Tras conocerse los entre telones del porqué el delincuente conocido como “El Pelón” (17 años de edad), quedó libre para añadir una nueva muesca, la tercera, en su haber, jueces, fiscales y abogados de menores coincidieron en señalar que el plazo de 60 día con el que cuentan los magistrados, para dictar sentencia en las causas penales sobre menores, infractores es muy corto.
Para la jueza de adolescentes de Montevideo, Dra. Aída Vera Barreto, el plazo debería ser prorrogable porque existen diversas causas por las que un proceso tan corto puede ser extendido con o sin intención: el pedido de una pericia o la citación de testigos, y así dejar pasar los 60 días.
El fiscal de adolescentes, Dr. Gustavo Zubía, indicó que el plazo no alcanza para dictar una sentencia. Para el representante del Ministerio Público, los legisladores que aprobaron el Código quisieron un proceso rápido pero “entraron en contradicción con la realidad”.
A juicio del defensor de oficio de menores, Dr. Daniel Sayagués, el tema no pasa por aumentar el tiempo del proceso, sino por tratar que los jueces cumplan con el plazo.
“El Pelón” logró la libertad el 30 de diciembre de 2010, una vez que expiró el plazo del juez para expedirse sobre el segundo homicidio que cometió.
El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que el juez tiene 60 días para dictar sentencia durante la “internación provisoria”.
En julio de 2010 el ex juez de menores Washington Balliva defendió su decisión de dejar en libertad a un menor acusado de pertenecer a la denominada banda de "secuestros express" por considerar que se trataba de una forma de "desbaratar al resto de la banda".
Balliva señaló entonces que la Policía había incumplido la orden que él dio de vigilar a un menor que había sido detenido por personal de la seccional 16 y reconocido por una de las víctimas de los secuestros.
“Mi idea era buena”, dijo entonces el magistrado. “No sé si el menor es culpable, pero si lo seguían podrían establecer con quiénes se vinculaba”.
El Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, criticó la postura del magistrado. "Hay algunos jueces, Balliva es uno de ellos, que aunque los menores sean detenidos in fraganti delito, los deriva a los padres porque dice que el INAU no puede contener ni recuperar a nadie. Muchas veces los entrega a padres que los mandan robar", fustigó entonces el Secretario de Estado.
La Suprema Corte de Justicia decidió el 20 de julio del año pasado 2010, trasladar al juez Balliva a un juzgado de Familia.
El presidente de la Corte, Jorge Chediak, dijo que el juez Balliva había solicitado dos veces por motivos familiares y personales que se lo trasladara a un juzgado con menor exposición pública.
El juez era cuestionado por ser de los que dictaban menos procesamientos de menores y optaba por entregarlos a los padres o tutores.
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