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lunes, 16 de abril de 2018

LA OPINION DE A. GRILLE: EL MONJE NEGRO

Nacido en 1942, el abogado Pablo García Pintos es hijo del médico y político Salvador García Pintos y fue funcionario de la Universidad, intervenida durante la dictadura. Como militante del Partido Nacional (PN), acompañó a Luis Alberto Lacalle en las elecciones de 1984. Según declaraciones de Juan Raúl Ferreira a La República, el 26 de marzo pasado, “dentro del PN, García Pintos tenía una imagen de hombre corrupto”.



En estos días se sabe que García Pintos utilizó su tarjeta corporativa de director del BROU no sólo para gastos personales, sino para ayudar económicamente al PN durante 2000 y 2005. En 1985, el herrerismo propuso a Pablo García Pintos como director de UTE, pero Wilson se negó a poner su nombre por falta de idoneidad moral y, ante esta situación, Lacalle Herrera, en señal de protesta, retiró todos sus candidatos a ocupar cargos en los entes autónomos y servicios descentralizados y no estuvo representado en estos durante el primer gobierno democrático.

García Pintos, como los otros cuatro exdirectores del “banco país”, realizó con fondos públicos compras de artículos domésticos, indumentaria, mercadería de joyerías, bazares, farmacias y licorerías, entre otros.

El Dr. García Pintos se justificó en radio Sarandí, declarando que utilizó la tarjeta corporativa del BROU para ayudar económicamente al PN porque “eran obligaciones que tenía para contribuir al partido, que en determinado momento exigió una cantidad mayor de aportes”. También dijo que usó la tarjeta corporativa para comprar regalos para casamientos a los que estaba invitado “en virtud de ser director del banco” y que dichos gastos “eran verificados por la presidencia del BROU, y si veían algo fuera de lo común, pedían explicación, y si no, se aprobaban”.


Estos datos de García Pintos podrían integrar, junto con su infancia en el Prado y su simpatía por los militares en la dictadura, su biografía en Wikipedia. Pero aunque por ahora no recurro mucho al archivo, ni a las actas de las comisiones investigadoras parlamentarias ni a los expedientes judiciales, algunos recuerdos más o menos recientes nos ayudarán a entender estas conductas anómalas de algunos personajes que frecuentan o frecuentaron las páginas más prestigiosas de nuestra alta sociedad. Por lo pronto, me basta la memoria para hurgar en mis recuerdos sobre algunos episodios de la vida de Pablo García Pintos, que conmovieron en su momento a la opinión pública.

Leamos estas líneas en el contexto de las gravísimas acusaciones que la oposición hiciera a algunos jerarcas del gobierno que presidiera Luis Alberto Lacalle entre 1990 y 1995, por las que fueron procesados algunos de ellos y de las cuales zafaron, como era previsible, la mayoría.

En realidad, dos recuerdos quedaron grabados en mi memoria en forma indeleble.

Un destacado político me contó hace muchos años que Neber Araújo le había comentado, esa misma tarde, que la noche anterior Pablo García Pintos le había confesado que el reparto o, al menos, las proporciones de lo que se repartía lo establecía siempre personalmente el “number one”.

Neber Araújo había grabado estas confesiones y solamente en la madrugada se había percatado de la magnitud y la gravedad de esas palabras.

Otro amigo me dijo que Jaime Trobo, quien en ese momento buscaba una salida que exonerara de responsabilidad a todos los acusados a cambio de entregar a García Pintos a las fieras, recibió una respuesta contundente de Lacalle cuando lo llamó desde Europa, donde estaba con otros legisladores tratando de encontrar una salida digna: “Si cae uno -dijo el Cuqui-, caemos todos”.

Creo recordar que las acusaciones sucedieron en los tres primeros años del segundo gobierno de Sanguinetti y a las mismas Lacalle las denominó “la embestida baguala”.

Las denuncias probaban en forma irrefutable, con documentación profusa y testimonios contundentes, la entrega de coimas, contribuciones en dinero, regalos de viajes y valiosas obras de arte por parte de empresarios y empresas a ministros, a las esposas de los ministros y a funcionarios jerárquicos del gobierno herrerista.

En diferentes instancias, las denuncias fueron por los negociados con el Banco Pan de Azúcar, por compras con sobreprecios de equipos médicos para Salud Pública y de armamento militar, por licitaciones en el Ministerio de Transporte y la adjudicación de la quinta línea de bombeo de OSE por la suma de 77 millones de dolares .

También se probaba la existencia de centenares de entrevistas, intercambios de notas, “ayudamemorias”, faxes, almuerzos y cenas entre estos jerarcas y el empresario que les entregaba las coimas o las empresas a las que ocasionalmente representaba.

Se dejaba establecido con lujo de detalles, fecha, entidad bancaria y número de cheque, de cada una de las coimas, por centenares de miles de dólares.

Juan Carlos Raffo, Antonio Mercader, José Luis Ovalle, Enrique Braga, todos ministros herreristas estaban nombrados en los mencionados documentos. Algunos de ellos, como Daniel Cambón, prosecretario de la Presidencia de la República (Lacalle), Julio Grenno, presidente del Banco de Seguros, y Enrique Braga, presidente del Banco República y ministro de Economía, fueron procesados.

Pablo García Pintos era el “monje negro” que estaba, como los huevos duros, en todos los pic-nic. Según los denunciantes, “agarraba” de todos lados. Parecía ser el coordinador general de la polibanda y no sólo eludió inteligentemente la débil mano de la Justicia, sino que fue premiado con un muy bien remunerado cargo de director del Banco República, que desempeñó durante todo el período en que gobernó Jorge Batlle, cuando, por lo que hoy se sabe, le sacó lustre a la tarjeta de crédito corporativa.

Hoy nos informan que su situación será considerada en la Comisión de Ética del Partido Nacional.

Esta historia sucedió no hace mucho, apenas 20 años. Las escandalosas denuncias hundieron al Partido Nacional en el descrédito y casi lo llevaron a la fractura cuando Juan Andrés Ramírez y muchos otros blancos se distanciaron de semejante basura.

A manera de epílogo, recordamos que en 1999 el fiscal Carlos Altolaguirre no halló mérito para acusarlo. 

En 2003 el mismo fiscal fue destituido y procesado y, más adelante, condenado por haber liberado a un peligroso narcotraficante y haber cobrado una coima por ello.

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