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miércoles, 5 de octubre de 2016

R. CHIAZZARO: DIPUTADO FRENTISTA QUIERE AMORDAZAR EL COMERCIO POR INTERNET

En 2015, los uruguayos recibieron un total de 250.330 envíos del exterior y en ellos gastaron aproximadamente U$S 50 millones. A final de este año la cifra probablemente ascenderá a US$ 60 millones. Un diputado del Frente Amplio pretende bajar la cantidad de envíos gratis —de cuatro a uno— por entender que la medida "tiene un alto costo" para el país. Uno se pregunta entonces y las pérdidas de Ancap de 1.000.000.000 de dólares que fueron entonces ? Para equipararlas se deberían computar 16 años de compras por internet.

Desde la puesta en vigencia de estas normas legales se ha intensificado el mecanismo de compras en el exterior, dado que se ha creado una franquicia aduanera, al exonerar estos envíos del pago de gravámenes. Las cuatro encomiendas de hasta US$ 200 y 20 kilos de peso que se pueden traer desde el exterior tienen su origen en la firma del Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión (T I F A) — concretado el 25 de enero del 2007— entre Uruguay y el gobierno de Estados Unidos.

"No fue un acierto el haber dispuesto la exoneración tributaria para los envíos de entrega rápida valorados en menos de U$S 200. No lo fue, porque ésta, aparentemente, inofensiva concesión, tiene un alto costo para nuestro país", sostuvo el diputado socialista Roberto Chiazzaro en su página de Facebook.

El legislador entiende que Uruguay se ve perjudicado porque no puede exportar sus tradicionales productos como la carne, los lácteos, la celulosa, el arroz o la soja mediante encomienda de hasta US$ 200. En cambio, a Uruguay por esta vía ingresan vestimenta, calzados, productos electrónicos, y repuestos que en los primeros ocho meses de este año totalizaron 205.179 envíos.

"Hicimos una apertura de nuestro mercado sin exigir, algo elemental, la correspondiente contrapartida. Porque es así que se negocia en este mundo", reflexionó. Además alertó sobre el hecho de que muchas encomiendas se hacen con fines comerciales, algo que está prohibido. El "alto costo" para Uruguay, al que hace referencia, se explica por el hecho de que se produce un importante egreso de divisas y a su vez ingresa mercadería sin abonar tributos.

Consultado por el diario El País, Chiazzaro dijo que su intención es que se baje de cuatro a uno el número de encomiendas que se pueden traer desde el exterior en el marco de la franquicia vigente. "Pienso que si se baja, por lo menos la gente en las fiestas puede comprar una vez, entiendo que la gente quiere tener una oportunidad y creo que es válido. Me preocupa la desigualdad que se genera entre los uruguayos que pueden acceder a esa franquicia, y los que no, porque por ejemplo no tienen tarjeta", señaló el legislador.


Para tratar de "enmendar" los efectos negativos de la franquicia, Chiazzaro propone bajar la cantidad de envíos autorizados, negociando esto, en el Consejo Uruguay Estados Unidos, que es el organismo regulador del acuerdo T I F A. Según Chiazzaro, lo que pasa con las encomiendas tiene que servir como lección para lo que pueda ocurrir con la firma de los Tratados de Libre Comercio (TLC) como el que el gobierno está negociando con Chile. "Es un llamado de atención por un perjuicio que pueden generar este tipo de tratados a futuro y hay que ser cuidadosos cuando se negocia", indicó.

El diputado cuestiona los tratados de libre comercio denominados de "última generación", que según dijo se suelen negociar en secreto, por lo que exige "información profusa y completa" del contenido de estos acuerdos y un serio estudio de impacto.
Comunistas con reservas por acuerdo con Chile.

El Partido Comunista del Uruguay (PCU) expresó sus "reservas" y "preocupación" ante la inminente firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile.

Los comunistas señalan que solo poseen "información parcial" sobre lo que se va a firmar y hacen saber que les parece "imprescindible la máxima transparencia".

Se habla de un TLC de "cuarta generación" que reproduce aspectos muy negativos que ya rechazamos en el TISA.

Además, sostienen que la firma de este TLC "de última generación" —con cláusulas similares a las rechazadas por el Frente Amplio en el TISA— implica que Uruguay resigne soberanía sometiéndose al arbitrio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial.

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