Por primera vez desde el golpe militar, 52 millones de egipcios tienen la oportunidad de expresarse en las urnas y el reférendum constitucional, que comienza hoy y termina el miércoles, se entiende también como un plebiscito para legitimar (o no) a los militares en el poder. Los egipcios acuden a las urnas a votar una constitución redactada por un equipo de 50 expertos elegidos por el actual gobierno interino, aupado por los militares tras el golpe de Estado de julio. “Vota sí, vota contra el terrorismo”, es el lema con el que el actual régimen ha pedido a los ciudadanos el voto favorable este martes y miércoles. La carta magna garantiza una serie de libertades civiles básicas no amparadas hasta ahora, pero se encarga también de ponerle coto al islam político y de proteger sin disimulos el poder de los militares.
De hecho, para eclipsar aún más el modesto papel de la Ley Fundamental, el jefe de las Fuerzas Armadas y "hombre fuerte" del nuevo régimen, Cnel. Gral. Abdul Fatah Said Husein Jalil Al-Sisi (19-11-1954), se postuló el sábado a la Presidencia del país "si se lo pide el pueblo". Y esa petición solo puede llegar en forma de un masivo ‘sí’ a la Constitución, diseñada para garantizar el poder del Ejército.
"En El Cairo, empapelado de pancartas y carteles a favor del sí, jóvenes voluntarios reparten borradores de la segunda Constitución redactada en Egipto en poco más de un año. Entre la propaganda, es difícil encontrar ningún cartel en contra de la nueva Carta Magna. En los últimos días ha habido detenciones contra quienes los colgaban", informa la enviada especial de TVE a Egipto, Yolanda Álvarez.
El nuevo texto rebaja el tono islamista de la anterior Carta Magna y refuerza aún más el papel del Ejército. Conserva una disposición que permite que los civiles sean juzgados por tribunales militares, establece que el ministro de Defensa sea nombrado durante los próximos ocho años por el Ejército y no por el Gobierno, y estipula que el presupuesto de las Fuerzas Armadas estará más allá de la supervisión civil.
Los Hermanos Musulmanes lideran la campaña para boicotear el referéndum. En este último año han visto cómo el Gobierno ha detenido a sus líderes y les ha catalogado como una “organización terrorista” restringiendo sus movimientos y actividades. Seguidores de la Hermandad han sido castigados hasta con tres años de cárcel por manifestarse en público.
Silenciados por las fuerzas de seguridad y sin espacio en los medios de comunicación –donde apenas se dejan oír los motivos de quienes rechazan el texto- los islamistas se han movilizado en las redes sociales para pedir a sus seguidores que no participen en el proceso. Consideran ilegítima la hoja de ruta promovida por el Gobierno de transición tras el golpe de Estado
Se espera que la Constitución obtenga un sonoro ‘sí’, aunque la participación es clave. La última Carta Magna, diseñada por el Gobierno islamista, obtuvo una aprobación del 63,8% pero solo votaron el 32,9% de los egipcios. El Ejército necesita una mayor legitimidad esta vez.
Por el momento, las cifras de egipcios en el extranjero que han ejercido su derecho no permiten a las autoridades ser demasiado optimistas, ya que únicamente 103.000 de los casi 700.000 registrados han votado, esto es, un 15%.
No solo los islamistas se han mostrado contrarios al referéndum, el Movimiento 6 de Abril, instigador de la revolución que acabó con Hosni Mubarak, cree que la nueva Carta Magna perpetúa el poder del Ejército a costa de los intereses de los ciudadanos.
“Esta Constitución nos devolverá a los tiempos de Mubarak y a su represivo Gobierno en Egipto”, afirma Ramy Sayed, uno de los líderes del movimiento. Y recuerda la reciente aprobación de una ley que restringe el derecho de manifestación. De hecho, algunos activistas seculares que han protestado contra el texto han sido encarcelados en los últimos días en el marco de un intento del Gobierno de acabar con cualquier conato de disidencia.
