Uruguay no fue la excepción y en abril de 2005 el gobierno lanzó el programa Ingreso Ciudadano orientado a las personas con ingresos por debajo de la línea de indigencia y en enero de 2008 –en el contexto del Plan de Equidad– amplió el número de beneficiarios y el monto entregado, atándolo con el histórico programa de Asignaciones Familiares que existía en el país desde 1942.
Además del impacto natural de reducir el número de hogares por debajo del umbral de pobreza y de mejorar la distribución del ingreso, la evidencia internacional muestra que estos programas suelen tener impactos positivos en materia de salud y matriculación escolar[1]. Los programas de transferencias condicionadas también pueden tener efectos no deseados tal como reducir los incentivos a trabajar en el sector formal, debido al temor de perder la transferencia.
Transferencias y criminalidad
En la línea de seguir develando efectos colaterales de estos programas, en un reciente trabajo de investigación –en coautoría con Fernando Borraz– analizamos el impacto sobre la criminalidad[2]. En particular, presentamos evidencia de que el pago de las Asignaciones Familiares que mensualmente se hace efectivo termina por fomentar actividades delictivas.
Teniendo en cuenta las diferencias socioeconómicas y todos aquellos otros factores que afectan a la criminalidad, nuestras estimaciones indican que, en promedio, por cada 1000 beneficiarios se producen casi 4 robos extras por mes en los barrios que comprenden una seccional policial. En otras palabras, un 1,5% de los hurtos y rapiñas en Montevideo se explican exclusivamente por el pago de las Asignaciones Familiares.
Desde los pioneros estudios de Gary Becker (Premio Nobel de Economía) de fines de los años 60 existe una amplia literatura en economía que analiza el comportamiento delictivo desde una perspectiva racional. En este marco, las transferencias sociales producen un efecto positivo en los ingresos de los hogares lo que permite satisfacer determinadas necesidades y reducir así el incentivo a cometer delitos para obtener los recursos necesarios por el camino ilícito.
Contrariamente a lo esperado –y a lo que sucede en el programa equivalente en Brasil– nuestros resultados indican que el pago de las transferencias, en lugar de reducir los delitos, los aumenta. Y la razón es simple: a diferencia de lo que sucede en Brasil, el pago de las Asignaciones Familiares se hace en efectivo y por ende, muchas veces, termina siendo el “botín” –muy valioso por su liquidez y anonimato transaccional– de hurtos y rapiñas que se producen con mayor intensidad en aquellos barrios en donde hay un mayor volumen de pagos. Los beneficiarios de los programas sociales que acaban de cobrar en efectivo la prestación se vuelven objetivos especialmente atractivos de potenciales delincuentes.
Estamos ante la paradoja perversa de que el medio de pago utilizado en las asignaciones familiares termina por poner en riesgo la seguridad de aquellos a los que se busca ayudar. Para evitarlo, parece ser clave eliminar el efectivo como medio de pago de las prestaciones sociales. De hecho, una reciente investigación realizada en Estados Unidos muestra evidencia de que dejar de pagar las prestaciones sociales en efectivo y hacerlo con tarjeta de débito produce una disminución significativa en la cantidad de delitos callejeros[3].
Más allá del fin que puedan tener los programas de transferencias condicionadas, lo que nuestro estudio pone de manifiesto es que el medio –en este caso el medio de pago– también importa y mucho. Afortunadamente, partir de 2012 existe la posibilidad de que el pago de las Asignaciones Familiares se haga a través de una tarjeta en lugar de que sea en efectivo. Sin embargo, hoy más del 85% de los beneficiarios siguen cobrando en efectivo. Con la “Ley de inclusión financiera” se espera que se generen los incentivos necesarios para que este porcentaje pueda crecer de forma significativa.
Munyo es profesor del IEEM Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, Uruguay, y es director de su Centro de Economia, Sociedad y Empresa
[1] Shultz, P. (2004): “Scholl Subsidies for the Poor: Evaluating the Mexican Progresa Poverty Program”, Journal of Development Economics 74 (1), 199-250.
[2] Borraz, F, y I. Munyo (2014): “Conditional Cash Transfers and Crime: Higher Income but also Better Loot”, Documento de trabajo, Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM, Universidad de Montevideo.
[3] Wright, R., E. Tekin, V. Topalli, C. McClellan, T. Dickinson y R. Rosenfeld (2014): “Less Cash, Less Crime: Evidence from the Electronic Benefit Transfer Program”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 19996.
Fuente: Blog del BID
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