Durante décadas los fiscales penales de Uruguay retiraron nafta para sus vehículos particulares en los talleres del Centro de Abastecimiento y Mantenimiento Automotriz (Cayma) del Ministerio del Interior, según fuentes policiales comenzó en la década de 1950 y se extendió hasta 2011, poco antes de que el ministerio decidiera cerrar el centro por irregularidades. Si bien no existía ninguna resolución por escrito que lo autorizara, era una práctica conocida y admitida por las autoridades policiales.
El hecho fue mencionado en el juzgado de Crimen Organizado por la exjefa del Cayma. La mujer y otros dos funcionarios policiales, que declararon esta semana ante la Justicia, señalaron que nueve fiscales penales retiraban nafta sin una autorización que lo estableciera.
El juez Dr. Néstor Valetti y la fiscal Dra. Mónica Ferrero investigan desde 2011 las maniobras con vales de nafta por las cuales personal policial jerárquico y subalterno retiraba vales de nafta y los canjeaba en al menos tres estaciones de servicio por dinero o por productos, cuyos propietarios también son indagados. El Ministerio del Interior cerró el centro por corrupción y presentó denuncia penal.
3 de los indagados señalaron que los magistrados que cargaban nafta en el Cayma eran las ex fiscales Dras Mirtha Guianze y Elsa Machado, los fiscales Dras. Adriana Costa, Raquel González, Cristina González, Dora Domenech y los Drs. Carlos Negro y Luis Bajac, actualmente fiscal de Aduanas.
Según dijeron al diario El Observador fuentes judiciales, los policías declararon que algunos de los fiscales que utilizaban nafta no tenían libreta de conducir.
También señalaron que sacaban nafta fuera del turno penal.
Supuestamente, el objetivo de este beneficio era que la utilizaran para asistir durante el turno penal a las escenas del crimen.
Fuentes del caso dijeron que es probable que el juez Valetti pida un informe al fiscal de Corte y al Interior para conocer si existe una resolución que lo autorice.
De esos fiscales, el único que obtuvo una autorización escrita fue Carlos Negro.
Cuando llegó a la fiscalía pidió al entonces jefe de Policía, Wilder Ferreira, que le autorizara a retirar combustible y este firmó una resolución. Ferreira es uno de los indagados en esta causa.
Los fiscales señalados le pidieron ayer al Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz que inicie una investigación administrativa “para que se demuestre que no cometieron ninguna irregularidad”, dijo a El Observador el Secretario Letrado de la Fiscalía de Corte, Dr. Fernando Romano, designado vocero por los fiscales. Díaz hará lugar al pedido.
Justamente ayer Díaz había convocado a los fiscales para informarles de un nuevo mecanismo de comunicación con la Policía y aprovechó para preguntarles sobre este tema que desconocía y le “sorprendió”.
Romano señaló que en 2011 el entonces jefe de Policía, Diego Fernández, divulgó una resolución que suspendía la entrega de nafta, pero dijo desconocer si en esa resolución se mencionaba a los fiscales.
Agregó que dos fiscales presentaron notas el 15 y 23 de diciembre de 2011 en las que pedían se restableciera lo que consideraron “un derecho adquirido”, teniendo en cuenta que no se les proporciona vehículo y deben trasladarse por sus propios medios.
“No hay que olvidarse la tarea que hacen los fiscales y que muchos de ellos se trasladan en ómnibus con los riesgos que implica”, destacó en defensa de sus colegas.
Una de las fiscales mencionadas dijo que esto es “una injuria tremenda”, que afecta la imagen de todos.
Una práctica conocida
La ex fiscal Mirtha Guianze dijo a El Observador que la entrega del combustible era una práctica que venía desde la década de 1990. En aquel entonces los fiscales José Pumarega y Célida Basso promovieron un acuerdo con el Ministerio del Interior para que les dieran nafta.
Según explicó, desde ese momento los fiscales de primer a octavo turno empezaron a recibir 120 litros de nafta por mes. Luego cuando llegó el fiscal Carlos García Altolaguirre (quien fue procesado por coimas en 2003) pidió que se extendiera a todos. Entonces, les redujeron la cantidad a 50 litros.
Por medio de un e-mail que envió a sus conocidos, Guianze manifestó ayer su indignación con el caso y cuestionó a la fiscal del caso, Ferrero.
“Me extraña sobremanera también que alguno/a/s fiscales digan que nunca hicieron uso del beneficio” (...) Y la fiscal que lleva el caso forma parte del grupo de los impolutos que nunca cargó combustible, tal vez porque su esposo es policía y lo juzgó inoportuno”, escribió.
Además dijo que “llama poderosamente la atención que se personalice esa presunta anomalía, en un reducidisino grupo de fiscales.cuando todos saben que los vales fueron otorgados a varias tandas de magistrados, algunos ya jubilados”.
