La Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales funciona en el quinto piso del Ministerio de Educación y Cultura desde el año 2005, cuando se creó por la ley 17.930 con el cometido de "relevar la situación del Estado en materia de juicios en que éste sea actor o demandado". Allí se desempeñan 2 administrativos, 3 abogados y 1 director, cargo que es ocupado desde 2011 por Pablo Maqueira. En 10 años transcurridos aún siguen si tener información sobre el tema para el cual fue creada esta dependencia. Ineficacia ?
¿Sabe cuántos juicios tuvo el Estado en su contra en los últimos años? ¿Y cuánto se pagó por juicios perdidos? ¿Cuántos hay por delante? ¿Hay alguno que preocupa en particular? Todas estas preguntas fueron realizadas a Maqueira y tuvieron la misma respuesta: "No".
El jerarca no esconde que no se ha podido cumplir con los objetivos y reconoce que el único avance que se logró es el desarrollo de un software que tiene dos funcionalidades: servir como programa de gestión y procuración de los juicios de cada una de las jurídicas de los ministerios y a su vez estar conectados on-line con la dirección para que esta pueda centralizar la información.
Si bien no fue terminado, está en una etapa de testing y, según Maqueira, la idea es dejarlo operativo antes de que termine el período. "Avances concretos creo que sí hubo, no son visibles. Los avances están en el software", explicó el jerarca.
Desde que se creó la dirección, hace nueve años, se hizo un acuerdo de cooperación con España, un convenio con la Facultad de Derecho y se entrevistó a un representante del área jurídica de cada ministerio para hacer un estado de situación que culminó en 2010.
Según Maqueira, ahí se detectó que cada institución tiene "su librito" y que las realidades son totalmente diferentes.
En ese momento culminó una "primera etapa" de la dirección. "Después vino una ley de Presupuesto en la que se agregó la obligación de recibir de cada uno de ellos información sobre los juicios (…) cuando nos enfrentamos a eso dijimos: ¿cómo hacemos para concentrar toda la información? Eso nunca se reglamentó y nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo del software", explicó.
En paralelo, según Maqueira, se trabajó y está casi pronto un proyecto de decreto para que se reglamente la norma legal que ordena que cada ministerio tiene que derivar la información jurídica a la dirección; y a su vez explicita cómo debe hacerse.
"Eso está a la espera de que quede pronto el software", reiteró, y comentó que será muy importante porque hay "resistencia" a que la dirección centralice la información.
"Se genera eso de ¿por qué tengo que pasar esto? Hay gente que se siente controlada, hay recelo. Yo creo que es entendible también porque no están acostumbrados a que nadie externo se meta en su trabajo", opinó Maqueira.
Ignorados.
Los juicios contra el Estado preocuparon especialmente al presidente José Mujica durante todo su mandato e incluso ha hablado públicamente en varias oportunidades sobre el tema.
"Están los que parasitan a costillas del Estado y a veces roban fortunas. Y lo peor es que uno los siente a estos picapleitos opinar de la democracia y las garantías institucionales, hablando en sesudos programas. No son otra cosa que parásitos del sistema jurídico, que tratan de medrar de los recursos del pueblo que trabaja", dijo el presidente en una de sus audiciones por M24 en 2013.
Tiempo después Mujica encomendó al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, reunir a los encargados de los departamentos jurídicos de los organismos públicos para "coordinar acciones", una tarea que debería cumplir la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales.
"Yo fui a una reunión que tenía como objetivo entregar la información jurídica pero acompañando a los jerarcas del Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso, ni se nos consultó. Fue algo que se hizo desde Presidencia. Ni siquiera sé qué evaluación se hizo", reconoció Maqueira.
El País intentó comunicarse, sin éxito, con Guerrero para conocer las cifras y las conclusiones del análisis de las mismas. Los datos son importantes para poder hacer un análisis y detectar qué errores se están cometiendo en las defensas del Estado ante la Justicia y delinear nuevas estrategias.
De hecho, en los últimos gobiernos existieron dudas sobre las Jurídicas del Estado y en juicios millonarios se contrataron estudios de abogados por fuera de las instituciones públicas.
Las tareas de la dirección
Ha procurado la articulación de Servicios Jurídicos como la Fiscalía de Corte y
Procuraduría General de la Nación, entre otros, con el fin de consolidar los canales de coordinación entre las direcciones y la administración central del MEC.
Se propició un acuerdo de cooperación con el Centro de Estudiantes de Derecho con la finalidad de fortalecer el sistema de consultorios jurídicos barriales, colaborando en la financiación de abogados para desempeñar las tareas.
Tiene a su cargo el proceso de los pedidos de cooperación jurídica desde Uruguay al exterior y desde otros país al Poder Judicial uruguayo.
Ha trabajado en los organismos regionales Mercosur y Unasur y en el ámbito iberoamericano a través de la Comjib (Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos).
En diez años, 1.092 procesados por delitos en contra del Estado
Entre los años 2003 y 2013, fueron procesadas 1.092 personas imputadas por delitos contra la Administración Pública, de acuerdo con un estudio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en base a información del Registro Nacional de Antecedentes Judiciales del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial.
El 26,5% de los delitos son los de peculado (apropiación de dinero del Estado), fraude en el 20% de los casos y cohecho simple (coimas) en el 15,1%. En números absolutos, se imputó a 289 personas por apropiación de dinero del Estado, a 218 por fraude y 165 por recibir coimas.
Además, hubo 116 procesamientos por concusión (funcionario que exige una coima para hacer o no hacer determinada cosa) lo que representa el 15,1% del total de procesamientos, al tiempo que se dispusieron 101 enjuiciamientos por abuso de funciones, cifra que es el 10,6% del total.
El 2008 fue el año donde se registraron más procesamientos por delitos contra la Administración Pública, ya que la cifra total llegó 137. Luego siguen el año 2006 con 128 casos, 2003 con 123 y 2009 con 104.
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