Un fallo judicial condenó al Gobierno de Uruguay a pagarle a unos 3.500 funcionarios judiciales y unos 400 actuarios el ajuste salarial de 26 % aprobado en la ley de presupuesto que comenzó a regir el 1º de enero de 2011, pero que aún no ha sido pagado. El fallo afecta a unos 3.800 funcionarios, lo que representa un incremento de US$ 56 millones. Hace años un error del en ese entonces Intendente de Montevideo, Arq. Mariano Arana, provocó que los habitantes del departamento tuvieran que desembolsar 100 millones de dólares para pagar aumentos de los funcionarios y ahora un error de los legisladores nacionales, provoca que los habitantes del país sigamos sacando dinero de los bolsillos, para pagar a los en su mayoría incapaces e inoperantes funcionarios estatales.
El reclamo surgió porque la ley de Presupuesto vigente desde 2011 dispuso un aumento del 26% a los
ministros de Estado el que incluía a los jueces, actuarios y defensores de oficio. Éste debió hacerse extensivo a todos los funcionarios judiciales, dado que los aumentos de salarios de éstos van "enganchados" con los de los jueces.
El fallo de la jueza en lo civil de 19° Turno, Josefina Tommasino Ferraro, establece el pago con retroactividad del reajuste aprobado por ley y hacia futuro.
El conflicto se desencadenó luego de que el Poder Ejecutivo resolviera en 2010 en la ley de presupuesto incrementar los salarios de los ministros de Estado. Como los ministros de la Suprema Corte de Justicia están equiparados a los ministros de Estado, esa ley generó incrementos de forma indirecta en los sueldos del Poder Judicial.
A su vez, los salarios de jueces y funcionarios judiciales se basan en el incremento de los ministros de la Corte por otra norma que establece que percibirán el mismo porcentaje de aumento. El gobierno intentó impedir la concreción de ese aumento con dos leyes, pero fueron declaradas inconstitucionales. Por eso la deuda generada se arrastra desde 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario