En la Rendición de Cuentas enviada días atrás al Parlamento, el Poder Ejecutivo corrigió a la baja las proyecciones de crecimiento para el período: prevé una expansión de 0,5% este año, de 1% para 2017, de 2% para 2018 y de 3% para 2019. Anteriormente esperaba crecer 2,5% en 2016 e incrementar la actividad año a año, hasta llegar a 3% en 2018 y 2019.
"En términos de probabilidad, el balance de riesgo está inclinado hacia que haya cifras menores más que mayores (a las proyectadas por el gobierno) en términos de crecimiento", dijo a El País el economista Aldo Lema, de la consultora Vixion. En la misma línea se manifestó su colega Pablo Moya de la consultora Oikos: "Es muy probable que se crezca menos".
Mientras que el economista Javier De Haedo expresó que el equipo económico "no reconoce toda la realidad junta, la va reconociendo de a poco", en referencia a lo que demoró en modificar las proyecciones.
Esto determina que se "vaya haciendo un ajuste en cuotas", según el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Por su parte, el analista Marcelo Sibille de KPMG señaló que "el estancamiento de la economía uruguaya será duradero", lo que llevará a menores ingresos para el Estado producto de la reducción en la recaudación de impuestos y en ese escenario "no podemos descartar que sea necesario un ajuste adicional".
Como forma de paliar el déficit fiscal —que llegó a 4% del PBI en el acumulado de 12 meses a abril— el gobierno anunció un paquete de medidas impositivas con las que prevé incrementar la recaudación en US$ 460 millones y reducir en un punto del PBI el negativo de las cuentas públicas.
"Estamos viviendo un ajuste fiscal en cuotas. La primera fue el recorte de las inversiones el año pasado, luego la modificación del IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales) a fin de año, el tarifazo de enero y el reciente ajuste fiscal", analizó De Haedo.
Impuestos.
Lema consideró que "son pocas las herramientas con las que cuenta el gobierno" para enfrentar un eventual segundo ajuste fiscal, en el entendido que ya atacó las rentas del trabajo gravadas por el IRPF. Al respecto, Sibille descartó una nueva suba de este tributo porque "políticamente sería un costo demasiado grande" para el gobierno y el Frente Amplio.
Entonces, el economista de KPMG consideró "probable que se mire más hacia el lado del IRAE o de algún impuesto indirecto" para incrementar la recaudación. Una visión similar manifestó Moya, quien remarcó que "la alternativa que le queda al gobierno es ir por la renta empresarial".
Según Lema, otra alternativa para el gobierno podría ser "dosificar o hacer más lenta la reducción del IVA que anunció dentro del proceso de inclusión financiera". Es que junto con los cambios impositivos, el ministro de Economía, Danilo Astori, informó que se implementará desde 2017 una rebaja de 2 % del IVA para los pagos con medios electrónicos, que se suma al 3 % ya vigente y que en agosto bajará a 2 %.
Tarifas.
"El próximo paso (del gobierno) seguro que es un aumento importante de las tarifas públicas", sostuvo De Haedo.
En la misma línea se expresó Sibille, quien señaló que el aumento de los servicios que brindan las empresas del Estado será "el primer recurso al que apelará" el equipo económico ante la necesidad de un nuevo ajuste.
"Antes que pasar una suba de impuestos por el Parlamento, es mucho más rápido y más disimulado hacer un ajuste por la vía de las tarifas públicas", agregó el analista de KPMG.
Al tiempo que Lema vaticinó "un manejo de tarifas adicional al que ya se realizó el año pasado" por parte de las autoridades.
Gasto.
Los analistas ven poco probable que se reduzca el gasto público ante la necesidad de un nuevo ajuste. Sibille explicó que "es muy difícil ajustar por ese lado debido a que la mayor parte del gasto es endógeno o sujeto a compromisos contractuales". Como ejemplo mencionó la obligación de pagar intereses de la deuda, abonar pasividades y los aumentos salariales de los funcionarios públicos.
