La inmediata renuncia de Fernando Calloia a la presidencia de CND y la aceptación ipso facto del Presidente de laz República Dr. Tabaré Vázquez, fortalecen la democracia, la calidad institucionalidad y la independencia de poderes de estad. Pero la Suprema Corte de Justicia con sus fallos y especialmente con declaraciones públicas, expone a la Justicia frente a la ciudadanía incursionando temerariamente en la arena política con rezongos a gobernantes. El fallo tiene más acordes políticos que jurídicos y parece pretender intimidar a jueces y gobernantes.
La JUSTICIA es un valor humano supremo. Los integrantes del Poder Judicial tienen la alta responsabilidad, humana y falible, de aplicarla e interpretarla caso a caso. Ardua tarea, que en su ejercicio, por acción u omisión, envía mensajes a la sociedad sobre que se considera actuar bien o mal en la convivencia social. Con fallos y dichos de la SCJ, la sociedad y los actores del sistema que sostienen la democracia, reciben señales. Que marca rumbos cuando falla la predecible inconstitucionalidad del ICIR por superponerse impositivamente con la contribución inmobiliaria rural. Que asimismo da señales cuando desplaza a la jueza Motta de las causas de DDHH.
La SCJ también expresa valores cuando toma un acto fallido del legislador, dictaminando a favor de sus bolsillos y evitando el legítimo desenganche salarial de los ministros de la Corte con los del gabinete (aumento sideral de ingresos que pagaremos todos los uruguayos). Muestra un camino cuando anula artículos de la ley de Pluna por flagrante incompatibilidad con la condición post concursal de la empresa. También cuando no instruye a los jueces respecto a su actuación frente a los desmanes de barras bravas; vándalos que son procesados si rompen vidrieras de comercios privados pero no si destrozan butacas del Estadio que son bienes públicos.
Chediak indicó qué concepción de sociedad debía primar, cuando apoyó la medida de la Jueza Graziuso de expulsar de Maldonado a todo aquel con antecedentes penales, sin trabajo ni domicilio fijo, alegando que había que “preservar el estatus de balneario privilegiado que tiene Punta del Este”. Durante toda la gestión de MUJICA la oposición impuso el discurso de que la gestión del Presidente era desprolija y avasallaba la legalidad, descontextualizando la ya famosa frase de Pepe de: “lo político sobre lo jurídico”.
En acuerdo tácito, la oposición y la SCJ, para restituir el supuesto equilibrio perdido, politizaron la justicia y judicializaron la política a troche y moche con sus acciones públicas. El FA fue funcional a esta estrategia no habilitando la creación de Comisiones Investigadoras. Pensamos que al asumir Tabaré, la guerra de Poderes por el poder finalizaría y cada cual volvería a su rol natural. No fue así.
El fallo de la SCJ ratificando el procesamiento en primera instancia de Calloia, causó estupor en ámbitos judiciales. La opacidad del delito de abuso de funciones, en este caso, había sido develada en un fallo rigurosamente fundado por el Tribunal de Apelaciones que mereció calificativos de excelencia por la cátedra especializada.
Todos esperaban que la Corte confirmase el fallo de este Tribunal. No veían margen legal para otra opción. La Corte lo encontró con un dictamen pleno de fundamentos extraños y peligrosos. No insistió con el argumento de que se favoreció a COSMOS y se perjudicó a 3° como sostuvieron el fiscal y la jueza. Desestiman este fundamento pulverizado por la defensa y el TA, porque nunca hubo “otros” con garantías para el aval.
Para agregar más oscuridad al delito de abuso de funciones, la corte adjetiva la conducta de Calloia y dice: “Fue tan apresurada e inusual la decisión tomada por Calloia que siendo el Banco un sujeto obligado por excelencia a cumplir con las disposiciones legales que buscan combatir el lavado de activos, las incumplió de tal forma que nunca se logró la información necesaria del cliente, ni aun luego de concederse el aval y como corolario, la misma Institución debió realizar el reporte de operación sospechosa” Para rematar diciendo: ”Actuación abusiva e irregular suficiente para poner en riesgo el patrimonio del BROU”. Desconocen la realidad que consta en el expediente.
El aval lo tramitó directamente López Mena, cliente del banco ya investigado, y que lleva pagos U$D 4.500.000 del aval. Quiere decir que a partir de este fallo la SCJ resuelve que también es delito de abuso de funciones cualquier acto administrativo que pudiera hipotéticamente poner en riesgo el patrimonio nacional por mínimo que sea. En criollo piden a los gobernantes que no gobiernen, o que revisen 1.000 veces todas y cada una de sus decisiones antes de tomarlas. Porque además de la forma también importa medir todas las hipotéticas probabilidades de haber actuado con temeridad, independientemente del resultado real.
Con este fallo también se alienta a la oposición a insistir con judicializar la política frente a cualquier acto administrativo “dudoso”. Imposible gobernar bajo amenaza. Como remate, en un acto de soberbia impropio de su investidura, el presidente de la SCJ, Magistrado Jorge Chediak, hipnotizado por el poder de los micrófonos, hizo declaraciones públicas dando cátedra de ética al P.Ejecutivo e indicándole como debería proceder con Calloia.
Mientras el ex Presidente de la CND redactaba su renuncia, Chediak, presuroso, nos dijo que ni Calloia estaba obligado a renunciar ni Tabaré a cesarlo, pero que “en el Poder Judicial, cuando un funcionario es procesado, de inmediato se lo separa del cargo, aún cuando no haya una sentencia definitiva”. Alguien debería recordarle Chediak que nuestros magistrados más prestigiosos se forjaron en el silencio a la luz de sus escritos y sentencias. O al menos aconsejarle que respete la sabiduría de la cultura popular futbolera, que subraya que en los partidos los mejores jueces son los que pasan desapercibidos. El país necesita una Justicia Independiente.
Psic Andrés Copelmayer
Fuente: La República
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