Lo sucedido en Colombia da vergüenza ajena ! La Procuraduría General de Colombia dejó este lunes en firme la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá y su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante los próximos 15 años, una polémica decisión que fue anunciada el pasado 9 de diciembre, tras encontrarlo responsable en supuestas y absurdas irregularidades, que se presentaron en la implementación del nuevo modelo de basuras en la capital colombiana y que provocó el caos durante 3 días en 2012. Ahora queda en claro que Colombia no puede ser llamada democracia, porque no puede recibir ese denominación, un país en donde un burócrata puede echar y peor aún inhabilitar casi de por vida a un jerarca electo por el pueblo, por ser de izquierda (como ya lo hizo antes con una senadora !). Peor aún, con claras sospechas que todo el tinglado se armó porque se tocaron los intereses de mafias aupadas al gobierno y su entorno.
“La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en decisión del día de hoy, confirmó el fallo de única instancia del 9 de diciembre de 2013, mediante el cual encontró disciplinariamente responsable al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su condición de alcalde mayor de Bogotá, por la realización de tres faltas gravísimas en la implementación del nuevo modelo de aseo en la ciudad de Bogotá”, dice el comunicado del Ministerio Público, como respuesta a un recurso de reposición que interpuso Petro el 31 de diciembre.
El comunicado de la Procuraduría se refiere a una investigación disciplinaria que inició a principios de 2013 tras la fallida puesta en marcha por parte de Petro de un esquema de recolección de basuras que pretendía quitarle el control de este a operadores privados y dejárselo a una empresa pública. Sin embargo, según el ente de control, se presentaron serias irregularidades y además la decisión del alcalde violaba un principio constitucional que garantiza la libre competencia.
El ahora destituido alcalde de Bogotá intentó recusar al Procurador General, el conservador Alejandro Ordóñez, quien legalmente tiene la potestad de revisar en última instancia su caso, por considerar que el proceso era una persecución política y porque además sostiene que esta entidad no tenía entre sus funciones la competencia para destituir un funcionario electo popularmente.
Sin embargo, según la decisión de la Procuraduría, esta entidad tiene “plena competencia” para investigar y juzgar a servidores públicos, incluso los de elección popular, como lo es Gustavo Petro, un ex guerrillero del M-19 que dejó las armas para participar en la vida política en 1991 y se alzó con la Alcaldía en enero de 2012 tras ser elegido con más de 700 mil votos. Este ha sido uno de los argumentos que ha utilizado el regidor de Bogotá para intentar frenar su destitución, que como ha sucedido desde que se conoció la noticia en diciembre, ahora ha vuelto a convocar a los bogotanos para que se movilicen contra lo que él considera un “golpe de estado”. “Desde Bogotá convocamos a todas las fuerzas democráticas del país, a toda la ciudadanía a movilizarnos contra el golpe de Estado”, escribió en su cuenta de Twitter.
Ahora el presidente Juan Manuel Santos tiene 10 días para firmar el decreto que pondrá fin al mandato de Petro, lo que también le significaría su muerte política toda vez que la inhabilidad para ocupar cargos públicos es de 15 años y si se tiene en cuenta que el político tiene 53 años, volvería a la arena pública en el año 2028 cuando tenga 68 años.
También se cancelaría el referendo revocatorio que estaba programado para el 2 de marzo -y que es independiente de la sanción de la Procuraduría-, y en el que Petro había centrado sus esperanzas. “Nosotros queremos ir a las urnas, que la ciudadanía decida si nos quedamos o nos vamos”, dijo el viernes ante miles de seguidores que se reunieron en la Plaza de Bolívar para rechazar la decisión de la Procuraduría.
El alcalde de Bogotá ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que decrete medidas cautelares para suspender la ejecución del fallo de la Procuraduría, a lo que el procurador Ordóñez ha dicho según el diario El Tiempo, que las normas de la CIDH no son vinculantes: “Ellos no pueden ordenar a ningún Estado. Pueden solicitar. El sistema interamericano de justicia es complementario no alternativo, pero son eventualidades que hay que esperar, eso es lo que dicen las normas”.
Lo que sí se da por descontado es que Santos tendrá que llamar a elecciones anticipadas para cumplir el período del destituido burgomaestre que terminará el 31 de diciembre de 2015, y mientras se convoque a comicios, también tiene la potestad de nombrar de manera provisional a una persona que se ocupe de la alcaldía hasta la realización de las elecciones.
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