El asesinato del ecologista Jairo Mora Sandoval ha quedado impune. Los sospechosos de asesinarlo en la madrugada del 1 de junio del 2013 fueron absueltos este lunes por falta de pruebas. El Tribunal Penal de Limón determinó, después de tres meses de proceso, que los indicios y testimonios presentados por la Fiscalía de Costa Rica contra las 7 personas incriminadas en el homicidio de Mora eran insuficientes.
Mora trabajaba para la organización Widecast, asociada con un refugio local, y había denunciado amenazas de muerte. Aquella noche, los hasta este lunes acusados retuvieron a las cuatro voluntarias extranjeras que patrullaban con Mora mientras se llevaban al ecologista a otro punto de la playa. Murió a los 26 años y con él se acabó su causa de protección de tortugas en este sector del país. Los programas conservacionistas en esta zona se cancelaron por el riesgo y tampoco progresó el proyecto de convertirla en un refugio natural con el nombre del joven, como se planteó al calor de la noticia que puso en entredicho la imagen de Costa Rica como país ambientalista.
La extensa playa está ahora a merced de los hueveros, coinciden quienes trabajaron con Mora. Tenían la esperanza entonces de que el juicio trajera al menos una cuota de justicia. La Fiscalía había pedido que se condenara a los sospechosos a un total de 686 años de cárcel por delitos de robo agravado, privación de libertad de tres chicas norteamericanas y una veterinaria española, y el homicidio de Jairo.
Los problemas, sin embargo, fueron apareciendo en el proceso. Una parte de las pruebas se extravió y otra fue anulada por los jueces por no haber sido presentada según el protocolo. Los rastreos de teléfonos móviles, la intervención de conversaciones entre los sospechosos y su transcripción se sumaban a los testimonios de las jóvenes y otros testigos protegidos, pero el Tribunal solo admitió una parte de las pruebas y la consideró insuficiente. Los jueces señalaron los “errores” y “falencias” de la Fiscalía y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Por ejemplo, reportaron que a Mora lo arrastraron un kilómetro por la arena atado a un todoterreno, pero solo presentaron una fotografía de 20 metros.
No hubo entonces certeza de que esos siete sospechosos, ligados también a otros crímenes, fueron los responsables de matar a Mora. Tampoco bastó el relato ni el reconocimiento de las voluntarias. Ya antes la familia del joven, viendo los problemas en la investigación, había retirado la demanda civil contra el Estado, con la cual la familia del joven pretendía una indemnización equivalente a 555.000 dólares. El juicio no se tramitaba bajo consideración alguna de ser un crimen de connotación ambiental, a pesar de los antecedentes que Mora había publicado en su cuenta de Facebook, cinco semanas antes de morir.
“Podrían enviar mensajes a la Policía para que vengan a la playa de Moín. Que no tengan miedo, solo que vengan armados, no más. 60 tortugas perdidas, ningún solo nido. Ocupamos ayuda y pronto”, escribió entonces.
La familia de Mora estuvo en el juicio y volvieron defraudados y entre lágrimas. Asociaciones medioambientales lamentaron la “impunidad” de estos crímenes, y recordaron que hay otros 9 asesinatos de ecologistas en los últimos 40 años en Costa Rica también impunes.
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