URUGUAY: FISCAL IMPUGNA A 4 MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, POR ANUNCIAR UNA MURALLA CONTRA LOS JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

La fiscal en lo penal Dra. Ana María Tellechea recusó a 4 de los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia (Ruibal, Chediak, Chalar y Larrieux) por 'prejuzgar' en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, dijo la magistrada al noticiero Subrayado de canal 10. Tellechea presentó el recurso para que Ruibal, Chediak, Chalar y Larrieux se aparten de los casos vinculados a delitos de la dictadura.


Esto es por lo que dijo el presidente de la Corte, Dr. Jorge Ruibal, acerca de que cualquier caso que llegue al máximo órgano judicial sobre delitos de la dictadura, será archivado por entender que esos delitos prescribieron.

Ruibal habló de una 'muralla' que encontrarán en la Suprema Corte fiscales y jueces que pretendan procesar a militares o policías vinculados a delitos de la dictadura.

Sobre esta base se expidieron los 4 ministros de la Corte ahora recusados por Tellechea, cuando votaron a favor de declarar inconstitucional la ley que eliminó los efectos de la ley de Caducidad.

La recusación, de ser acogida, implica que Ruibal, Chediak, Chalar y Larrieux no puedan decidir sobre casos de delitos cometidos en la dictadura que lleguen a la Corte.

En ese caso, reconoció Telleche a Subrayado, no sabe qué debería hacer la Corte al quedarse solo con un ministro efectivo ya que no hay antecedentes, dijo la fiscal, de una acción recusatoria contra 4 miembros del máximo órgano judicial del país.

La solución puede ser que se convoque a ministros de Tribunales de Apelaciones para que atiendan los casos donde los ministros recusados no podrían actuar. Eso pasa cuando falta por alguna razón un ministro en la Suprema Corte.

Tellechea dijo que su decisión es compartida por otros fiscales penales con los que se ha reunido en las últimas horas, como informó este jueves Búsqueda.

La fiscal dijo al respecto que este jueves de tarde se reunirá con otros fiscales que comparten su posición en el sentido de que los delitos cometidos en dictadura (1973-1985) son imprescriptibles, por lo que sus autores pueden y deben ser juzgados.

Todo esto explotó cuando una fiscal negó la libertad del ex policía Ricardo Zabala, procesado por la muerte del maestro Julio Castro durante la dictadura.

La decisión final de si se libera o no a Zabala es del juez Dr. Fernández Lecchini, pero ya se conoce la posición de la fiscal, en el entendido de que el homicidio de Julio Castro es un delito de lesa humanidad y no prescribe.

Esta posición choca de frente con lo que decidió la Suprema Corte y por eso fue que su presidente, Ruibal, dijo que cualquier caso que llegue a la corte se encontrará con una 'muralla'.