Consultado sobre la probabilidad de una reducción del gasto público, De Haedo analizó que "hasta ahora el gobierno ha manifestado claramente una tendencia a no hacerlo" y añadió que hacia el futuro las autoridades "no parecen tener ninguna intención de ir por ese lado" para combatir el déficit.
Para Moya, en el mensaje de la Rendición de Cuentas "quedó demostrado que la reducción del gasto no está en los planes del gobierno".
Mientras que el analista de Vixion aportó otra variante que podría utilizar la conducción económica: "El ajuste fiscal podría venir a través de tolerar una mayor inflación que licúe el gasto por el efecto (del aumento de precios) más que por recortes".
El "tarifazo" de principio de año.
Los analistas coinciden en que el gobierno probablemente utilice las tarifas públicas como forma de aumentar su recaudación. Una decisión de este tipo ya se tomó a principio de año, cuando se privilegió las arcas públicas por sobre el combate a la inflación —que cerró 2015 en 9,44%— a la hora de ajustar los servicios de electricidad, luz y agua. En efecto, UTE subió 9,85% sus tarifas y por primera vez desde 2010 determinó un ajuste anual por encima de la inflación. Mismo porcentaje de incremento resolvió OSE, mientras que Antel subió los servicios de telefonía 9,4% en promedio (en línea con la inflación). A estas resoluciones debe sumarse la no reducción del precio de los combustibles que determinó Ancap, cuando el precio del barril del petróleo llegó a estar más de 30% por debajo del valor de referencia.
Si no puede ver la gráfica haga click aquí
"El próximo paso (del gobierno) seguro que es un aumento importante de las tarifas públicas", sostuvo De Haedo.
En la misma línea se expresó Sibille, quien señaló que el aumento de los servicios que brindan las empresas del Estado será "el primer recurso al que apelará" el equipo económico ante la necesidad de un nuevo ajuste.
"Antes que pasar una suba de impuestos por el Parlamento, es mucho más rápido y más disimulado hacer un ajuste por la vía de las tarifas públicas", agregó el analista de KPMG.
Al tiempo que Lema vaticinó "un manejo de tarifas adicional al que ya se realizó el año pasado" por parte de las autoridades.
Gasto.
Los analistas ven poco probable que se reduzca el gasto público ante la necesidad de un nuevo ajuste. Sibille explicó que "es muy difícil ajustar por ese lado debido a que la mayor parte del gasto es endógeno o sujeto a compromisos contractuales". Como ejemplo mencionó la obligación de pagar intereses de la deuda, abonar pasividades y los aumentos salariales de los funcionarios públicos.
Consultado sobre la probabilidad de una reducción del gasto público, De Haedo analizó que "hasta ahora el gobierno ha manifestado claramente una tendencia a no hacerlo" y añadió que hacia el futuro las autoridades "no parecen tener ninguna intención de ir por ese lado" para combatir el déficit.
Para Moya, en el mensaje de la Rendición de Cuentas "quedó demostrado que la reducción del gasto no está en los planes del gobierno".
Mientras que el analista de Vixion aportó otra variante que podría utilizar la conducción económica: "El ajuste fiscal podría venir a través de tolerar una mayor inflación que licúe el gasto por el efecto (del aumento de precios) más que por recortes".
El "tarifazo" de principio de año.
Los analistas coinciden en que el gobierno probablemente utilice las tarifas públicas como forma de aumentar su recaudación. Una decisión de este tipo ya se tomó a principio de año, cuando se privilegió las arcas públicas por sobre el combate a la inflación —que cerró 2015 en 9,44%— a la hora de ajustar los servicios de electricidad, luz y agua. En efecto, UTE subió 9,85% sus tarifas y por primera vez desde 2010 determinó un ajuste anual por encima de la inflación. Mismo porcentaje de incremento resolvió OSE, mientras que Antel subió los servicios de telefonía 9,4% en promedio (en línea con la inflación). A estas resoluciones debe sumarse la no reducción del precio de los combustibles que determinó Ancap, cuando el precio del barril del petróleo llegó a estar más de 30% por debajo del valor de referencia.
