La
gratuidad de los estudios en la Universidad de la República, principio
consagrado por la Constitución, ha devenido en una trampa. Saque la
cuenta y comprobará que, a la larga, empieza a ser más caro y oneroso
estudiar en la universidad pública que estudiar en una privada. Esto
debido a que quien estudió en la Universidad de la República y cometió
el pecado de recibirse, debe pagar un tributo, el llamado Fondo de Solidaridad
que no pagan los que estudiaron en una universidad privada.
Antes había
que pagar al Fondo de Solidaridad durante 25 años, lo que ya era una
cantidad excesiva, pero desde que el gobierno frenteamplista empezó a
tener problemas de caja, esto se modificó y ahora hay que pagarlo
durante la friolera de 35 años. Incluso si el egresado universitario se
jubila, pero mantiene cualquier forma de actividad, aunque no esté
relacionada con sus estudios y su titulación universitaria, debe seguir
pagando al Fondo.
Los que munidos del discurso “progre” de la
solidaridad defienden el Fondo en las condiciones actuales, se golpean
el pecho afirmando que no afecta la gratuidad de los estudios
universitarios, y remiten para ello al dictamen de la Suprema Corte que
desestimó los recursos en tal sentido, sosteniendo que gratuidad quiere
decir, específicamente, que no se cobra matrícula en el momento de los
estudios universitarios de grado. La Corte dice que no se desconoce el
principio de la gratuidad porque “no se grava la escolaridad que
permanece gratuita sino el ulterior disfrute económico de la enseñanza acaecida”.
Esto es verdad, pero parece nada más que un eufemismo jurídico, un
juego de efecto para encubrir la verdad lisa y llana. Porque el tributo
se cobra por haber estudiado en la universidad y no por otra cosa. Ese, y
solo ese, es el elemento vinculante. Luego los estudios universitarios
públicos no son gratuitos, tienen un costo, y oneroso. El tributo no es
por el ejercicio de una profesión, si no se cobraría también a los
profesionales egresados de las universidades privadas y a los egresados
de los cursos terciarios de UTU o de Formación Docente.
El
tributo del Fondo de Solidaridad no se cobra durante el cursado de la
carrera, pero te castigan cobrándote durante los 35 años siguientes. O
sea, lo gratuito no es gratuito, te cobran lo supuestamente “gratuito”,
abusivamente durante el resto de tu vida activa. Eso sí, te lo envuelven
con papel regalo. Te le ponen palabras bonitas y te fajan 35 años. Ahí
está el abuso.
El concepto parecería indicar que hay algún
privilegio en haber obtenido un título universitario. Aquello que estuvo
en la base de toda política pública de extensión de los estudios, que
cuanto más se educara la gente ello no solo sería bueno para quien
adquiriere mejores niveles de cultura, sino que sería bueno para toda la
sociedad que se beneficia con la elevación cultural de sus integrantes,
no corre más.
Ahora te castigan por haber sido exitoso estudiando, como
si tener un título fuera un mero ir a la universidad y no supusiera un
esfuerzo sistemático durante años de asistencia a cursos y superación de
pruebas y exámenes, con los costos consiguientes de esfuerzo anímico e
intelectual, de gastos que deben hacerse por libros, apuntes,
materiales, locomoción y por el costo indirecto de los ingresos que no
se perciben por estar estudiando. Es decir, no se va a una ventanilla y
te expiden un título, pregúntesele sino a Sendic. Se requiere esfuerzo,
luces y mucha sentadera para llegar.
Pero además es discriminatorio,
porque a este egresado de la universidad pública, se le cobra como a
todos, impuestos indirectos y directos (como IRPF), pero además, se le
cobra este tributo por haber estudiado en la Udelar y por “el disfrute
económico” que se supone ello le otorga, por más que el disfrute
económico ya es materia imponible del IRPF.
Para paliar todo este
abuso se levanta el estandarte de la solidaridad intergeneracional, de
modo que quien se benefició de estudiar en la universidad pública debe
retribuir el esfuerzo social pagando un Fondo de Solidaridad que se
vuelca a financiar las becas de los estudiantes más pobres y del
interior, que tienen costos
adicionales. La función del Fondo y los objetivos del esfuerzo es
altruista. O mejor dicho lo era, porque ahora ese esfuerzo ha sido
desviado, para pagar también rubros del presupuesto de la Udelar que
debían salir de rentas generales, pero que sale también del bolsillo de
los solidarios egresados universitarios.
Pero claro está, dado el
nuevo y diversificado cometido, lo que se cobraba no era suficiente y,
entonces, se pasó a cobrar un adicional al Fondo de Solidaridad,
haciendo más oneroso el tributo.
Se trata de un colectivo cautivo que
debe sufragar sí o sí, y si no paga se lo manda al Clearing o se
embargan bienes. De modo que el Fondo de Solidaridad ha crecido de modo
suculento y entonces los vivos de siempre, aprovechan. Así, directivos y
gerentes del Fondo de Solidaridad pasaron a cobrar sueldos siderales,
injustificados, que duplican y triplican otros sueldos de directores de
entes.
A ellos nadie les reclama por su deuda social. Posan de
izquierdistas, hacen gárgaras con la solidaridad, pero se llenan sus
suculentos bolsillos burgueses. ¡Ay! Dónde fue a parar el “Hombre
Nuevo”.
Creo que habría buena disposición en la mayoría de los
universitarios titulados a hacer un esfuerzo solidario con las
generaciones que vienen detrás y que padecen diversas limitaciones
materiales, para que puedan ellos también alcanzar la meta del título.
Pero el sistema tal cual está hoy regulado es injusto y abusivo. No se
justifica ni existe legitimidad para requerir un esfuerzo durante
prácticamente toda la vida activa de un académico o de un profesional
por el solo hecho de haber estudiado en la universidad pública. 35 años
de erogación es insostenible.
También lo era 25 años. Creo que
esto debería corregirse, de modo que cada uno pagara durante un tiempo
igual al número de años que le llevó la carrera. Podría pedirse más a
aquellos que usaron del beneficio de una beca, como forma de sostener a
los que vienen detrás y requieren sus mismas posibilidades.
El
monto debe ser razonable y lo recaudado volcarse a los fines que la ley
primigenia planteó.
No es admisible que con este fondo se financien
otras necesidades de la universidad que deben salir del presupuesto
general del estado. Tampoco puede admitirse que se use este esfuerzo
para financiar un engordado aparato de empleo ni, éticamente, que los
jerarcas de este sistema cobren salarios desorbitados. Esto es una
vergüenza sin levante. Por último lo del principio.
Flaco favor se le
hace a la Udelar al cobrar de este modo desorbitado el Fondo de
Solidaridad, porque ello empieza a empujar a muchas familias a hacer
cuentas de que la universidad pública puede resultar más cara que la
privada y una carga que se lleva toda la vida.
El sistema debe
ser revisado, su finalidad reencauzada y los abusivos privilegios de
jerarcas frenteamplistas cancelados. Después que hagan esto, hablamos de
deuda social y solidaridad.
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