Desde que la relación de sus padres terminó, en 2015, estos pequeños quedaron en el medio de un bombardeo de denuncias de violencia de su mamá a su papá, que este último niega fervientemente haber protagonizado.
Pablo asegura que en aquel entonces, el juez le dio la tenencia de sus hijos a él porque el más grande, de 4 años, contó en el Juzgado que su madre le pegaba. Pero la situación se agravó aún más cuando él decidió iniciarle a su expareja, una mujer militar, el trámite de retención alimenticia, luego de quedarse sin trabajo.
La mujer, siempre según el relato de Pablo, le inició "una guerra". En menos de tres meses, Pablo tenía 67 denuncias y debió pasar muchas horas de sus días en una comisaría, explicando que él no le había hecho nada.
Un día que su expareja llegó a buscar a sus hijos para pasar el día con ellos, Pablo le pidió "unos pesos para poderle comprar pañales". Ese 9 de octubre de 2016 fue el último día que Pablo vio a sus hijos. A las ocho de la noche debían regresar, Pablo los esperó pero nunca llegaron.
Cuenta que esa misma noche fue a la Seccional 17 para denunciar la situación pero le decían que debía ir al Juzgado, que no podían hacer nada porque era la madre. "Si yo hubiese hecho lo mismo estaba preso", piensa.
Al otro día fue a la base aérea donde ella trabajaba y los vio ahí pero no le permitieron acercarse. Finalmente, hizo la denuncia y el caso llegó otra vez a la Justicia.
Pero en medio de esta situación, guiado por la desesperación de no poder ver a sus hijos, cometió, seguramente, el peor error de su vida. "Me voy a arrepentir toda la vida porque con eso perdí a mis hijos", dice.
Lo que hizo fue acceder a la cuenta de Facebook de su expareja y subió una foto de ella, vestida de militar y con un arma en su mano. "A los hombres hay que matarlos a todos", escribió. "Y a los jueces que los dejan en liberad (a los violadores, golpeadores y asesinos) también hay que matarlos", agregó.
Hoy admite que lo hizo porque sentía que la Justicia le daba la espalda. Quería que su expareja se quedara sin trabajo para que él pudiese volver a tener la tenencia de sus hijos. Pero por este caso, terminó procesado por un delito de difamación. Seis meses debió ser monitoreado con una tobillera electrónica. Pero la peor parte, dijo, fueron los nueve meses que la Justicia le prohibió acercarse a sus hijos.
Una vez que cumplió la condena quiso retomar los lazos con sus hijos. Pero su expareja se lo impidió y hoy sigue esperando que la Justicia le de una respuesta que le devuelva la sonrisa.
Pablo cuenta que su expareja se llevó a los niños a Cerro Largo, donde viven los abuelos. Por eso, él llegó a Melo hace un mes para poder "pelear" en el Juzgado de esa ciudad, estando "más arriba" de sus papeles y el juez de la causa. Pero cuando su expareja se enteró que estaba allí, se volvió a llevar a sus hijos a la capital del país.
"Hoy el juzgado y el juez de mi causa, trasladan todos mis papeles para Montevideo una vez más", se lamenta y pide que sus hijos le den la fuerza que necesita para seguir luchando.
Pablo cambió de abogada en los últimos, su defensa ahora está representada por Patricia Pons. "Hace mucho tiempo que está luchando por ver a esos niños que van y vienen de un departamento para otro. Lo que vamos a intentar es poder dejar los expedientes en un solo lugar que, en principio, sería Montevideo", señala la letrada.
"En la medida de lo que sea posible vamos a reabrir las causas, desarchivarlas", agrega. Asegura que en estos casos se puede recurrir también a los organismos internacionales de protección de los niños. "Hay posibilidades obviamente de que esta situación se revierta", expresa.
Sin embargo, la abogada señala que aún no ha accedido a los expedientes y, por eso, prefiere no habar aún del caso de Pablo en particular. Indica que el hecho de estar procesado "puede afectar" la situación pero, en principio, cualquier persona por más que tenga antecedentes penales -dependiendo de su gravedad- no tiene por qué dejar de ver a sus niños.
"Hay un flechamiento muy grande hacia la figura del padre"
La organización Todo Por Nuestros Hijos Ya estima que hay unas ocho mil familias que están pasando por la misma problemática que Pablo. Si bien la mayoría son padres, también hay madres, abuelas y tías que luchan día a día por retomar el vínculo con niños y niñas, explica uno de sus integrantes, Marcel Mantero Di Stasio.
"Hay un flechamiento y una estigmatización muy grande hacia la figura del padre. Es muy injusto porque se nos pone a todos en la misma bolsa, el hombre es violento", afirma. "Un hombre entra al juzgado perdiendo", asegura. El mayor problema son los niños, que necesitan de su mamá y de su papá y se les quita "un derecho fundamental", señala.
Los padres que llegan a la Justicia se enfrentan a "dificultades de todos los tipos y colores" donde las denuncias falsas "hoy son el pan de cada día", relata. Sostiene que son muchas las mujeres que denuncian a los padres de sus hijos para impedirles que los vean y allí comienza un largo camino donde la "desesperación y la impotencia" son monedas corrientes.
La organización lucha para que se discuta y se apruebe una ley de custodia compartida pero saben que los votos no están y que el proyecto se encuentra encajonado. "Es una deuda social que tenemos con los niños", asevera Mantero.
El integrante de Todo Por Nuestros Hijos Ya dice que la ley de violencia de género ha dificultado aún más la situación. "Cualquier mujer despechada que quiere que el papá no vea a su hijo puede hacer una denuncia que implica un alejamiento por 6 meses", indica.
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