RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL: LEY FUE APROBADA POR EL PARLAMENTO

Durante más de 9 horas se debatió en la Cámara de Senadores la polémica ley de responsabilidad penal empresarial, la que finalmente fue aprobada, como estaba previsto, con 16 votos del Frente Amplio y 13 votos en contra por parte de la oposición. Pese a votarla, varios senadores del oficialismo manifestaron sus diferencias con el polémico proyecto.



El senador oficialista Carlos Baráibar dijo que la posición del Frente Líber Seregni (FLS) es de votar la polémica ley para respetar la mayoría partidaria, aunque advirtió que desde este sector político se observan "altos riesgos de inconstitucionalidad", pero aclaró que votarán porque "somos hombres de partido y creemos en la disciplina política". Su posición fue también compartida por el senador Rodolfo Nin Novoa.

Por su parte, el senador Rafael Michelini dijo que la ley "sale con fragilidad y no con el espíritu frenteamplista" y que se debió poner "más energía" en la misma.

Pero aclaró que el sector que integra no quebrará "la mayoría parlamentaria" y explicó que cree "en lo colectivo, de manera contraria no hay leyes".
Comienzo del debate

Con representantes sindicales en las barras silbando las intervenciones de la oposición y aplaudiendo las del oficialismo, el Senado tuvo el primer debate por la ley de responsabilidad penal empresarial con el inicio de la discusión entre el senador del Partido Comunista Eduardo Lorier, el colorado Ope Pasquet y el nacionalista Pablo Abdala.

En las afueras del Parlamento el clima se dividió entre los que siguieron atentos el debate en la pantalla gigante instalada en la explanada del Parlamento y los otros miles que estaban dispersos, animados por una batucada entre tortafriteros, garrapiñeros y pancheros que se vieron desbordados por los más de 130 ómnibus que llegaron de todo el país con trabajadores de la construcción.

Lorier abrió la sesión y defendió el proyecto diciendo que el objetivo es “proteger la vida” ante aquél empresario que “se timbea la salud y la seguridad de los trabajadores” y de las empresas incumplidoras que son una “lacra social” y recalcó que “de ninguna manera” se busca ir contra el “empresario cumplido que ve al otro como ser humano y lo cuida”.

El senador comunista, que rápidamente arrancó los aplausos de los trabajadores en la explanada criticó el “terrorismo” que se pretende generar a nivel empresarial y dijo que el proyecto busca crear una “cultura de prevención” porque “sabemos de nuestro ganado, pero de nuestros obreros no sabemos nada”.

En las barras dentro del Parlamento, las exposiciones contaban con la atenta mirada de Oscar Andrade, presidente del Sunca que la semana pasada anunció que informará a todos los trabajadores del país quién votó a favor y quién en contra y cuáles fueron los argumentos esgrimidos en la sesión de hoy.

En este sentido, Lorier se valió de varias cifras en su argumentación: dijo que hay un trabajador muerto por semana en promedio en Uruguay, más de 50.000 accidentes de trabajo a lo largo del año y 47 muertos por año. Además dijo que por cada 100.000 trabajadores fallecieron 4 personas en el período de Tabaré Vázquez mientras que el número llegó a 10 en la presidencia de Luis Alberto Lacalle y a 9 en la de Julio María Sanguinetti. También dijo que hoy hay 21.900 trabajadores que cobran rentas del Estado por accidentes de trabajo y que hay 21.000 personas con incapacidad permanente a partir de accidentes con lo que remató: “A la sociedad le cueta $ 1.500 por día un trabajador accidentado”.

En su exposición Lorier concluyó que el proyecto saca a la luz una problemática de los trabajadores aunque “nos queda un largo trecho por avanzar”.
Oposición

El senador colorado Ope Pasquet fue el primero en enfrentar la postura oficial y el primero en recibir las críticas de los trabajadores más allá de estar de acuerdo con la necesidad de mejorar la seguridad laboral. “Estamos muy lejos de la opinión positiva de Lorier”, dejó en claro al iniciar su argumentación.

Para Pasquet el proyecto representa “una norma en blanco” que “crea un delito de peligro concreto”, esto es, “se incurre en un delito por no hacer nada”.

“Las grandes empresas tienen sus técnicos y tienen un responsable designado para ser procesado”, pero “me preocupan las empresas que tienen cinco empleados y no se levantan a ver si cambió la reglamentación”, dijo Pasquet. En este sentido afirmó que el proyecto de ley “genera situación de alarma y preocupación que no es bueno que exista” y que en el corto plazo podrán presentarse los recursos de inconstitucionalidad. Por esto insistió en que la clave es el correcto accionar de la Inspección General de Trabajo para “proteger a unos y dar garantías a otros”.

El senador colorado también dijo que no hay que olvidar que “en los accidentes de tránsito tenemos 10 veces más muertos que en los accidentes laborales” y dijo que estadísticas sobre las causas de los accidentes de trabajo no existen.

