La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas". Con esta frase de Enrique Múgica Herzog -vasco, socialista, ex Defensor del Pueblo en España-, el Licenciado en Psicología Fernando Rodríguez Herrera, encabezó el 6to. informe de su gestión como Defensor del Vecino de Montevideo.
Fue su último informe anual y su despedida de un instituto creado en 2003 -a imagen y semejanza de otras democracias sólidas- que acaba de ser sometido a una degradación manifiesta mediante un decreto departamental que afectará, en el futuro, su credibilidad e independencia.
Como es sabido, la Defensoría del Vecino o del Pueblo está reservada a una personalidad capaz de brindar a los ciudadanos las mayores garantías de pluralidad, honestidad e independencia técnica; por ello, en todas las instituciones de esta naturaleza que existen en las democracias occidentales, se requieren mayorías calificadas (2/3 o 3/5 del Parlamento, o en este caso del legislativo departamental) para acceder al cargo.
El decreto aprobado por la Junta rebaja sensiblemente ese requisito, estableciendo la posibilidad de que la elección del Defensor se resuelva por mayoría absoluta en caso de no haber alcanzado los 2/3 o 3/5 en las dos rondas anteriores. Como el partido que gana la elección departamental tiene mayoría automática en la Junta, puede designar así un Defensor del Vecino que defienda más al gobierno que al vecino. Otro ar- tículo del nuevo decreto permite también destituirlo por mayoría, lo cual podría inducir a la docilidad del titular.
Sobre esta nueva regulación -que ya había sido anunciada- el propio Fernando Rodríguez ha manifestado su preocupación, "pues contradice la esencia de la creación plural de un Ombudsman, contradice las recomendaciones de Naciones Unidas plasmadas en los Principios de París y la historia internacional de creación de marcos jurídicos que rigen la creación y competencias de los ombudsman del mundo".
Como muchas de las recomendaciones que ha hecho durante su gestión, su llamado de atención no fue tomado en cuenta.
La pregunta que cabe formular aquí es por qué motivos la mayoría frenteamplista de la Junta ha impulsado esta polémica modificación.
La gestión de Rodríguez desde que asumió en diciembre de 2006 fue intachable, prolija y metódica, como los informe anuales que ha venido divulgando año a año -desde 2007- sobre la labor de la institución. Son, quizás, los documentos más trasparentes y minuciosos que se han elaborado desde cualquier estamento oficial para conocimiento del público. En ellos registra y analiza las consultas o reclamos que llegan a su oficina, las recomendaciones que ha hecho para su solución, y el grado de aceptación que esas recomendaciones han tenido.
Esa trasparencia puede ser fastidiosa para un gobierno que muestra una tendencia cada vez más acusada a reservarse información de interés público. También resulta irritante, para algunos directores municipales, tener que atender "recomendaciones" que, en última instancia, trasuntan la molestia de los ciudadanos por un deficiente servicio municipal o una acción arbitraria.
Ese fastidio de los burócratas hacia las "recomendaciones" del Defensor del Vecino quedó bien expuesto en el último informe, donde Rodríguez llegó a transcribir una carta enviada a la Intendenta Ana Olivera dejando leer entre líneas la falta de colaboración de las dependencias del Gobierno Departamental para el ejercicio de su misión.
¿Qué puede esperar el ciudadano común que se acerca a un mostrador municipal a plantear una queja o un reclamo, cuando al propio Defensor del Vecino le encajonan los expedientes y le dilatan las respuestas más allá de lo admisible?
Las lamentaciones de los vecinos, aisladas, sin caja de resonancia, pueden ser enterradas en los mostradores sin que nadie -salvo el interesado- se entere. La tarea que cumple el DV, divulgando esos reclamos y ocupándose de su solución, le presta al ciudadano un altavoz que, para el gobierno, es tan molesto como la contaminación acústica.
Lo que se busca es bajarle el volumen a esa voz, hasta que sea casi inaudible.
La pregunta que cabe formular aquí es por qué motivos la mayoría frenteamplista de la Junta Departamental de Montevideo ha impulsado esta polémica modificación.
Fuente: El País
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