El policía, casado y con hijos, se desempeñaba en el Grupo de Reserva Táctica de 1º Turno.
Ahora personal de Investigaciones de la Zona II trabaja en la identificación de los dos delincuentes que quedaron grabados por las cámaras de seguridad de la pizzería.
El funcionario policial asesinado durante un robo a una pizzería estaba desempeñando tareas de seguridad, según declaró el dueño del comercio a la Policía. Los policías tienen permitido realizar un número de horas para realizar funciones de servicio 222 pero por fuera de ese horario no pueden realizar ninguna actividad vinculada con la seguridad, según explicó en rueda de prensa el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez.
El servicio que estaba prestando el funcionario fallecido fue prohibido por el Ministerio del Interior en 2011. El trabajador "estaría desempeñando una tarea de seguridad que no estaría autorizada por el Ministerio del Interior", dijo Vázquez, y agregó que "ahí es donde el funcionario está mucho más expuesto. Hay una responsabilidad del funcionario que no cumple la normativa del Ministerio del Interior". Este tipo de servicios de policías vestidos de particular realizando funciones de seguridad es conocido como 223.
Además, Vázquez aseguró que también existe una responsabilidad del empleador que contrata a un funcionario que no está autorizado. "Si alguien contrata a un policía para realizar una tarea de seguridad encubierta bajo la figura de que repone góndolas o lo que sea le está haciendo un daño al policía", apuntó.
Cuando el Ministerio del Interior comprueba que hay un caso de servicio 223, al policía se le inicia inmediatamente un sumario que puede concluir en su destitución.
Este lunes en la madrugada un delincuente armado ingresó en el local ubicado en 26 de marzo y Buxareo. El ingreso se produjo por una puerta lateral del comercio que a esa hora ya se encontraba cerrado al público. Con el rostro cubierto amenazó al personal y pidió el dinero.
Dentro del comercio se encontraba el funcionario policial que sacó su arma de reglamento para intentar repeler la acción, pero recibió "dos disparos fulminantes por parte del delincuente", según detalla el comunicado del Ministerio del Interior.
El "policía
vestido de particular que pasaba por el lugar" y se enfrentó a los
delincuentes es una situación que se repite en las crónicas sobre
hurtos, atracos o rapiñas a comercios. A priori, parecen ser episodios
marcados por la casualidad. Sin embargo, tanto en el Ministerio del Interior
como en el sindicato policial reconocen que en muchos de esos casos,
los policías vestidos de particular estaban, en realidad, ejerciendo la
función de lo que se conoce como "servicio 223". Esa práctica implica
desarrollar tareas de custodia de manera particular, algo que la ley
orgánica policial prohíbe.
El ilegal "223" es
un remanente del ya viejo servicio 222, que fue limitado con la ley de
Presupuesto de 2011.
"El
policía sigue buscando un trabajo extra. No se frenó la multitarea. Es
como hacerse trampa al solitario" Patricia Rodríguez, Sindicato policial
de Montevideo
La
Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe) es la encargada
de fiscalizar que los policías no trabajen como guardias privados. Pero
la tarea de detectar casos irregulares no es sencilla. Otra fuente de
la cartera indicó que son muchos los comercios que contratan
funcionarios para realizar tareas que nada tienen que ver con la
seguridad pero con el objetivo real de que, en caso de que algo anormal
suceda, actúe como policía.
Una
de las fuentes del Ministerio del Interior indicó que son varios los
casos detectados de policías que trabajan como porteros de edificios,
reponedores en supermercados o empleados de almacenes pero que ante un
robo son los primeros en actuar, sin contar con elementos de seguridad
como chalecos antibalas. Para las autoridades de la cartera, uno de los
problemas es que no existe una legislación por la que se pueda sancionar
a los dueños de los comercios que alientan esa práctica. Rodríguez
recordó que el anuncio sobre la limitación del 222 generó el rechazo del
gremio porque consideraron que "limitaba el derecho al policía al
trabajo".
El ministerio vio la necesidad de
eliminar gradualmente ese servicio porque los policías no cumplían su
función adecuadamente por hacer más horas como seguridad privados. La
decisión tuvo el apoyo de todos los partidos y fue uno de los
principales argumentos para aumentar el salario de la Policía, que en 10
años tuvo un incremento de $ 25.500. Lo cierto es que, más allá de los
aumentos de salarios y de la fiscalización, hay policías que ponen en
práctica la frase que dice "hecha la ley, hecha la trampa".
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