El gobierno está "comprometido" a tomar nuevas
medidas de ajuste fiscal "en el caso de un crecimiento económico más
débil de lo esperado" en los cuatro años que le quedan. Así lo
enfatizaron las autoridades ante los analistas de la calificadora de
riesgo Moody’s, que le redujo la perspectiva de la deuda uruguaya de
"estable" a "negativa", aunque le mantuvo la nota un escalón por encima
del mínimo del grado inversor.
Actores políticos expresaron en los últimos días que el ajuste no será suficiente.
En la Rendición de Cuentas a estudio del Poder
Legislativo, el gobierno hizo una propuesta de ajuste fiscal de US$ 460
millones, para reducir el déficit en un punto del Producto Interno
Bruto (PIB). Ese ajuste incluye aumentos en el Impuesto a la Renta de
las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad
Social (IASS) a partir de ciertos montos y subas del Impuesto a la Renta
de las Actividades Económicas (IRAE).
En los 12 meses a abril, el déficit fiscal es de 4% del PIB (ver gráfico)
y el gobierno estima que será de 4,3% del PIB a fin de año. A fines de
2017, (cuando el ajuste esté plenamente implementado), el gobierno
estima que el déficit fiscal será de 3,3% del PIB y seguirá reduciéndose
hasta llegar al 2,5% del Producto a fines de 2019.
De todas maneras, cuando los analistas de Moodys
estuvieron en Uruguay a fines de mayo, el gobierno les indicó que
tomaría más medidas de ajuste fiscal si el crecimiento de la economía es
más débil del previsto.
En la Rendición de Cuentas el Poder Ejecutivo corrigió a
la baja las proyecciones de crecimiento para el período. Así prevé una
expansión de 0,5% este año (era de 2,5% en el Presupuesto del año
pasado), de 1% en 2017 (era 2,8% en el Presupuesto), de 2% en 2018 (era
3% en el Presupuesto) y de 3% en 2019 (era 3% en el Presupuesto).
En el comunicado sobre el cambio de perspectiva de la
deuda, Moodys indicó: "Las autoridades han manifestado su compromiso de
realización de nuevas medidas de consolidación fiscal en el caso de un
crecimiento económico más débil de lo esperado".
Eso es "a lo largo del plan de ajuste, de acá hasta
2019. Si es que efectivamente hay un desvío de la consolidación fiscal,
las autoridades nos han comunicado que están comprometidas a tomar
medidas correctivas", dijo a El País desde Nueva York, el analista de
Moodys para Uruguay, Jaime Reusche.
Ahora, ¿por dónde irían esas medidas adicionales de
ajuste de ser necesarias? "Según nos han informado las autoridades,
dependería de las circunstancias. Si es que se ve que las medidas por el
lado del ingreso (las subas del IRPF, el IRAE y el IASS básicamente) no
están respondiendo como se esperaba, seguir insistiendo por el lado del
ingreso tal vez sería contraproducente", relató Reusche.
De hecho, el comunicado de la calificadora señaló
que "pese" a ese compromiso de las autoridades, "en la actualidad, los
riesgos se mantienen firmemente sesgados a la baja".
Reusche señaló que esos riesgos son "más que nada
por el ambiente externo. El crecimiento se ha desacelerado y no por
factores internos, sino por factores externos que han llevado a esta
necesidad de adoptar mayores medidas (fiscales) que cuando el gobierno
asumió".
"Por eso, para las futuras posibles medidas, si es
que se da un desvío, tendríamos que estudiar cuáles son las
circunstancias por las que se dio el desvío y cuáles son las medidas
propuestas", agregó.
La calificadora "cree que el programa de ajuste
fiscal anunciado trata de encontrar un equilibrio entre la consolidación
y la intención de las autoridades de suavizar el efecto de la
desaceleración en los niveles de vida" de la población, según el
comunicado de Moodys.
