Algunos de los prestamistas particulares de Punta del Este (Maldonado, Uruguay) que quedaron bajo la lupa del Banco Central por desarrollar una actividad sospechosa de lavado y de usura, fueron excluidos del concurso que inició el empresario Giorgio Fabbri, al no poder pagar préstamos hipotecarios y prendarios por US$ 6,4 millones.
La jueza de concurso Dra. Teresita Rodríguez Mascardi, rechazó la calidad de “acreedores” de una decena de prestamistas puesto que para acreditar su condición presentaron las prendas o las hipotecas pero no los contratos originales del préstamo, donde están establecidas las condiciones en las que se prestó el dinero y los intereses que deben pagar los beneficiarios.
Al no poder hacer frente a las deudas de los préstamos, el empresario ítalo argentino, titular de cuatro sociedades panameñas, presentó el concurso voluntario, para que los deudores pudieran cobrar por medio del remate de los bienes embargados, con la supervisión de la jueza.
Para obtener esos préstamos el empresario hipotecó sus bienes inmuebles y también entregó en prenda los derecho de promitente comprador de otros bienes.
Los prestamistas informales dan créditos a costos mayores a los ofrecidos por una institución financiera instalada en el mercado, pero con menores requisitos.
A cambio, quienes reciben el dinero deben hipotecar sus propiedades en beneficio del prestamista, y deben pagar por el préstamo un interés altísimo.
El interventor del concurso, la Liga de Defensa Comercial (Lideco) planteó en el informe por el que verificó los créditos y la tasación de la masa activa, que no era posible verificar esos créditos “hasta tanto no se acreditara la causa y la forma de integración de los fondos y el origen de los mismos y concluyó además que “había usura”.
Si se agregaran los contratos y se demostrara la usura y el lavado, la jueza deberá dar cuenta a la justicia penal ante la existencia de conductas delictivas.
La jueza respondió lo mismo para el caso de una decena de prestamistas que se presentaron para pedir que “no se apruebe la lista de acreedores y se disponga la confección de una nueva que incluya su crédito y su calificación”. Todos impugaron la decisión y la jueza rechazó esas impugnaciones.
Rodríguez Mascardi explicó que los prestamistas reclaman ser acreedores aportando un “crédito con garantía prendaria” pero no muestran “los créditos con garantía real”. Para poder ser verificado el crédito principal “debe acreditarse su existencia, su monto y su causa, lo cual no se cumplió en la particularidad del caso bajo análisis”, dijo la jueza.
Escribanos bajo sospecha
Rodríguez Mascardi denunció ante la Unidad de Información y Análisis (UIAF) del Banco Central (BCU), a pedido de Lideco, un posible caso de lavado y de usura, debido a las altas tasas de intereses que se cobran.Lideco detectó que se han cobrado intereses superiores al 1,2% mensual y de 5% a 10% del monto de las operaciones, por gastos y honorarios de los escribanos que intervinieron.
El BCU informó al juzgado que investigaría el caso “de acuerdo con los procedimientos y normativa que rigen las actuaciones de la UIAF”, según surge de una resolución agregada al expediente.
En este caso aparecen involucrados escribanos que son quienes emiten las escrituras de hipoteca o documentos de prenda con certificados de firmas, explicó el asesor jurídico de Lideco, Fernando Cabrera. Agregó que esos escribanos no reportaron las operaciones como sospechosas de lavado.
Las leyes antilavado obligan a los escribanos a realizar controles y a determinar la procedencia legal de ese dinero. En algunos casos se trata de operaciones de más de US$ 2 millones.
El lavado se puede configurar por el ingreso de dinero cuyo origen se desconoce, sin los debidos controles y sin pasar por el sistema financiero.
Entre los prestamistas aparecen testaferros, personas empleadas en estudios jurídicos que no tienen solvencia económica pero aparecen prestando cifras millonarias en dólares, dijo Cabrera.
Además, algunos de los préstamos fueron pagados en Argentina y no fueron ingresados al sistema financiero como se debe por transferencia bancaria, señaló Lideco. También se mencionó que puede haber evasión ya que es una actividad que se realiza en negro sin aportes ni facturas.
Según explicó el apoderado del empresario que inició el concurso, Armando Da Silva Tavares, los escribanos “hacen de prestamistas, concertan, desembolsan con billetes y letras de cambio propias y cobran el resultado de la hipoteca”. Agregó que los préstamos se realizan “sin los más mínimos resguardos de análisis de capacidad de repago y solo basados en el bien inmueble ofrecido para garantizar el repago”, indicó.
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