El ex fiscal de Corte, Dr. Rafael Ubiría, dijo a El Observador que cuando llegó a penal en 1998 “ya existía esa costumbre. Había un cuaderno en el que se registraba el nombre del fiscal y se firmaba al costado”.
Agregó que en 2007, cuando asumió en la Fiscalía de Corte, averiguó si había alguna resolución escrita que habilitara a los fiscales a recibir combustible pero “no la encontró”. “Era algo que sabía todo el mundo. No era algo oculto”, remarcó Ubiría.
Sin embargo, no todos los fiscales hacían uso de este beneficio. El ex fiscal Eduardo Fernández Dovat dijo que nunca lo utilizó. Señaló que otro colega averiguó en la Fiscalía de Corte si existía alguna resolución que lo permitiera y como le dijeron que no, nunca llegaron a sacar combustible.
La Policía trasladará a los fiscales
El fiscal de Corte, Jorge Díaz convocó ayer a los fiscales penales y de Aduanas para comunicarles de un acuerdo con el Ministerio del Interior para mejorar las comunicaciones entre Policía y fiscales, sobre todo de cara al nuevo proceso penal, que se supone aprobará el Parlamento e implicará que el fiscal lleve adelante la investigación y el juez solo juzgue con las pruebas que el fiscal reúna. Según les explicó Díaz, a partir de ahora la Policía comunicará a cada fiscal los hechos delictivos y será la encargada de trasladar a los fiscales a la escena del crimen.
Gilberto Rodriguez a Crímen Organizado
El fiscal penal Gilberto Rodríguez sustituirá a la fiscal Mónica Ferrero en Crimen Organizado, informó ayer el semanario Búsqueda. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, tomó la decisión pero hasta ayer, cuando se conoció la noticia, no se la había comunicado a Ferrero.
Según informó el semanario Búsqueda, Rodríguez asumirá en el cargo a mediados de diciembre, cuando regrese de una licencia que tomó. Rodríguez es el fiscal del caso de los enfermeros. Antes estuvo en Adolescentes, y antes en Ciudad de la Costa. Cuando se conoció la noticia del traslado de Ferrero, parlamentarios plantearon preocupación por el enlentecimiento que sufrirán los casos sensibles que indaga la fiscal.
Una orden verbal de un jefe de Policía de Montevideo de la década de 1950 dio la autorización para que fiscales de crimen, jueces de instrucción y médicos forenses pudieran retirar combustible del Ministerio del Interior, dijeron a El Observador fuentes del ministerio. La idea era financiar el gasto que tenían esos funcionarios para desarrollar sus tareas, agregaron.
En 1981 con la modificación del Código Penal desaparecieron los jueces de instrucción.
No está claro cuándo se quitó el beneficio a los médicos forenses, mientras que algunos fiscales siguieron retirando cierta cantidad de nafta del Centro de Abastecimiento y Mantenimiento Automotriz (Cayma) hasta el año 2011. Los fiscales, sin embargo, señalaron que lo hicieron a partir de 1990.
Las autoridades de Interior decidieron presentar la denuncia penal, cerrar el Cayma y tercerizar la reparación de los patrulleros, luego de comprobar una serie de irregularidades con vales de combustible, arreglos de vehículos oficiales y gastos en lubricantes y repuestos. A su vez, se puso punto final a la entrega de nafta a los fiscales por considerar que ese gasto no correspondía al Ministerio del Interior.
Además, según las fuentes, el nuevo sistema permitió bajar costos. De hecho, la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior informó que la compra de combustibles a ANCAP pasó de 88.024 litros en 2012, a 16.808 ( 80,5 % menos) en lo que va de 2013, lo que confirma el manejo irregular que había en ese rubro.
A mitad de año, Interior y ANCAP firmaron un convenio para la compra de lubricantes a través de tarjetas magnéticas para hacer los cambios de aceite en estaciones de ese sello y se pagarán precios con descuentos cuando el aceite se retire de la planta de La Teja.
Según las fuentes, la investigación policial, que tiene en la mira a 8 funcionarios, detectó que se utilizaron vales de nafta que se cambiaban por dinero en estaciones de servicio, mientras que en los registros se hacía figurar que se cargaban decenas de litros de combustible. También se indagó a propietarios de estaciones de servicio respecto a lo que podría configurar un delito de fraude.
Por el juzgado estos días han pasado más de 40 personas entre indagados y testigos.
La maniobra es similar a la detectada en la Armada, que derivó en procesamientos de oficiales. En ese caso, la Justicia probó que se cobraron millones de pesos en estaciones de servicio. Los oficiales de la Armada entregaban los vales y los comerciantes les daban un cheque por parte de ese monto; luego le cobraban a la Armada la totalidad del dinero.
En el caso del Cayma se detectó el faltante de unos 8.000 litros de combustible mensuales.
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