demanda para bloquear la construcción del muro fronterizo proyectado por
Trump en la frontera con México, lo que amenaza con descarrilar, antes
de que comience, uno de los proyectos que prometió durante la campaña.
El Center for Biological Diversity y el representante Raúl Grijalva, el
demócrata de mayor rango en la comisión de Recursos Naturales de la
Cámara Baja, argumentan en una demanda federal presentada el 12 de abril
en Tucson que el gobierno de Trump no ha llevado a cabo un estudio del
impacto ambiental antes de preparar la construcción.
La demanda busca que se detenga cualquier trabajo en el muro hasta que
el gobierno analice el impacto que tendrían la construcción, el ruido,
la luz y otros cambios al paisaje sobre los ríos, flora y especies en
peligro —como jaguares, antílope sonorense y ocelotes—, así como en los
residentes fronterizos.
También busca dilucidar el efecto que tendría el despliegue de 5.000
agentes más de la Patrulla Fronteriza que prevé contratar el gobierno,
lo que aumentaría en un 25 % la cantidad de integrantes en la
mayor agencia para el cumplimiento de la ley del país.
Parece ser la primera acción legal contra el muro, pero es solo uno de
los muchos retos que enfrenta el proyecto, incluido quién pagará por él
y qué forma tendrá.
Un cálculo del Departamento de Seguridad Nacional estima que el costo
será de alrededor de 22 mil millones de dólares. El presupuesto de Trump
prevé 1,4 mil millones para el desarrollo inicial del muro y las
propuestas presentadas para la licitación la primera semana de abril
incluyen desde una con páneles solares hasta otra que tendría un monorriel.
“Trump puede fantasear sobre el muro, pero, al final del día, el
congreso es el que destina los fondos y le corresponde al congreso
querer un análisis independiente de todas las consecuencias antes de
lanzar dinero al vacío”, dijo Grijalva, representante de Tucson.
Gillian Christensen, el portavoz para la Secretaría de Seguridad
Nacional, dijo en un correo electrónico que la agencia no hace
comentarios sobre litigaciones pendientes.
De acuerdo con la demanda, el gobierno federal estudió por última vez en
2001 los efectos en la fauna, las comunidades y los terrenos públicos a
lo largo de la frontera de que haya más agentes, vehículos, barreras,
alumbrado y otras medidas de seguridad.
La acción legal acusa que las medidas de seguridad a lo largo de la
frontera se han incrementado desde los ataques del 11 de septiembre más
que en cualquier otro periodo de la historia estadounidense, y que el
gobierno ha hecho caso omiso de decenas de requisitos legales conforme
fortificaba 800 kilómetros de la división entre México y Estados Unidos de América.
Randy Serraglio, activista de conservación para el sureste
estadounidense del Center for Biological Diversity, dijo que la
seguridad ha afectado a la región de varias maneras en años recientes.
Por ejemplo, una reja en un túnel de drenaje transfronterizo fue como un
dique durante una lluvia torrencial en 2008 y las autoridades mexicanas
la culparon de una inundación fuerte en Nogales. La reja había sido
instalada para prevenir el contrabando de personas y drogas.
En el monumento nacional Organ Pipe Cactus, una biósfera reconocida por
la UNESCO, parte de una valla fronteriza se llenó de escombros durante
una tormenta, también en 2008, lo que inundó la aduana de Lukeville,
Arizona, y la ciudad de Sonoyta, en México.
“Hay muchos ejemplos de inundaciones masivas y de erosión, que causan
millones de dólares en daños a las comunidades y terrenos públicos”,
dijo Serraglio. “Es alarmante a nivel anecdótico, pero lo que hace falta
es un análisis científico. Creemos que es el momento de hacerlo”.
Fernanda Santos
New York Times
https://www.nytimes.com/es/2017/04/17/muro-fronterizo-demanda-estudio-de-impacto-ambiental//
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