El director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia de la República, Carlos Díaz, planteará una serie de medidas con el propósito de ampliar los controles de lavado de activos hacia el sector no financiero. Además, tiene previsto entregar al nuevo gobierno un paquete de sugerencias con el objetivo de reforzar el combate de este delito en el país. La Secretaría Antilavado también trabaja en la incorporación del delito fiscal como delito precedente al lavado de activos.
Díaz, quien además preside el Grupo de Expertos para el control de lavado de activos de la OEA, señaló que estas medidas que tienen carácter confidencial, fueron elaboradas en el marco de un convenio con el BID.
En entrevista con LA REPÚBLICA, Díaz señaló que uno de los objetivos trazados por la Secretaría Antilavado es incorporar al sistema a las 13 mil asociaciones civiles y 256 fundaciones registradas en el país. Díaz entiende que llegó el momento de incluirlas como sujetos obligados. “No hay ninguna razón para no hacerlo, no hay una razón para que una institución tenga que ocultar nada en una sociedad”,afirmó. “Que haya discreción, si alguien quiere tener discreción con sus donantes, me parece muy bien”, agregó el jerarca. En ese sentido, recordó que los organismos y reparticiones que trabajan en la órbita del sistema antilavado uruguayo están obligados a guardar la máxima reserva. “Acá no hay filtraciones”, aseguró.
Iglesias y Partidos políticos
Díaz sostuvo que no es secreto para nadie que en las campañas electorales se maneja mucho dinero.
Estimó necesario que los partidos políticos así como las iglesias se incluyan entre los sujetos obligados.
“Dentro de las asociaciones civiles están incluidos los partidos políticos. No lo están hoy como sujetos obligados, pero creo que sí, que a la hora de incluir a las asociaciones civiles no veo forma de que no estén. Creo que si bien existe la obligación de rendir cuentas, existe para las elecciones nacionales pero no ante la Secretaría Antilavado sino ante la Corte Electoral”. “Todas las asociaciones civiles, iglesias, partidos políticos, tienen que estar como sujetos obligados, por el bien de la sociedad; si no son riesgos muy altos”, afirmó Díaz.
“No podemos quedar en manos de que las elecciones se ganen en función de la plata que tenga cada uno. Lamentablemente, esto lo digo con dolor, porque he visto el tema de cerca. Fíjese lo que ha pasado en México, una mezcla tenebrosa entre política, narcotráfico y descontrol absoluto y pérdida de referencia en todo sentido, el Estado desapareció totalmente y quedó en manos de gente que no merecería ser calificada como humano. Si usted va 20 o 25 años atrás esto no pasaba en México. Yo hoy no veo una amenaza en Uruguay”, indicó.
Díaz señaló que, a futuro, también tendrán que agregarse como sujetos obligados los contadores (“allí estamos hablando de un total de 15.700, pero ante las cajas están declarando actividad unos 8.000”), aunque esto ocurrirá una vez que se incluya en la legislación vigente el denominado delito fiscal. Agregó que si bien no coincide con el delito establecido en el Código Tributario, sería más o menos cercano a la defraudación tributaria, la evasión de algún impuesto a través de algún mecanismo. Este delito sí lo persigue la administración tributaria nacional pero no es precedente del lavado de activos. “En buen romance, no podemos hacer una investigación de lavado de activos si usted lo que ha hecho es defraudación tributaria”.
Defensa de la soberanía
Díaz explicó que la principal finalidad que se persigue “es la defensa de la sobernía del país”, si por algún motivo Uruguay es incluído en algunas de esas listas que aparecen en materia del Grupo de Acción Financiera Internacional, que elabora informes sobre países y jurisdicciones de alto riesgo.
“Para un país como Uruguay, por sus dimensiones, por su poca capacidad de lobby internacional, estar en una lista implica que se le castigue y esto es afectar un porcentaje de sus transacciones, lo que para nosotros sería terrible”. Por tanto, “uno de los enfoques que tenemos es trabajar mucho, tenemos quer insertarnos en los organismos, así lo hicimos, las exigencias son mayores, lo que viene pasando es que cada vez se viene endureciendo más”.
Agregó que “el mundo ya no va tanto o casi nada detrás de las ideologías, ahora va detrás del dinero, entonces estos organismos, el GAFI sobre todo –definido como un organismo internacional muy podereso- es el que toma las sanciones financieras, que cada vez es más estricto”
Hay nuevas exigencias y Uruguay “está en el camino”, dijo Díaz.
