Las máximas autoridades del Poder Ejecutivo han dado señales claras de que ven al sector del cannabis no recreativo como un área donde la economía tiene espacio para crecer. Esa posición quedó reflejada en varias decisiones y gestos durante el primer año de gobierno, que incluyeron resoluciones que facilitaban la exportación de la producción, hasta la visita del presidente Luis Lacalle Pou a la inauguración, en Salto, de una planta de procesamiento de cannabis medicinal de una empresa canadiense. Y sin embargo, las principales empresas del sector consideran que su sintonía con Presidencia no permea luego al resto de los organismos encargados de llevar adelante la política.
Representantes de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal (Cecam) mantuvieron una reunión con Lacalle Pou y otros jerarcas de la Presidencia a fines de marzo y le entregaron un documento en el que enumeran los “principales obstáculos” que enfrentan para desarrollar su actividad. El escollo más grave, apuntan, es el Ministerio de Salud Pública (MSP).
La ley que reguló el mercado de cannabis con fines recreativos, medicinales e industriales, aprobada en 2013, creó un sistema de habilitaciones y controles que involucra a varias oficinas del Estado, entre ellas el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). “Si bien la situación regulatoria ha limitado enormemente el desarrollo de la industria, gran parte de las dificultades son consecuencia de la acción o inacción de los propios organismos públicos”, dice el documento de la Cecam, al que accedió Búsqueda.
Las empresas confían en que, al menos en parte, algunos problemas se solucionen cuando el Poder Ejecutivo cumpla su compromiso y reglamente la ley vinculada al cannabis medicinal y modifique el decreto sobre el funcionamiento del sistema, dijeron fuentes del sector.
“La situación del Ircca es preocupante”, resumen las empresas. “La última licencia otorgada fue hace más de cuatro meses y a la fecha no se han otorgado licencias para cultivo de cannabis no psicoactivo con fines medicinales”.
La cámara sostiene que el Ircca puede tardar más de un año en otorgar una licencia, lo que complica posibles negocios. “Explicarle a un inversor que el plazo para obtener una licencia, y por tanto comenzar su proyecto, es de al menos 12 meses no parece ser el mejor camino para fomentar los proyectos. Ese cuello de botella ha llevado, según el documento, a que el 80% de las empresas soliciten licencias al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que da autorizaciones para cultivo de cáñamo con fines industriales. Esto provocó, a su vez, que haya una “sobreoferta” para algunos sectores del mercado y una menor diversificación de proyectos.
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