Los gobiernos del FA han impulsado una serie de transformaciones estructurales profundas. Sólo para mencionar algunas señalemos la reforma tributaria, el sistema nacional integrado de salud, la negociación colectiva, los notorios incrementos de presupuesto para educación, salud y seguridad, el cambio en la matriz energética y un largo etcétera. Son cambios que dejan huella, que marcan un “sello de identidad” alineados al objetivo de construir desarrollo con inclusión.
Ante una coyuntura que se presentó más desfavorable de lo previsto, el parlamento acaba de aprobar una serie de medidas de "ajuste" o "consolidación" (me resulta poco relevante cómo las llamamos) que suponen mayores contribuciones de quienes están en mejores condiciones de realizarlas para preservar las conquistas que favorecieron a toda la sociedad y en particular a quienes tienen como principal fuente de ingreso al salario.
El gobierno se apresta ahora a continuar con las transformaciones estructurales pendientes y una de ellas es sin duda alguna, la impostergable Reforma de la Caja Militar. Cuáles son las dos principales razones para implementar esa reforma ?
El gasto que el conjunto de la sociedad tiene que hacer cada año para financiar la el Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas es insostenible.
Con los aportes de toda la sociedad se destinan 400 millones de dólares por año para cubrir el déficit del Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas.
Los ingresos que se prevé recaudar con los mayores aportes de empresas y trabajadores es de unos 335 millones de dólares por año, es decir, aunque se destinara la totalidad de la mayor recaudación por IRAE o IRPF con las medidas recientemente aprobadas no alcanzaría para cubrir el total de transferencias que requiere la Caja Militar.
Si se comparan las transferencias que se realzan desde Rentas Generales, resulta que por cada militar jubilado o pensionista se requieren 8.100 dólares de aportes por año mientras que por cada jubilado o pensionista del BPS se requieren 700 dólares.
Mantener demasiadas diferencias en las condiciones de acceso a la jubilación o de retribuciones no contribuye a construir una sociedad más equitativa.
La causal de jubilación común de un militar se obtiene a los 20 años de trabajo y un mínimo de 38 años de edad. En cambio en el BPS se obtiene con 30 años de trabajo y 60 de edad.
Un militar que se jubila con 25 años de servicio y 43 de edad percibirá de jubilación como mínimo un 75 % del sueldo en actividad. Uno del BPS con 30 años de servicio y 60 de edad con el 45 %.
Un militar con más de 30 años de servicio y 50 años de edad cobrará de jubilación el equivalente al 100 % del salario en actividad. Uno del BPS pude llegar con suerte y viento a favor a cobrar el equivalente al 80 % del salario en actividad con más de 45 años de servicio y 70 de edad.
El aporte personal (montepío) es del 15 % en los afiliados al BPS y de 13 % en los del Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas.
Bajar el monto de las transferencias y disminuir las diferencias en las condiciones de acceso es justo y necesario. La tarea de gobernar supone identificar prioridades y elegir los mejores instrumentos. Sin dudas habrá que diseñar una propuesta que GRADUALMENTE permita transitar hacia un régimen distinto (que reconozca las particularidades de la tarea militar, entre ellas las bajas remuneraciones de los escalafones más bajos) pero que se parezca bastante más a los derechos de la inmensa mayoría de los y las trabajadores uruguayos
Fuente: uypress
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