Mediante una resolución, la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, vetó el decreto “interpretativo” sobre la ampliación presupuestal que la Junta Departamental aprobó el pasado 3 de enero de 2018, en el que dejaba sin efecto los aumentos salarialesdiferenciales con el resto de los fucionarios, que la jerarca había resuelto para varios cargos de confianza de su administración, incluyendo a su actual pareja, Gastón Elola, director de Vialidad y que además ocupa la jefatura de la división de Arquitectura.
La resolución, firmada por Peña y por el secretario general de la comuna, Juan Estévez, hace referencia al decreto que aprobó la junta y que “pretende interpretar el artículo 17 del decreto 3442/2017, disposición que establece las dotaciones de los cargos de la Intendencia de Lavalleja, incurriendo en modificaciones sustanciales en la estructura de la misma, cambiando la base de salarios [e] introduciendo elementos externos a la norma y otorgando aumentos en forma retroactiva para cerrar los números”, y recuerda que es potestad de la autoridad departamental observar los decretos emitidos por la junta que “tenga por inconvenientes”.
Considera, además, que “el informe jurídico revela vicios de inconstitucionalidad en la norma aprobada por la Junta Departamental” que la tornan inconveniente y, por tanto, concluye que “corresponde que esta comuna observe” dicha norma. Así, la intendencia observa el decreto por “apartarse del marco legal aplicable”, y pide a la Junta Departamental que “recabe del dictamen del Tribunal de Cuentas de la República respecto a la legalidad de dicha norma, previa a su consideración respectiva”.
Según explicaron fuentes de la intendencia, entienden que lo que hizo la junta, más que un decreto interpretativo, fue un decreto modificativo y ante la sospecha de una posible inconstitucionalidad, se pide a un “tercero” que dirima la situación: el Tribunal de Cuentas.
Para levantar el decreto de la intendencia, la Junta Departamental necesita tres quintos del total de los votos, es decir, de 19 de los 31 ediles. La edila nacionalista Alexandra Inzaurralde, una de las principales opositoras dentro del nacionalismo a los cambios impulsados por Peña, dijo que el veto de la intendenta “no se esperaba”. Inzaurralde agregó que ella espera que todos los que votaron el decreto interpretativo promuevan el levantamiento del veto, lo que implica al Frente Amplio, al Partido Colorado y a las listas del Partido Nacional 59 (Todos) y 58 (que orienta el diputado Mario García, de Alianza Nacional). Según dijo Inzaurralde a La Diaria, con estos apoyos se llegaría fácilmente a los 19 votos requeridos.
En una misma línea se expresó el edil frenteamplista Mauro Álvarez (Espacio 609): “Lo que el Frente Amplio busca es levantar el receso para levantar el veto y haremos lo que estamos en condiciones de hacer a esos efectos: buscar los acuerdos necesarios para solucionar esta problemática”, dijo.
Al igual que Inzaurralde, Álvarez concluyó que se podrá alcanzar fácilmente los votos necesarios para levantar lo dispuesto por Peña. “Se podría llegar hasta a 22 votos”, estimó.
Un asunto aparte es el mecanismo necesario para levantar el receso y así dejar sin efecto el decreto. Según explicó Inzaurralde, es necesario que el presidente de la Comisión de Legislación y Turno convoque a una comisión de ese cuerpo, pero quien actualmente ejerce ese cargo es Daniel Escudero, un edil que pertenece a la lista 51, que encabeza Peña. A partir de allí, la comisión realizaría uno o más informes y luego el levantamiento del veto se discutiría en la Junta. Según Inzaurralde, si Escudero no convoca a una sesión de esa comisión, “se tiene que encontrar el camino para hacer una sesión extraordinaria, porque lo que no puede pasar es que la junta, por no reunirse la comisión, quede sin poder expedirse”.
A través de la ampliación presupuestal, la intendencia propuso, para los directores de Cultura, Tránsito, Turismo y Deporte y Juventud (con sueldos cercanos a 87.000 pesos), un aumento de 37 %. La proporción era mayor para el cargo de director del área Familia y Desarrollo (aumento de 49,4 %, a partir de un salario ubicado en 62.000 pesos) y alcanzó hasta 107,8 % para el caso del ingeniero asesor (el salario estaba en 51.061 y propuso llevarlo a 106.097 pesos).
A otros cargos de confianza (la mayoría de ellos cobraban en el entorno de los 100.000 pesos) les mantuvo el 6,7 % que recibieron todos los funcionarios a partir del 1º de enero. Pero a Elola, que cobraba 111.827 pesos, se le propuso un aumento de 57 % y la creación de una Dirección General de Obras y Urbanismo en la que el jerarca unificaría la dirección de Vialidad y la jefatura de la división de Arquitectura.
Cuando el caso saltó a la luz, Peña dio una conferencia de prensa en la que explicó que lo que intentó hacer fue equiparar los sueldos de los jerarcas a los salarios que tienen los cargos de confianza de otras intendencias, y subsanar una inequidad que había entre estos cargos, puesto que los ediles le habían cuestionado que había directores “de primera” –aquellos que cobraban más de 100.000 pesos– y otros “de segunda” –los que rondaban los 87.000 pesos–.
También cuestionó a los legisladores de su departamento (García y el frenteamplista Javier Umpiérrez): “Un legislador nacional tiene que pelear por traer empresas al departamento, para que nos bajen o nos suban los impuestos a favor del departamento, para que venga la plata al departamento. No lo veo; me parece que es un sueldo al santo botón, de los dos legisladores, en realidad. Todos los que estamos acá cobramos mucho menos que ellos”.
Al día siguiente, el 11 de enero, Peña volvió a cuestionar a los ediles que criticaron su gestión, y aseguró que “la gente” quiere que Elola sea el próximo candidato a intendente de Lavalleja.
Fuente: La Diaria
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