60 % de las armas legales rastreadas en El Salvador tienen su origen en Estados Unidos de América. El dato, obtenido gracias a un programa de colaboración entre el gobierno salvadoreño y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos yanqui (ATF), demuestra que, en los últimos años, se ha producido un cambio de tendencia en la procedencia de las armas en el país centroamericano. Antes los arsenales empleados en la mayoría de los homicidios de esa nación se atribuía al arsenal empelado durante su guerra civil, ahora, son las redes de traficantes las que controlan el flujo.
“El dato es relevante, porque demuestra que no todas las armas proviene de USA, como se pensaba, pero para tener información más precisa es necesario escrutar la procedencia del 100 % de las armas legales que entran y se encuentran en el país”, explica desde El Salvador, Harry Peñate, el delegado de la ATF para toda Centroamérica.
La Agencia usamericana lleva dos años colaborando con entidades salvadoreñas y formando a sus agentes y fiscales en el manejo del sistema e Trace, que permite indagar y seguir el origen concreto de las armas de fuego registradas en EE UU a través de todo el planeta. “Estamos trabajando con la Fiscalía, con la División de Armas y Explosivos y también mantenemos enlaces con el Ministerio de Defensa de El Salvador”, explica Peñate. La ATF tiene programas de cooperación similares con Guatemala y Honduras.
Gracias a esa colaboración, desde 2011 se han rastreado 38.850 de las 200.000 armas legales que se estima que están circulando en estos momentos por El Salvador. “Las cifras no son completas y queremos que exista la voluntad política de que se rastree el 100% de las armas que se han empleado en crímenes, sólo así podremos obtener un seguimiento eficaz y satisfactorio”, explica Peñate.
Hay muchas armas, como se queja el responsable de la ATF, que todavía no han podido ser analizadas en El Salvador. “En Centroamérica, cada Estado tiene una autoridad encargada de autorizar la entrada de armas. En el caso de escopetas y rifles, muchas proceden de sus grandes fabricantes, como Corea del Sur, China, Bélgica, Rusia o Italia y muchas de estas armas pasan de un país a otro, si ese arsenal no se controla no podemos averiguar su procedencia”, se lamenta Peñate.
El Salvador es el segundo país con la mayor tasa de homicidios del mundo, con 69,2 muertes por cada 100 habitantes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, por detrás de Honduras, con 91, 6 muertes por cada 100 habitantes. El 70 % de esa cifra de muertes ha sido provocada por un arma de fuego. Los programas e Trace e IBIS (Sistemas Integrados de Identificación Balística) de la ATF permiten rastrear el origen de los casquillos y las armas encontradas en lugares en los que se ha cometido un crimen.
Hasta ahora, gran parte de las armas empleadas en los homicidios se atribuían a los arsenales de la guerra civil salvadoreña, entre 1979 y 1992 -buena parte del mismo también facilitado por EE UU a través de contrabando-, y de otras introducidas desde países vecinos, como Guatemala u Honduras. Uno de los problemas más importantes a la hora de rastrear las armas, de acuerdo con Peñate, son los “puntos ciegos” de las fronteras con esos países. “Son armas que se emplean en crímenes en Guatemala, por ejemplo, y que luego acaban en El Salvador”.
La colaboración entre la ATF y El Salvador ha demostrado que ahora muchas armas proceden directamente de USA.
“A veces se compran de manera legal pero luego se venden a las organizaciones del crimen organizado”, explica Peñate. La vía de entrada más habitual es a través de lo que la ATF denomina “traslado de hormiga”, personas que compran las armas en EE UU y luego las mandan a El Salvador “ocultas en envíos de partes usadas de vehículos, o dentro de refrigeradores o DVD, en ropa usada…. Hay muchos modos”, señala el responsable regional de la agencia.
Gracias a los programas de rastreo, se puede llegar hasta el comprador en USA y, allí, los agentes de la ATF se encargan de identificar y detener al comprador.
“Hay muchísima gente adquiriendo armas para trasladarlas a El Salvador, especialmente en Los Ángeles y Maryland, porque es donde se concentra la mayor parte de los emigrantes de ese país, pero también en Florida o Texas, Estados donde la legislación sobre las armas es más permisiva”, señala Peñate.
Además del rastreo, otra de las funciones de las autoridades es la destrucción de las armas incautadas, una asignatura pendiente entre los gobiernos de la región, -El Salvador y Guatemala, especialmente-, que, de momento, no han podido eliminar con éxito las armas empleadas en sus guerras civiles, un arsenal que cayó en manos de bandas y grupos de crimen organizado.
Eduardo Azucena, el director de la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional salvadoreña, reconoció hace unas semanas que en su país estaban localizadas 30.000 armas que no se habían podido destruir debido a disposiciones legales. Con todo, las autoridades de El Salvador tenían previsto terminar este mes de diciembre con 1.722 armas incautadas.
Fuente:El País de Madrid
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