"Teniendo en cuenta que el plan de ajuste fiscal
actual del gobierno incorpora una relación de las medidas de ingresos a
los recortes de gasto de dos a uno (US$ 335 millones de los US$ 460
millones del ajuste provienen de mayor recaudación impositiva), existe
el riesgo de que los ingresos fiscales puedan no responder con tanta
fuerza como las autoridades esperan", agregó la calificadora.
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Reusche explicó que "Uruguay es uno de los países de
América Latina con mayor formalización laboral. Entonces, medidas sobre
los ingresos (como la suba del IRPF) van a tender a ser más efectivas
en Uruguay que en otros países de la región. Dicho esto, igual existen
riesgos cuando se consolida por el lado del ingreso. Si la economía no
viene tan bien como uno estima, hay un riesgo de que los ingresos no se
den como uno espera en el plan de ajuste".
"Eso es lo que la perspectiva (negativa) está
tratando de capturar, toda la serie de riesgos de que se descarrile este
plan de ajuste", agregó.
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Ajuste no da.
En base a un documento elaborado por el Centro de
Estudios del Partido Nacional, la exdirectora de la Unidad de Gestión de
Deuda del Ministerio de Economía, Azucena Arbeleche, dio a entender a
legisladores blancos que el ajuste fiscal no alcanzará.
Participantes de la reunión de la agrupación
parlamentaria del Partido Nacional dijeron a El País que Arbeleche
"describió un panorama muy complicado" de la economía, y que sostuvo que
"los números que el gobierno maneja son complicados porque plantean un
futuro incierto".
Arbeleche, que fue candidata a ministra de Economía
de Luis Lacalle Pou, cree que este ajuste fiscal no da porque
esencialmente "se le pide demasiado al sector privado y a la gente,
lo que hará que caiga el consumo", indicaron los informantes. Además
precisó que le llama la atención que el ajuste que lleva adelante el
Estado "es muy pequeño", añadieron.
En una línea similar, el director académico de
Ceres, Ernesto Talvi, había dicho en entrevista con El País que "si no
se anuncia una reducción importante en materia de reducción de gastos,
creo que no va a alcanzar y vamos a tener que andar de ajuste en ajuste.
Uno sube los impuestos con la pretensión de recaudar, pero después la
gente reacciona reduciendo el consumo, las empresas invirtiendo menos y
la recaudación cae".
"En el peor de los casos, bajaría un escalón".
El analista para Uruguay de la calificadora de
riesgo Moodys, Jaime Reusche, explicó que el cambio de perspectiva de
"estable" a "negativa" de la deuda "lo que refleja es una probabilidad
de un 33% de que en los próximos 12 a 18 meses cambie la calificación".
Actualmente, Moodys le pone una nota de Baa2 a Uruguay, un escalón por
encima del mínimo del grado inversor. En la misma calificación lo ubica
Standard & Poors que también le cambió la perspectiva a negativa. Un
escalón por debajo (en el mínimo del grado inversor) está la nota de
Fitch (ver gráfico), aunque en este caso con perspectiva estable.
Tras el cambio de perspectiva, "queremos hacerle
bastante seguimiento a los desarrollos fiscales y económicos, si es que
se van dando las metas que han propuesto las autoridades en cuanto a la
consolidación fiscal y en cuanto a la evolución del desempeño
macroeconómico", indicó el analista de Moodys.
Por eso, en los próximos 12 a 18 meses, de "lo que
estaríamos hablando es de revertir la perspectiva de negativa a estable
(si se dan las metas propuestas) o en el peor de los casos, una baja de
un peldaño (en la nota), con lo cual igual la calificación se
mantendría dentro del grado inversor. Es lo que dijimos luego de la
visita (a Uruguay); el comité soberano ha ratificado que de ninguna
manera se cuestiona el grado inversor", afirmó Reusche a El País. Añadió
que "sería muy improbable que tuviéramos una acción de revertir la
perspectiva o la calificación en menos de 12 meses. A menos que haya
alguna sorpresa muy favorable o muy negativa".
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