Lorenzo
Salgado Araujo, de 52 años, conducía a varios trabajadores a una obra en
Houston.
Johan
Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, salía de su casa en una pequeña ciudad de
Maine.
Jesús
Manuel Arenas-Silva, de 45 años, sufrió un paro cardíaco durante un traslado
entre centros de detención.
En
apenas una semana, los agentes de inmigración de Donald Trump han
matado a tres hombres. Dos de las víctimas ni siquiera eran los objetivos de
sus operaciones.
El primero conducía a varios trabajadores a una obra en Houston. El segundo salía de su casa en una pequeña ciudad de Maine. Ambos fueron tiroteados al volante, sin que se haya difundido ninguna imagen del momento exacto de los disparos que permita comprobar la versión de los agentes.
El tercero falleció durante un traslado entre centros de detención en el estado de Georgia. Viajaba "en autobús" desde el Centro de Detención del Condado de Irwin, en Ocilla, hasta el Centro de Procesamiento ICE Folkston D. Ray, en Folkston.
Los casos han sacudido incluso a la propia agencia. A principios de semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —ICE, por sus siglas en inglés— ordenó suspender la mayoría de las interceptaciones de vehículos mientras revisaba sus tácticas y la formación de sus agentes.
Menos de
24 horas después, Trump desautorizó la medida y exigió recuperar una
herramienta que considera indispensable para su campaña de deportaciones. "No podemos
renunciar a uno de los instrumentos más importantes y efectivos de ICE para
combatir el crimen: ¡los controles de tráfico!", escribió el presidente en
Truth Social.
Su intervención ha dejado en el aire la
revisión anunciada por su propia Administración. La orden es continuar, aunque
los dos últimos muertos hayan sido personas a las que el ICE ni siquiera
buscaba.
Los muertos
Lorenzo
Salgado Araujo salió de casa a primera hora del 7
de julio para recoger a varios trabajadores y llevarlos hasta una obra. Tenía
52 años, había vivido más de tres décadas en Estados Unidos, construía
viviendas y no tenía antecedentes penales.
Los agentes desplegados en Magnolia
Park, un barrio históricamente mexicano de Houston, buscaban a otras personas.
Vieron una furgoneta blanca cuyo conductor se parecía a uno de sus objetivos y
trataron de detenerla.
El Departamento de Seguridad Nacional
(DHS, por sus siglas en inglés) ha reconocido que Salgado no era el hombre al
que perseguían. La agencia sostiene que intentó huir, golpeó un vehículo
oficial y dirigió la furgoneta contra uno de los agentes, que disparó en
defensa propia.
Los tres hombres que viajaban con Salgado ofrecen otra versión: aseguran que ningún agente estaba delante del vehículo y que el disparo fue efectuado a través de la ventanilla del acompañante. No se ha difundido ninguna grabación que permita resolver la contradicción.
Los tres
testigos fueron detenidos. Entre ellos estaba Víctor Salgado,
hermano de la víctima, inmerso ahora en un procedimiento de deportación. Sus
familiares y abogados denuncian que el ICE los ha presionado para que abandonen
voluntariamente el país, una salida que dificultaría su participación en la
investigación.
Seis días después, el patrón se repetía
a más de 3.000 kilómetros.
El ICE
vigilaba en Biddeford, Maine, la última dirección conocida de un inmigrante con
una orden definitiva de expulsión. Cuando un Kia blanco salió del edificio, los
agentes intentaron detenerlo. Al volante estaba Johan Sebastián Durán
Guerrero, un colombiano de 25 años que tampoco era la persona a la que
buscaban. Un agente abrió fuego y lo mató.
El DHS afirmó que Durán trató de escapar
y que el agente, "temiendo por la seguridad pública", disparó. No ha
explicado qué amenaza concreta representaba ni ha difundido imágenes del
momento. La secuencia está siendo investigada por el FBI y por las autoridades
estatales de Maine.
Durán había llegado a Estados Unidos en
2023 y obtenido un permiso de trabajo en mayo de 2025. Madrugaba para limpiar
una clínica veterinaria y por las tardes repartía comida.
Había emigrado para ofrecer una vida mejor a su hija, que acababa de cumplir tres años. Su pareja vio desde una ventana el coche atravesado por las balas. Después salió con la niña y encontró su cuerpo sobre el asfalto.
