentales en 1974 y nunca se lo volvió a ver. El informe Derecho a la verdad y a la justicia destaca que un documento del entonces Ministerio de Aeronáutica informó, en 1978, que Santa Cruz había desaparecido. De acuerdo con informaciones brindadas por otros presos políticos, la desaparición ocurrió el 22 de febrero de 1974 y él habría sido asesinado por integrantes del Centro de Operaciones de Defensa Interna de la ciudad de Río de Janeiro.

“Yo le puedo contar a él mi versión. Es que mi vivencia me hizo llegar a conclusiones en aquel momento. El padre de él integró Acción Popular, el grupo más sanguinario y violento de la guerrilla de Pernambuco, y vino a desaparecer en Río de Janeiro”, dijo el presidente, quien en 2011, cuando aún era diputado, afirmó que Santa Cruz Oliveira habría muerto “borracho” durante la celebración del carnaval.

Ayer Bolsonaro cuestionó nuevamente la actuación de la OAB al hablar de las investigaciones sobre Adélio Bispo, responsable por el cuchillazo recibido por Bolsonaro el año pasado durante la campaña electoral. Adélio fue considerado inimputable por la Justicia, que alegó que el atacante padece un trastorno mental, decisión que el presidente no apeló. Apoyado en una información falsa acerca de que el secreto telefónico de Bispo es protegido por la OAB –algo que fue verificado por O Estado de São Paulo–, Bolsonaro cuestionó: ¿Por qué la OAB impidió que la Policía Federal interviniese el teléfono de uno de los abogados [de Adélio]?; ¿Cuál es la intención de la OAB?; ¿Qué es lo que hace la OAB?”.

Las declaraciones del mandatario acerca de la desaparición del padre de Santa Cruz generaron una inmediata respuesta de Amnistía Internacional (AI), que publicó un comunicado en el que repudia los dichos de Bolsonaro y pide que comentarios de este tipo sean llevados a la Justicia. “Es terrible que el hijo de un desaparecido por el régimen militar tenga que oír declaraciones tan duras del presidente de Brasil, que debería ser el máximo defensor del respeto y de la justicia en el país”, afirmó la directora ejecutiva de AI en Brasil, Jurema Werneck. “Brasil debe asumir su responsabilidad y adoptar todas las medidas necesarias para que casos como este sean llevados a la Justicia. El derecho a la memoria, a la justicia, a la verdad y a la reparación a las víctimas, sobrevivientes y sus familiares debe ser defendido y promovido por el Estado brasileño y sus representantes”, se afirma en el comunicado de la entidad.

Por otra parte, durante la misma conferencia de prensa Bolsonaro hizo referencia por primera vez al caso de la muerte de un líder indígena de la etnia waiãpi denunciado la semana pasada en el estado de Amapá. “No existe ningún indicio fuerte de que ese indio fuera asesinado allá. Hay varias posibilidades y la Policía Federal está allá. A quien podíamos mandar, nosotros ya lo mandamos. Trataré de resolver el caso y de mostrar la verdad sobre lo que pasó”, afirmó el presidente brasileño.

Indígenas de la etnia waiãpi denunciaron el asesinato de uno de sus líderes durante una invasión de buscadores de oro, en una aldea ubicada en el oeste del estado de Amapá, situado en el norte de Brasil, en la frontera con Guyana Francesa. La Fundación Nacional del Indio (Funai) envió representantes al lugar, a fin de investigar el caso en paralelo al trabajo que lleva a cabo en la zona la Policía Federal. Según afirma la Funai en base a declaraciones de indígenas, los invasores de la aldea portaban armas en el momento de su ataque. De acuerdo a la denuncia realizada por los indígenas a la Policía Federal, con el apoyo del senador Randolfe Rodrigues –representante del partido ambientalista Rede Sustentabilidade por el estado de Amapá–, el asesinato de Emyra Waiãpi ocurrió el miércoles de la semana pasada durante un ataque a la aldea Mariry, información que fue confirmada por el diario Folha de São Paulo, con base en testimonios de habitantes de la zona.


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