Cerca de 160.000 militares se han desplegado en todo el país para garantizar la seguridad durante la jornada electoral ante el riesgo de disturbios entre dos Egiptos enfrentados por las riendas de una transición que, tres años después, sigue sin encontrar su camino.
El artículo más polémico es el número 74, que prohíbe la creación de partidos sobre la base de la religión. La cofradía de los Hermanos Musulmanes fue declarada en diciembre, por orden ejecutiva, grupo terrorista. Este cambio amenaza ahora a otras formaciones, como el partido Al Nour, salafista en su ideario, que apoyó el golpe de Estado y ha respaldado, a pesar de las reservas de muchos de sus miembros, el proceso constituyente.
En el nuevo texto se mantiene la afirmación de que “el islam es la religión del Estado” y la sharía —ley islámica— “la principal fuente de legislación”. La novedad es que se elimina el artículo 219 de la anterior constitución de corte islamista, en la que se definía los principios de la sharía como aquellos que emanan de “evidencias comunes, normas fundacionales, reglas de jurisprudencia y fuentes creíbles aceptadas en la doctrina suní y por la comunidad en general”.
En realidad era una forma de tratar de restarle poder al parlamento. La sharía se entendía en aquel texto como los principios establecidos por la comunidad de expertos islámicos, y a ellos se les atribuía la legitimidad legislativa última.
Si hay algo que inquieta a los oponentes de la nueva constitución son las salvaguardas ofrecidas al ejército. El texto estipula que durante dos mandatos, u ocho años, al ministro de Defensa lo elige no el presidente o las urnas, sino el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, la cúpula militar. En la actualidad ese cargo lo detenta el general Abdel Fatah al Sisi, a quien eligió para el puesto el propio Morsi, y que acabó siendo artífice del golpe de Estado de julio.
No se amplía ahora el respeto a todas las minorías religiosas. El texto mantiene la protección de “credo y práctica religiosa para aquellos que creen en las religiones celestiales: islam, cristianismo y judaísmo”. Quedan fuera, pues, grupos muy reducidos como los bahais, con unos 2.000 seguidores. Tampoco se protege explícitamente a los seguidores de la rama chií del islam, que recientemente han sufrido ataques y persecuciones en Egipto.
En principio se prohíben los juicios militares a civiles. Pero solo en apariencia, pues la carta magna establece una larga serie de excepciones que en realidad apuntan a que no se permitirá ningún tipo de amenaza percibida contra el poder militar, como “crímenes que representen ataques directos contra las instalaciones, campamentos o posesiones en territorio militar, zonas fronterizas militares, equipamiento, vehículos, armas, munición, documentos, secretos, fondos públicos, fábricas militares… o un asalto directo sobre sus oficiales”.
La nueva constitución ampara explícitamente diversas libertades, como las de reunirse o manifestarse. Los críticos del actual régimen, sin embargo, le recriminan que se haya dedicado a ponerle coto a esos derechos con una serie de medidas muy restrictivas, como la reciente exigencia a aquellos grupos que quieran realizar protestas en la calle de que obtengan previamente un premiso del ministerio del Interior. Diversos activistas ya han sido arrestados por contravenirla.
El gobierno islamista de Morsi no incluyó en su constitución el veto al tráfico de personas. Sus oponentes consideraban que ello obedecía al hecho de que la sharía no lo prohíbe explícitamente. La nueva asamblea constituyente incluye la penalización de esa práctica, en el artículo 89, que asegura que “la esclavitud y todas las formas de opresión y explotación forzosa contra las personas queda prohibida, así como el tráfico sexual y humano”.
Uno de los apartados positivos para lo grupos feministas es la protección incluida a las menores. En la derogada constitución de corte islámico se dejo fuera ese apartado. La nueva propuesta a votación estipula que “todos los menores de 18 años son niños”, lo que abre la puerta a la prohibición legislativa de los matrimonios forzosos de mujeres menores de edad.
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