El dirigente del gremio de la bebida, Richard Read, apuntó hacia los empresarios: "Tienen que decirlo: queremos voltear a este gobierno, queremos un gobierno blanco y colorado como había antes'. Para Read 'hay que ser muy vil y muy canallesco, hacer incluir a Uruguay en una lista donde están los países que matan dirigentes sindicales. Los señores de la Cámara de Industria que tienen derecho a opinar en contra, tuvieron la oportunidad de discutir el proyecto de ley de Convenio Colectivo y se retiraron de las discusiones'.
'Es un tema político partidario: se acercan las elecciones, ellos trabajan para los blancos y colorados. Tienen que decirlo: queremos voltear a este gobierno, queremos un gobierno blanco y colorado como había antes que vivíamos bárbaro, que no había Consejo de Salarios, que no aceptaban aumentos, que echábamos a la gente cuando queríamos, están reivindicando eso', afirmó Read.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta calificó de “mala fe” el obrar de la Cámara de Industria (CIU) y la Cámara de Comercio (CNCS) acusando al gobierno de incumplir las recomendaciones de la OIT, y puntualizó que nuestro país estuvo excluido de la lista de las naciones que infringen las normas laborales.
Tanto Brenta como Read dialogaron con 'Mesa de Noticias' de La Catorce 10.
Ayer, la Cámara de Industrias y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) emitieron un comunicado expresando su 'preocupación por la falta de avances por parte del gobierno del Uruguay en el cumplimiento de las recomendaciones y conclusiones de los órganos de contralor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)'. Desde Ginebra, el ministro Brenta informó que 'en la mañana de hoy (ayer) cuando concluyó el trabajo de la Comisión que analiza el cumplimiento de los Convenios en la OIT, que es la que define la lista de los casos a atender, en donde Uruguay estuvo excluido, no integró esta lista, y ni siquiera la pre lista previa de 40 países'.
Comentó que 'el vocero del sector empleador, representante de la OIE hizo una breve referencia al hecho de que Uruguay no había representado avances durante este último tema en relación a este tema'.
A renglón seguido, detalló el ministro, 'el gobierno de Uruguay pidió la palabra para replicar esta situación y lamentamos la ignorancia, y falta de conocimiento y de mala fe porque efectivamente el caso no estaba siendo analizado y por tanto no había que hacer ninguna referencia a Uruguay pero sí hicimos una larga intervención explicando todos los pasos que se habían dado desde la visita de la directora general del Departamento de Normas a Montevideo'.
También, 'el intercambio de los ex Presidentes de la CIU, la conclusión de un proyecto de ley que fue enviado al Parlamento, la modificación del Consejo Superior Tripartito y que este organismo adoptó su propio régimen de funcionamiento y a la hora de votar hubo 16 votos: 6 de los trabajadores, 6 de los empleadores y 4 de la Cámara de la Alimentación, de la Construcción, del Transporte, y Mercantil y solo votaron en contra la CIU y la CNCS'.
El problema de fondo
Desde que comenzó a discutirse y luego tras su aprobación en el año 2009, la ley de Negociación Colectiva se transformó en blanco de críticas para las cámaras empresariales. En los ocho años de gobierno del Frente Amplio se llevan aprobados medio centenar de normas y decretos en materia de relaciones laborales que en su mayoría significaron un avance en la legislación que favorece a los trabajadores.
La reinstalación de los Consejos de Salarios en 2005 (interrumpidos en el gobierno de Luis Alberto Lacalle en 1990) fue uno de los logros más destacados, incluso por algunos empleadores. Sin embargo, la sanción de la norma que regula la negociación nunca terminó de convencer a los empresarios. Cuando Tabaré Vázquez fue electo manifestó su voluntad de buscar consensos para elaborar una ley que permitiera acordar salarios y discutir sobre condiciones de trabajo. La propuesta contó de inmediato con el apoyo del PIT-CNT y el rechazo de los empleadores, que en varias oportunidades se quejaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los alcances de su contenido.
La ley que está vigente hace cuatro años sigue en el centro de la agenda. El caso será analizado en las próximas semanas por la asamblea anual de la OIT que se está celebrando en Ginebra, Suiza.
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