"Los jefes de los Ministerios Públicos de los Estados Partes y Asociados del Mercosur repudian vehemente la destitución de la Fiscal General de Venezuela y piden a la comunidad internacional la adopción de medidas inmediatas para promover la recomposición del orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela"
Además solicitaron "garantizar la seguridad, libertad e integridad física de fiscales, jueces y funcionarios del sistema de justicia de ese país".
Por otra parte aseguraron que "la remoción de Ortega, por acto de la asamblea nacional constituyente, es un claro atentado a la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano".
"Con ese ilegal acto, se provoca un daño profundo al Estado de Derecho en especial en su faceta de administración de justicia, que afecta de manera directa a todos los habitantes de Venezuela, en tanto no tienen una institucionalidad autónoma e independiente que defienda los derechos fundamentales de víctimas e imputados y conduzca investigaciones de manera independiente e imparcial", expresaron.
La fiscal fue removida de su cargo como una de las primeras decisiones tomadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del régimen, que ya entró oficialmente en funciones.
Cumpliendo el deseo del presidente Nicolás Maduro de darle un revolcón a la Fiscalía, luego de que Ortega se rebelara en su contra, la ANC separó del cargo a la funcionaria, que acusa al mandatario de tener "una ambición dictatorial".
La fiscal será sometida a juicio por supuestas irregularidades, anunció más temprano el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —acusado de servir al gobierno— al suspenderla en sus funciones.
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Comunicado completo
Ante la ilegal destitución de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ocurrida el sábado 5 de agosto en Caracas, y considerando la suspensión de Venezuela del Mercosur por violación de la cláusula democrática prevista en el Protocolo de Ushuaia, los Procuradores Generales y Fiscales Generales de los países miembros del Mercosur, aprueban la siguiente declaración:
1. La remoción de la Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega, por acto de la asamblea nacional constituyente, es un claro atentado a la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano.
2. Los Ministerios Públicos de los Estados Parte y Asociados del Mercosur no reconocen la autoridad de una institución encabezada por autoridades ilegal y arbitrariamente designadas.
3. La destitución de la Fiscal General de Venezuela representa una violación de la regla 4 de los Principios rectores relativos a la Función de los Magistrados del Ministerio Público, según la cual "Los Estados deberán asegurar que los magistrados del Ministerio Público puedan desempeñar sus funciones profesionales sin ninguna intimidación , Obstáculo, coacción, interferencia indebida o exposición injustificada a la responsabilidad civil, penal o de otra naturaleza "(Reglas de las Naciones Unidas aprobadas en La Habana, en 1990).
4. Con ese ilegal acto, se provoca un daño profundo al Estado de Derecho en especial en su faceta de administración de justicia, que afecta de manera directa a todos los habitantes de Venezuela, en tanto no tienen una institucionalidad autónoma e independiente que defienda los derechos fundamentales de víctimas e imputados y conduzca investigaciones de manera independiente e imparcial.
5. Se informa que la Asamblea Nacional Constituyente pretende alterar el sistema acusatorio y suprimir las competencias del Ministerio Público venezolano.
6. El cerco militar al edificio de la Fiscalía General venezolana ocurrido este sábado es sólo el signo visible de este ataque a la autonomía de la institución, ataque que se agravó con el derrocamiento de la legítima jefa del Ministerio Público venezolano.
7. Por tales razones, los jefes de los Ministerios Públicos de los Estados Partes y Asociados del Mercosur repudian vehemente la destitución de la Fiscal General de Venezuela y piden a la comunidad internacional la adopción de medidas inmediatas para promover la recomposición del orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela y garantizar seguridad, libertad e integridad física de fiscales, jueces y funcionarios del sistema de justicia de ese país.
8. Declaran además que permanecerán atentos al desarrollo de los eventos en Venezuela y preocupados por el pleno respeto de los derechos y garantías del pueblo venezolano.
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