El 25 % del presupuesto dedicado a obras en el Parlamento para este quinquenio 2010-2015, que suma $ 202 millones, se dedicará a expropiar y demoler un grupo de viviendas en estado ruinoso frente al Palacio. Más de 45 familias serán realojadas.
Un fuerte olor a humedad se siente al subir las empinadas escaleras de la casa de Sofía Callero -una señora de 74 años- y su nieta Raquel en D. Fernández Crespo(ex Sierra)y Madrid, a media cuadra del Palacio Legislativo.
Las dos mujeres viven en un edificio que ocupa casi una manzana, que está dividido en más de diez casas, cada una con su puerta a la calle.
Legisladores y funcionarios del Palacio denominan a esta zona como "los tugurios".
Algunos viven allí hace décadas y dicen ser dueños de la vivienda, aunque en realidad han ocupado en forma ilegal. Otros entran y salen cada poco tiempo, ya que varias casas funcionan como improvisadas pensiones.
Se trata de dos padrones: uno pertenece al Palacio Legislativo y el otro a la Intendencia de Montevideo (IM), aseguran sus ocupantes. En algún momento, nadie sabe cómo ni por qué, el sitio quedó abandonado y fue ocupado. Hoy es tierra de nadie.
La idea es demoler esas casas en estado ruinoso para extender y embellecer la zona verde cercana al Palacio.
"Buscamos atender los problemas de seguridad", explica el diputado frenteamplista Carlos Varela, que integra la Comisión Administrativa. Los vecinos de la zona hicieron llegar al Palacio la "preocupación por la falta de seguridad, ya que en esas casas se alojan delincuentes", asegura el senador Gustavo Penadés.
Aunque el plan data de hace varias décadas, ahora parece haber firme decisión de concretarlo y el presupuesto de la Comisión Administrativa, que será votado en el Senado, asigna $ 5 millones para expropiaciones, demolición y acondicionamiento de los padrones y $ 48 millones para el "reasentamiento de los ocupantes".
En total el presupuesto destina $ 202.450.000 para diferentes obras (casi US$ 10 millones), además de $ 24.000.000 para reparaciones varias.
RUINAS. "¿Cuándo nos van a realojar?", pregunta Sofía en la puerta de su casa, vestida de camisón y con los ojos bien abiertos. Varias veces la han ido a censar, pero el realojo no se concreta. "Ojalá sea pronto", dice la mujer, que no tiene ganas de seguir viviendo allí.
Se pone la dentadura postiza y se queja por el estado ruinoso de la vivienda. Cuenta que otra mujer era "la dueña" de su casa y que se la dejó para "cuidar", pero que en realidad esa y varias viviendas más hoy son propiedad de la IM porque la dueña original no pagó los impuestos. "La casa está a la miseria, se caen los revoques", admite la señora e invita a pasar. "Síganme los buenos", dice Raquel, la nieta.
Las paredes y techos se caen a pedazos en la oscura vivienda, de dos dormitorios y una pequeña cocina con garrafita.
En uno de los cuartos hay varios colchones en el piso, en el otro una cama tendida y prolija. Balcones no hay: hace unos años fueron tirados por peligro de derrumbe. "Múdese de acá cuanto antes", le recomendaron los bomberos a Sofía, cuando tiraron abajo los balcones.
Raquel cuenta que se lleva "muy bien con los vecinos", sin hacer caso a las protestas por falta de seguridad en la zona. Al despedirse, esboza una sonrisa y acota: "Estamos para servir a la humanidad".
Menos amables parecen ser un grupo de personas que habitan en la primera vivienda si se camina por Fernández Crespo desde el Palacio Legislativo.
"Esos son los peruanos", cuenta Julio Alvez, un viejo tapicero que vive en estas casas desde hace 30 años. Alvez señala a cuatro o cinco hombres que trabajan en los buques pesqueros y que miran de reojo mientras descansan en la vereda.
"El gobierno les permite venir a trabajar acá", se lamenta el tapicero, con cierta resignación.
Al lado de la casa de "los peruanos", viven varias familias en un casa que alquila una señora que se presenta como Paula Mena. Uno de ellos también es trabajador pesquero, pero uruguayo. Paga $ 2.500 mensuales por una pieza. "Estoy poco tiempo. Cada quince días viajo", dice el hombre.
Cuando se le pide permiso para ingresar al hogar, el trabajador pesquero llama a Mena, que pone cara de pocos amigos y no deja sacar fotos.
En el piso de la escalera se aprecia un bello mosaico, vestigio de una época de esplendor que ya pasó. En el primer piso de la casa de Paula Mena hay una claraboya hecha añicos y ahora tapada con algunas lonas. A los costados, varias habitaciones o "apartamentos", como les dice la dueña de casa, que asegura que paga mensualmente a la Intendencia $ 1.800 por cada uno.
