El juez de Menores Dr. Hugo Morales reclamó a los legisladores que en lugar de criticar fallos judiciales, reformen el Código de la Niñez y la Adolescencia para que los magistrados no estén "obligados" a descartar la internación de los menores infractores o puedan dictar máximos de internación mayores.
Morales (53) es el juez de menores de Montevideo con más experiencia en el cargo, ya que trabaja en la materia desde 1997.
En su último turno, tuvo a su cargo el caso de una polémica rapiña cometida por dos jóvenes en un local de venta de celulares de Maroñas, a quienes enjuició pero con un régimen de arresto domiciliario.
Los asaltantes, una chica de 16 años de edad y su hermano de 14, se llevaron cinco celulares y cerca de $ 10.000. Durante el robo, la joven amenazó a una mujer que se encontraba en el local colocándole un cuchillo en la garganta.
Y aunque la Fiscalía pidió que la adolescente fuera internada y su hermano enjuiciado con un sistema de arresto domiciliario, Morales decidió aplicar esta última medida a ambos porque, entre otras cosas, concluyó que no tenían el delito como medio habitual de vida.
-¿Por qué decidió iniciar proceso a los dos adolescentes con arresto domiciliario siendo que la Fiscalía había pedido la internación de la joven?
-Lo que pide el fiscal es lo que pauta el máximo y el juez no puede ir más allá de eso, pero sí puede tomar una medida menos gravosa. En el caso concreto, eran dos los participantes, hermanos entre sí, y la fiscal discriminó en la medida que para el chico no pidió la internación y para la chica sí. Yo entendí que no había razón para esa discriminación, y por eso impuse a ambos el arresto domiciliario.
-¿Cómo llegó a la conclusión de que los dos merecían la misma sanción?
-Los dos tenían cuchillos. Uno se concentró en la encargada del local y el otro en la clienta. Si bien hay cierta espectacularidad en el accionar, entendí que la responsabilidad era la misma del chico que de la chica.
De hecho, si en estos casos no se puede aplicar este tipo de medidas, hay que reformar todo el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Yo entendí que en este caso, la internación, en vez de ser favorable para un proceso de asunción de responsabilidad, podría producir un afianzamiento de aspectos negativos en la joven.
La resolución de Morales en el caso que implicó a los hermanos que asaltaron el local de venta de celulares generó críticas, sobre todo, en relación a la joven de 16 años que amenazó a una clienta con un cuchillo.
"El principio general del Código de la Niñez apunta a que se acuda a la internación solo en los casos en los que sea absolutamente necesario. Ahora, si eso se quiere cambiar, hay que hablar con los legisladores.
Pero mientras tanto, nosotros -dijo Morales- tenemos que acudir, en lo posible, a medidas que no impliquen la privación de libertad de los menores".
-Más allá de la explicación jurídica, el ciudadano de a pie seguramente no pueda entender cómo una joven de 16 años que amenazó a una mujer poniéndole un cuchillo en la garganta en una rapiña no sea internada para su rehabilitación...
-De eso se trata: hay un claro desconocimiento a nivel social de lo que prevé el Código de la Niñez, porque en su momento se aprobó sin ningún tipo de participación social.
Entonces, hay una tensión entre lo que el legislador plasmó y lo que la gente quiere o para lo que está preparada.
Así, por ejemplo, quizás la población no está preparada para que el principio sea el procesamiento sin prisión, como es lo que se proyecta para los adultos.
Yo escuché en estos días a un legislador del partido de gobierno criticar mi resolución en este caso.
Entonces yo pregunto si leyeron bien el Código, porque si se lee bien, esa decisión no puede causar ninguna conmoción. Si les parece que está mal, que le den un criterio al juez para que no esté obligado -como lo está- a descartar la privación de libertad.
La dueña del local de venta de celulares rapiñado por los dos hermanos, dijo que "el padre de los menores está detenido y la madre recientemente fue liberada por un caso de drogas".
Para Morales, el hecho de que los padres tengan o hayan tenido "problemas con la Justicia" no puede ser considerado como un indicador que obligue a descartar la adopción de medidas no privativas contra los menores infractores, como el arresto domiciliario.
-¿Se averigua la situación de los padres a la hora de entregarlos a sus responsables o disponer un arresto domiciliario?
-Puede influir, pero de todas maneras es un elemento externo. No podemos responsabilizar más allá del delito que cometió la persona y si alguien cumplió una pena por un delito anterior, ya pagó por sus actos y no podemos seguir castigándolo.
Pueden haber padres que hayan tenido problemas con la Justicia y hoy por hoy integran un adecuado núcleo familiar. Pero puede pasar lo opuesto: que los padres no tengan antecedentes, pero que el grupo familiar no brinde apoyo ni control al adolescente.
-Si un menor reconoce en el juzgado que sus padres están en prisión, ¿eso inhibe la posibilidad de enjuiciarlo sin privación de libertad?
-Eso puede tener alguna influencia. Hay que ver de qué delito se trata, porque puede ser un delito muy grave pero no vinculado a delitos contra la propiedad. Quizás es un hecho puntual y no implica la existencia de una carrera criminal.
-¿Cómo controla el juzgado el cumplimiento de los arrestos domiciliarios?
-El equipo técnico del juzgado hace visitas sorpresivas y, además, eso se complementa mediante llamadas telefónicas, para confirmar que el joven bajo arresto esté en su casa. Si se constata un incumplimiento, la medida se puede cambiar por la internación.
El juez de menores Hugo Morales, al igual que la mayoría de los operadores judiciales vinculados al sistema de jóvenes infractores, está en contra de bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, tal como lo propone una campaña de recolección de firmas impulsada por el Partido Colorado.
"Me parece que la solución no va por encerrar gente joven, porque con eso lo que se hace es dilatar la solución al problema para en unos años tener un problema tal vez aún mayor", dijo el juez a El País.
Por eso, según la opinión de Morales, más que evaluar la baja de la edad de imputabilidad es necesario mejorar "las carencias que tiene el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) en cuanto a medidas y las características del proceso".
En ese sentido, Morales recordó que los jueces han planteado varias iniciativas tendientes, por ejemplo, a elevar de cinco a diez años el máximo de internación de menores infractores.
El próximo martes la Cámara de Diputados aprobará dos proyectos en torno a la problemática de los menores infractores: uno modifica el CNA y tipifica el hurto en grado de tentativa y amplía el plazo de los jueces para dictar sentencia; el otro crea el Instituto Nacional de Rehabilitación de Menores.
Por otro lado, Morales consideró que si el INAU no logra abatir el índice de fugas, el análisis de propuestas en torno a mejoras legislativas en
relación a los menores infractores "es una discusión
sin sentido".
El juez señaló que si bien las fugas "disminuyeron en los últimos meses", la situación "es preocupante". Morales recordó que en 2009 los hogares del INAU registraron más de 1.000.
Fuente. El País
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