“En relación con las exigencias que había hasta 2012 estamos muy bien. Hasta 2012, lo que se les pedía a los países, a todos, es que tuvieran normas que hicieran posible el combate al lavado de activos. Leyes, resoluciones, que hubieran creado determinados organismos de control. Con relación a las nuevas exigencias, ¿qué es lo que se pide?.
En cuanto a las nuevas exigencias, ahora se piden rendimientos, piden cosas concretas, son todas relacionadas con la efectividad.
¿Qué tan eficientes son las normas que usted tiene?.
Usted puede tener unas normas que tipifican el delito de lavado de activos y no tienen un solo procesado. Entonces, usted tiene que tener estadísticas, análisis de riesgo, tiene que tener y digásmoslo de una buena vez, no solo un control muy estricto sobre el sector financiero sino también sobre el no financiero. En ese sentido, notoriamente tenemos que mejorar”.
En ese sentido, se logró que el BID encarara un plan piloto para Uruguay para “eliminar la brecha entre lo que tenemos y lo que debería haber y venimos trabajando para el gobierno que fuera, en un diagnóstico sobre esa brecha y cuales serían las medidas que debería tomar el gobierno el 1º de marzo”. Las medidas son confidenciales, “no son nada del otro mundo, así está pactado con el BID, no podemos levantar la confidencialidad”,
Recordó que se trabajó durante la campaña política con muy bajo perfil para evitar que se malinterpretara cualquier conclusión que se extrajera.
Las nuevas exigencias implican, a juicio de Díaz, “actuar sobre la realidad con mayor eficiencia porque, es la única forma de contener el delito”. “Uno no puede hacer lo que se hacía antes, es decir, que pongo el delito pero después no salgo a perseguir a nadie”. “Acá se trabajó mucho, acá tenemos cosas que no tiene nadie, hay juzgados especializados , equipos multidisciplinarios trabajando, coordinación a nivel de todos los ministerios, y tenemos además la coordinación donde debe estar, donde recién ahora los países van tratando de poner la coordinación: a nivel de la Presidencia de la República”, afirmó el jerarca.
“Los escribanos van lentos”
Las inmobiliarias y zonas francas “nunca reportaron”
En relación a los escribanos, Díaz indicó que “van lentos, tenemos que ayudarlos”. “Lo que pasa es que cuando hablamos de sujetos obligados hablamos de escribanos, inmobiliarias, zonas francas, y algunos más que vamos a tener que incorporar”.
“En inmobiliarias y en zonas francas no ha habido ningún reporte, nunca. O sea que, no puedo afirmar que haya habido situaciones irregulares, pero obviamente no se detectó ninguna. Eso llama la atención. Llama la atención en el sentido de que parecería que los controles podrían no estarse haciendo como deberían hacerse”.
En el caso de los escribanos, estamos hablando de unos 8 mil, y las inmobiliarias, “no las tenemos relamente cuantificadas pero deben andar en las 5 mil”.
“Tenemos escribanos, unos 7600, vamos a tener que incorporar 13 mil asociaciones civiles y 265 fundaciones, estas son para incorporar, y algún día vamos a tener que incorporar a los contadores, cuando se incorpore el delito fiscal, y allí estamos hablando en total de 15.700 pero que están declarando actividad en las caja tenemos unos 8000”.
“Los casinos no son gran cosa, por cantidad. No es demasiada la cantidad de sujetos obligados, no presentan un problema”.
“Dentro de las asociaciones civiles se incluyen a los Clubes deportivos, zonas francas que estamos esperando de la cantidad de usuarios y son los que usan la zona franca, no los explotadores de la zona, esos datos los estamos esperando, son un montón y complejos, con asociaciones complejas, más que la que puede tener un escribano y una inmobiliaria”.
“Nosotros vemos, todavía no tenemos el númeror redondo, pero estamos superando los 20 mil sujetos obligados no financieros, en el sector financiero, para financiero, podemos hablar de 500 entonces, tenemos una tarea difícil en el diseño del organismo que tendría que controlarlos y a su vez en el trabajo que hay que hacer para que ellos se autocontrolen o cumplan voluntariamente con las obligaciones de control que son sencillas, que las hace todo el mundo, que son vitales para el país en dos aspectos, en la prevención del delito y que el país no caiga en una lista”. Lo que sí queda claro, indicó Díaz, “es que este tema cayó para quedarse en el mundo”,
Reiteró que “nos está faltando incoporar como precedente el delito fiscal, es un tema que no vamos a poder soslayar”.