Jesús Manuel Arenas-Silva murió mismo día que él. En el caso de este venezolano de 45 años, que había llegado a Estados Unidos en octubre de 2021, tras cruzar de forma irregular por una zona cercana a Caléxico, California, sucedió durante el traslado entre centros.
El ICE no confirma la causa de la
muerte. El comunicado desliza la posibilidad de que fuera paro cardíaco, aunque
la determinación oficial queda pendiente de exámenes médicos adicionales.
Fue detenido en Dallas, Georgia, en
cumplimiento de una orden de deportación emitida por un juez de inmigración en
Atlanta a finales de abril.
La rectificación que Trump no permitió
Las dos muertes llevaron a ICE a
suspender la mayoría de las interceptaciones de vehículos, salvo las
relacionadas con sospechosos considerados especialmente peligrosos. La agencia
también anunció que cada equipo de arresto debería contar al menos con un agente
equipado con cámara corporal.
Más de la mitad de los tiroteos de ICE
desde 2017 han comenzado durante una interceptación de tráfico. Por eso, muchos
cuerpos policiales desaconsejan disparar contra vehículos en movimiento: matar
al conductor no detiene el coche y puede hacerlo todavía más peligroso.
La normativa de Seguridad Nacional sólo
permite la fuerza letal ante una amenaza inmediata de muerte o lesiones graves.
La pausa ha quedado en entredicho menos
de 24 horas después. Trump ha exigido que ICE mantenga los controles y ha
presentado la suspensión como una concesión a los delincuentes. En su mensaje
no ha mencionado a Salgado ni a Durán, ni las dudas sobre los disparos.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha insistido en que las deportaciones continuarán, pero todavía no ha aclarado si la orden ha sido formalmente retirada ni qué queda de la revisión.
Tanto en Maine como en Texas las protestas han tomado las calles.
En
Biddeford, la indignación no ha quedado reducida al memorial levantado donde
murió Durán. Horas después del tiroteo, decenas de personas marcharon hasta la
oficina de la senadora republicana Susan Collins y, más tarde,
unas 200 recorrieron la ciudad reclamando que ICE abandone Maine.
Flores, velas y mensajes siguen
recordando al joven colombiano, pero el duelo se ha convertido ya en una
protesta política contra las tácticas de la agencia.
En Houston, la presión también continúa.
Más de un millar de personas salieron inicialmente a las calles y, este martes,
profesores, jóvenes, familiares y activistas han llevado sus protestas hasta el
Ayuntamiento entre gritos de "ICE fuera de Houston".
Tras las críticas recibidas, el alcalde
ha puesto grabaciones y audios de emergencia a disposición de la Fiscalía y ha
solicitado formalmente una investigación independiente de los Texas Rangers.
Una agencia presionada para detener cada vez más
Estas muertes no se producen en el
vacío. ICE trabaja bajo una presión creciente para cumplir la promesa de Trump
de ejecutar la mayor campaña de deportaciones de la historia estadounidense.
La Administración ha fijado como referencia 2.000 detenciones diarias, una cifra que obliga a multiplicar las operaciones y a ampliar el círculo mucho más allá de los inmigrantes con antecedentes violentos.
La expansión ha llevado a la agencia a realizar más arrestos en viviendas, centros de trabajo, aparcamientos y carreteras. También ha aumentado los encuentros improvisados: agentes que buscan a una persona se cruzan con otras, comprueban su situación migratoria y terminan deteniéndolas.
Al mismo tiempo, la Administración está
ampliando el universo de personas expuestas a esas operaciones. El Tribunal
Supremo ha permitido retirar el Estatus de Protección Temporal a más de 350.000
haitianos y unos 6.100 sirios que hasta ahora podían vivir y trabajar
legalmente en Estados Unidos.
La decisión preocupa especialmente al
sector de los cuidados, donde la comunidad haitiana tiene una presencia
importante. Los permisos laborales de los sirios vencen este 17 de julio y los
de los haitianos, el día 24. Quienes no dispongan de otra vía migratoria
quedarán expuestos a ser detenidos y deportados por ICE.
La presión funciona así en dos
direcciones. Se exige a los agentes detener cada vez más y, al mismo tiempo, se
retiran protecciones para que haya más personas a las que detener. Porque lo
importante para Trump es el número, no los nombres que hay detrás.
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