Marcia Senattore, directora de la división jurídica, y Daiana Da Silva
Mendina, instructora, ambas abogadas, llevaron a cabo un análisis
detallado de los expedientes relacionados con las solicitudes de
viviendas originadas desde la secretaría de la exministra.
Durante la gestión de Moreira, según los informes, no se respetaron los
lineamientos que permiten al ministerio reservar un 10% de los llamados
de los programas habitacionales para asignar viviendas a población
vulnerable que cumpla con ciertos requisitos.
Además, la investigación
administrativa reveló la implementación de un sistema conocido
como "planillas puertas abiertas", el cual, según Senattore, "carece de
base legal".
Las abogadas descubrieron que las solicitudes de
adjudicaciones llegaban de dos maneras distintas. Por un lado, a través
del correo electrónico ministra@mvot.gub.uy, y por otro, mediante el
sistema de "planilla puertas abiertas". Aunque ambas derivaban de la
secretaría de Moreira, representaban situaciones diferentes. En el primer
caso, se solicitaba la adjudicación de una vivienda para una familia,
mientras que en el segundo, se pedía asesoramiento para los
interesados.
El problema con el sistema de "planilla puertas abiertas", se destacó,
radicaba en que creaba una disparidad con respecto al resto de los
interesados que se acercaban al ministerio sin ser referidos por Moreira.
Senattore explicó que cuando un "ciudadano común" visitaba el
ministerio, se le brindaba asesoramiento sobre los diversos programas de
vivienda, y si no cumplía con los requisitos para postularse, allí finalizaba
la atención. Sin embargo, con las "planillas puertas abiertas",
"independientemente de si cumplía o no con los requisitos para postularse
o para acceder a una vivienda", se le contactaba y se "preparaba un
informe social sobre su situación".
Además, cuestionó el comportamiento de la exministra en el contexto de
la investigación administrativa, señalando que su testimonio no fue
coherente con el de otros funcionarios que declararon en el proceso, e
incluso difirió del testimonio de su propio exasesor, Roel Bottari, lo que
constituyó una falta de cooperación con la administración.
Según la directora, Moreira afirmó que todos los casos eran remitidos al
departamento correspondiente para su evaluación en función de los
requisitos de acceso. Sin embargo, seis testigos, incluyendo a su
ex asesor Bottari y al exdirector nacional de Vivienda, Jorge Ceretta,
declararon que las adjudicaciones se basaban en el interés de Moreira.
Además, la jerarca Senattore señaló que esto se respalda con evidencia
documental.
En su resolución ministerial sobre los hallazgos de la investigación
administrativa, el ministro Raúl Lozano no hizo referencia a la
implementación de este mecanismo.
Uno por uno, las abogadas llevaron a cabo un análisis exhaustivo de los
expedientes originados a partir de solicitudes provenientes de la
secretaría de Moreira, algunos de los cuales resultaron en la adjudicación
de viviendas.
El primero, revelado antes de la renuncia de Moreira al
ministerio, fue para una ex empleada doméstica suya, quien también
trabajó para la Agrupación Nacional Herrerismo del Partido Nacional. En
este caso, se concluyó que no debería haber recibido la propiedad
asignada directamente, ya que no cumplía con los requisitos, incluido el
hecho de que su grupo familiar no estaba en una situación de emergencia
habitacional. Por lo tanto, se planteó la posibilidad de revisar la validez del
acto administrativo de adjudicación.
Otra adjudicación controvertida, la primera en hacerse pública según
informó Radio Universal, fue para una integrante del Instituto Melchora
Cuenca, de Cabildo Abierto. Se determinó que no era elegible para
recibir la vivienda debido a que no cumplía con los requisitos. Uno de los
argumentos es que los ingresos de su grupo familiar superaban la línea
de pobreza y que no se observaba una situación de vulnerabilidad
habitacional en absoluto.
Además, según sus testimonios, la beneficiaria mencionó que cuando se
acercó al ministerio por primera vez, fue recibida por los asesores de la
exministra -Bottari y Margarita Bocage- quienes la conocían del Instituto
Melchora Cuenca, y le plantearon la posibilidad de que pudiera acceder a
alguna de las vacantes disponibles.
Ambos informes también señalaron que tanto la beneficiaria como
Moreira presentaron la misma documentación durante la investigación
administrativa.
En otro caso en Rivera, se otorgó otra vivienda, pero se solicitó una
revisión de la adjudicación. Se argumentó que la familia "ingresó al
complejo sin un informe social previo", el cual se realizó una vez que ya
estaban ocupando la propiedad. Además, se destacó que el mismo grupo
familiar "ya había sido beneficiado" con otra vivienda en el mismo
complejo, pero fue desalojado por falta de pago de cuotas y gastos
comunes.
Asimismo, en el informe de Senattore se registró la oposición desde la
oficina de Rivera del MVOT respecto a la decisión de otorgarle el
apartamento a esa familia, así como a su continuidad en el programa,
argumentando que no era procedente. Además, al concluir la
investigación, se constató que estas personas aún tenían permiso para
habitar la vivienda.
Otro caso destacado fue el cambio de apartamento otorgado a Olga
Camacho, quien está asignada a funciones para el líder de Cabildo
Abierto, Guido Manini Ríos. Este cambio se produjo después de que la
beneficiaria argumentara problemas de salud y la presencia de dos
personas mayores en su hogar.
La directora Senattore consideró necesario iniciar una nueva
investigación administrativa para determinar si hubo irregularidades o
acciones ilícitas, así como identificar a los responsables del cambio de
vivienda.
Esto se debe a que no se pudo demostrar durante el proceso que se
tratara de una situación excepcional que justificara el cambio de vivienda,
según lo evaluado por la asesoría legal de la Dinavi, ni se proporcionó
fundamentos para la asignación de una vivienda accesible
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