El delito precedente
Sobre el delito precedente, dijo que la “tendencia quizás sea si, y esto es una discusión que hay que tener, si es que no habrá que incorporar los delitos graves como han hecho otros países, en general y como definición genérica. Nosotros tenemos una definición taxativa de los delitos, lo hemos hecho como un enfoque estratégico de ir poniendo los delitos de a poco. Pueden tener que ver con nuestra economía, el delito fiscal es uno de ellos”. Dijo que si bien en el mundo actual genera aun cierta incertidumbre, cada vez afecta menos a la economía. “Nuestra DGI está intercambiando información con otros países, con Argentina, con Brasil. Entonces aquel argumento que se utilizaba de: “no, pero bueno van a ir sobre bienes y van a afectar la economía”. No va. Nosotros hemos sido muy cautelosos. Hay una “comisión que está estudiando el tema y que fue prorrogada hasta fin de este año”. “Cuando haya que introducir el delito fiscal pretendemos hacerlo de la mano de todos los privados, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, nos entenderemos o no”.
IMPO
Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) ha hecho una compilación de todas las normas en materia de lavado de activo. El material está accesible para todo el mundo en formato digital y se actualiza en forma permanente.
Narcotráfico en la frontera
“Uruguay no es atractivo para vender droga”
Respecto a las noticias de la región que mencionan la posible instalación de bandas de narcotraficantes en zonas cercanas a la frontera uruguaya, Díaz señaló que estas situaciones implican “contínuas modificaciones en nuestro analisis de riesgo y ver si es necesario disminuir vulnerabilidades”.
De todos modos, señaló que no cree que el territorio uruguayo sea “demasiado atractivo como consumidores, por su escasa población” salvo para la pasta base. En ese sentido, indicó que respalda la iniciativa de crear un juzgado especializado para combatir este flagelo.
De todos modos, afirmó que tal vez Uruguay “capaz que no es para que se peleen en nuestro territorio para vender sino para ocultar bienes” y recordó que “tenemos un sistema financiero muy desarrollado, con transacciones que se hacen muy rápidamente con Argentina y con el resto del mundo; para nosotros puede llegar a constituirse, ahora cuando actualicemos nuestros analisis de riesgo, en una preocupación, vista desde nuestro punto de vista”.
En la Secretaría Antilavado funciona un Observatorio de Análisis Estratégico que monitorea la evolución del delito lavado de activos a nivel mundial no hacia dentro del territorio nacional y todo lo que se vincule a esta temática. “Nos interesa seguir los hechos que puedan producirse, como van cambiando las normas y los criterios, si la OCDE o el G 20 dijo que dentro de tres meses hay que derogar el secreto bancario, nosotros lo recogemos, nos pegamos al presidente del GAFI a ver qué declaraciones hace”,afirmó Díaz.
El sistema antilavado uruguayo
La Secretaría Nacional Antilavado de Activos integra el Sistema Antilavado de Activos del Estado Uruguayo que componen, entre otros, el Banco Central, los ministerios de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Educación y Cultura, el Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado y la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Creada por decreto en 2009, la Secretaría Nacional Antilavado se encarga de implementar las políticas contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, oficiando además como Secretaría Técnica de la Comisión Coordinadora. Su secretario general integra y preside la Comisión Coordinadora en representación del prosecretario de la Presidencia de la República, y actúa como coordinador nacional ante el Grupo Regional de Sudamérica (Gafisud) y como representante del país ante el Grupo de Expertos en Lavado de Activos de OEA y demás organismos especializados en la materia.
Entre 2005 y 2014, 341 procesamientos
Por otro lado, Díaz informó que en el primer semestre de 2014 se registraron 41 casos de procesamientos por lavado de activos (al realizarse este reportaje aun faltaban los datos del segundo semestre). De todos modos, se mantiene la tendencia de aumento en los procesamientos e investigaciones vinculados a este delito. Desde 2005, año en que comenzó a perseguirse este delito, totalizan 349 los procesamientos. Ese año, hubo 10 procesamientos por lavado. Al año siguiente, 26 casos. En 2007, 16; en 2008, 34; en 2009, 44; en 2010, 32; en 2011, 31; en 2012, 47 y en 2013, 60.
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