Pablo Abdala, que recibió fuertes silbidos de los trabajadores desde el exterior del Parlamento, fue el tercero en hablar para cerrar una primera rueda de posiciones políticas.

El senador blanco dijo que es "peligroso establecer un delito del peligro" y que "lo peor que le podría pasar al sistema político es pensar que así se soluciona el tema". "Enjuagamos nuestras conciencias y creemos que con esta fórmula mágica vamos a solucionar situaciones complejas", dijo Abdala.

Abdala, contrario a la ley que, opinó, "hace tabla rasa" entre los empresarios. El senador blanco planteó que en Uruguay "hay 200.000 empresas que se encuentran en una situación equivalente a la de su trabajador" y que "hay que tener cuidado de no estar castigando a los buenos". "Es el mismo Estado el que hace tabla rasa" y "no lleva estadísticas", apuntó.

El abogado experto en derecho constitucional, Martín Risso, opinó que la ley de responsabilidad empresarial es un proyecto "espantoso desde el punto de vista técnico" porque tiene partes "imprecisas y de una gran vaguedad".

De acuerdo a lo que informa El País y a lo que el abogado declaró a Radio Universal este martes, el proyecto tiene tres posibles inconstitucionalidades.

La primera y “más clara” para el constitucionalista  es “la violación del principio de legalidad”, del que afirmó: “Podemos prever que la Corte (Electoral) va a declararla inconstitucional por esto”.

Por este aspecto, explicó a ese matutino: "La remisión a la reglamentación para la tipificación del delito es algo claramente inconstitucional. No se puede defender seriamente".

“El delito tiene que estar establecido totalmente en la ley”, aseveró.

La “omisión deliberada”, de la que tanto se habló, habría resuelto un segundo posible foco inconstitucional que se da por establecer responsabilidad objetiva penal sin que exista dolo o culpa.

Risso dijo: "Es discutible. Creo que es inconstitucional pero se arreglaría con un agregado que se pretende hacer desde el sector del vicepresidente Danilo Astori", señaló el abogado.

La tercera inconstitucionalidad, que Risso reconoce “es altamente discutible”, es si “este tipo de figuras puede ser penalizada”.

“La ley no puede establecer que es un delito cualquier cosa, como tener sobrepeso”, explicó, pero agregó que para que no se declare inconstitucional por este aspecto “se puede usar el derecho comparado”, ya que existen leyes similares en otros países.

Finalmente, Risso explicó que el proceso normal que podrá seguir la ley para que se declare inconstitucional será que se dé un caso en el cual se pida el procesamiento del empleador. “En ese caso, igual a lo que pasó con (el presidente del BROU, Fernando) Calloia y (el exministro de Economía, Fernando) Lorenzo, el abogado podrá interponer una excepción de inconstitucional que va a tener efectos suspensivos sobre el procedimiento y se va a remitir el expediente para que se pronuncie y resuelva la Suprema Corte”, explicó.

Señaló que las cámaras no pueden pedir la inconstitucionalidad y manejó como hecho posible que un empresario se presente y solicite “preventivamente” la inconstitucionalidad de la ley. Sobre esto, Risso dijo que “es discutible” y no se anima a vaticinar si “la Corte le daría trámite o no”.

EMPLEADORES

Los empresarios consideran que el proyecto de ley crea "un delito" aplicable a cualquier empleador. Por esto, las 25 cámaras empresariales en bloque rechazaron el proyecto de ley responsabilidad penal y se declararon en sesión permanente para evaluar "las vías que, ajustadas a derecho, correspondan para la defensa de la libertad individual de los empleadores de este país".
TRABAJADORES

El PIT-CNT con el Sindicato Único de la Construcción (Sunca) como mayor promotor respalda la ley que considera que no hará "magia" pero ayudará a mitigar los accidentes laborales. "La defraudación fiscal es delito. Un cheque sin fondo es delito. La mosqueta es delito. Pero no es delito no cumplir la normativa de seguridad. ¿Porqué hay tantas dificultades para considerarlo delito?", se preguntó el presidente del Sunca Oscar Andrade días atrás. Según Andrade si un trabajador cuenta con elementos de seguridad pero fallece por su negligencia, al empresario "es claro que no le pasa nada".
POLÍTICOS

Dentro del Frente Amplio si bien había división de posiciones se terminó acordando una posición en bloque a favor del proyecto de ley. El Frente Líber Seregni, que considera que la ley será declarada en breve inconstitucional, intentó agregar el concepto de "omisión deliberada" pero no fue aprobado.

La bancada del Partido Nacional se opone al proyecto. El presidente del Directorio nacionalista, Luis Alberto Heber, dijo a El País que "nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario; en este proyecto se parte de la base de que el patrón siempre es culpable cuando hay un accidente".

A su vez, la bancada del Partido Colorado planteó sus discrepancias y el senador Ope Pasquet sostuvo que les parece "objetable que prime la reglamentación de la ley sobre el texto de la misma. Lesiona el principio de legalidad. Solo es delito aquello que la ley dice que es delito y no lo que el Poder Ejecutivo mañana puede decir que lo es".