Por ahora no hay plazos concretos para la obra, aunque la idea es terminarla antes del año 2015. "Se va a hacer un nuevo censo pero no queremos mucha bulla porque si no aparecen 1.000 personas que dicen que viven ahí y que también quieren que los realojen", admite un legislador.
Pero el problema es viejo como el Palacio Legislativo. Lo admite Penadés: "El tema es que una vez que se desaloja a alguien, al minuto entra otro y todo vuelve a empezar".
La mesa está dispuesta sobra la vereda a media cuadra de la entrada del Senado, sobre la calle Fernández Crespo. En una fuente hay unas tiras de asado y chorizos y en otra fuente ensalada rusa.
Julio Alvez, el tapicero, come con su hijo, nuera y nieto. A unos metros está Malevo, su perro, uno de los tantos que rondan la zona. Unos metros más allá, bloques y material para realizar algunos trabajos dentro de las casas. Alvez vive en los edificios de la calle Fernández Crespo desde hace tres décadas y allí tiene montada su improvisada tapicería.
De hecho, arriba de la mesa y al lado del asado hay dos sillas que le dejaron para tapizar. "Con lo poco que gano me da para comer y tomar alguna sidra de vez en cuando. Es lo único que tomo", dice el tapicero, que tiene una herida en el medio de la cabeza calva.
Alvez no paga luz ni agua. "No sé quién lo paga, es del parque", dice el hombre, que pisa los 70 años. Y cuenta que en el edificio donde viven él y unas 45 familias funcionaba una vieja biblioteca y un depósito del Palacio Legislativo hace ya varias décadas.
A Julio no le preocupa demasiado que le vayan a expropiar su casa, donde vive con otras once personas, "todos familiares".
Será porque han ido a censarlo varias veces y nunca se concretó el realojo.
"Andá a preguntar allá al Palacio, donde están los cuatro vivos que manejan la guita", ironiza el tapicero, mientras su hijo y la nuera se mantienen en silencio.
Pero ya hay un antecedente: hace unos años se demolieron varias casas que había en esa misma manzana, donde hoy hay un parque con hamacas.
"En el Palacio Legislativo no hay una inversión importante desde hace treinta años. Hay un gran deterioro edilicio que ahora se piensa empezar a revertir en forma tímida", explica el senador nacionalista Gustavo Penadés cuando se le pide una justificación para el plan de obras que costará unos US$ 10 millones.
Diseñado por el arquitecto italiano Vittorio Meano, el Palacio Legislativo fue inaugurado en 1925. La última refacción se realizó en el período pasado: cambiaron los techos de cobre del edificio central por US$ 500.000.
Entre otras obras previstas para este período, se impermeabilizarán las azoteas del Edificio Anexo y se proyecta utilizar un espacio al lado de ese edificio -donde hoy existe un helipuerto- para construir dos salas de eventos y conferencias por US$ 1.700.000.
El objetivo es "no desgastar" las antesalas de las cámaras y el Salón de los Pasos Perdidos, donde hoy se realizan eventos.
Además, se sustituirá el alfombrado de los cuatro pisos del Anexo por baldosas de granito, para evitar tener que reponer la moquete. Eso costará casi US$ 400.000.
Se proyecta restaurar la sala de sesiones de la Cámara de Diputados porque "los sillones están desvencijados, el cuero tiene agujeros y algunos no se pueden utilizar", dice Penadés. Estas refacciones costarán US$ 480.000.
Unos US$ 200.000 saldrá la recuperación de esgrafiados, dibujos realizados con punzón en las paredes de patios interiores del Palacio Legislativo, que se encuentran en muy mal estado.
Se trata de una técnica para la cual no hay actualmente personal capacitado en el país y por eso se firmó un convenio con una universidad italiana, que enseñará a técnicos uruguayos.
Se ampliará el subsuelo del Palacio Legislativo debajo de las escalinatas de la explanada Norte para que funcione allí un depósito que hoy está en un piso alto del edificio central.
El problema es que el peso del material puede provocar "peligro de derrumbe" y por eso se llevará al subsuelo. Esta obra costará US$ 1.300.000.
También se reparará el sistema de aire acondicionado por US$ 1.750.000 y se pavimentará la explanada principal sobre avenida Libertador por US$ 300.000.
El cambio de sensores de incendio y la compra de un sistema de extinción automática costará unos US$ 485.000. Se pagará una cifra similar por la adecuación de las instalaciones eléctricas.
Fuente:El País
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