Los vaivenes políticos en Argentina tienen influencia en muy variados aspectos, y uno de ellos es la política portuaria, ya que el gobierno de Alberto Fernández retomó una idea impulsada previamente por Cristina Fernández en 2013 y que el presidente que gobernó entre ambos, Mauricio Macri, había frenado. Se trata del acondicionamiento del canal Magdalena, una nueva ruta de acceso a los puertos argentinos que de concretarse podría afectar la actividad del Puerto de Montevideo.
El gobierno del vecino país está decidido a lanzar próximamente una licitación para el dragado del canal marítimo —hoy cuenta con solo 4,5 metros de profundidad—, y desde Uruguay la cancillería anunció este martes que está realizando “un seguimiento y evaluación” del proyecto, atento “al impacto de la obra en la navegación” del Río de la Plata.
Una fuente del gobierno comentó que, en su opinión, faltan los permisos ambientales para dragar el canal Magdalena, y otra sostuvo que Argentina tiene autorización, “excepto que cuando se presente el proyecto concreto de la obra surjan aspectos que puedan ocasionar perjuicios a la navegación” del Río de la Plata.
Del lado argentino, distintas fuentes consultadas por la diaria ratificaron la posición de que el vecino país tiene todos los permisos a nivel de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para avanzar con el dragado.
Este diferendo se suma al reclamo de Argentina informado por la diaria la semana pasada debido al plan del gobierno uruguayo de dragar el acceso al Puerto de Montevideo a 14 metros —así lo han manifestado las actuales y anteriores autoridades—, cuando en la CARP la autorización fue a 13 metros. Una fuente diplomática argentina no vinculó el comunicado de cancillería con el reclamo previo de su país, aunque sostuvo que Uruguay busca “poner en discusión el tema del canal Magdalena”.
Los pasos a seguir por Uruguay
El comunicado de cancillería explica que se trabaja junto a la delegación uruguaya ante la CARP en un seguimiento, “dentro del marco jurídico del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo”, acerca del “interés argentino en el proyecto de construcción del canal Magdalena”.
Seguidamente, se repasa que en 2014 la delegación argentina informó a la CARP “el proyecto para la realización de un nuevo canal de navegación”. En ese entonces y “sin que la CARP hubiere llegado a un acuerdo” sobre los posibles perjuicios de la obra sobre la navegación del río, Argentina “notificó el 30 de junio de 2014 el referido proyecto a Uruguay”. Luego la delegación local “formuló una serie de preguntas” y se concluyó que no había “objeciones sustantivas que obstaran a la realización de la obra proyectada”.
Bajo el subtítulo “Avances y retrocesos en la definición política del canal Magdalena”, la cancillería informó que el plan de dragado “fue retomado con mayor impulso” por Alberto Fernández y que la delegación argentina comunicó en la CARP “la instalación o fondeo de una boya en lo que sería el inicio del canal Magdalena”.
En el subtítulo final, se detalla que según el Tratado del Río de la Plata, Uruguay tiene “derecho a inspeccionar las obras que se estén ejecutando para comprobar si se ajustan al proyecto presentado”. Se repasa lo que se entiende por contaminación del río y que el artículo 51 regula la responsabilidad de cada país frente al vecino “por los daños inferidos” en este aspecto.
“En dicho marco es que el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra atento a la presentación por parte de Argentina del eventual proyecto de obra del referido canal Magdalena en lo que respecta al impacto de dicha obra en la navegación o en el régimen del río”, concluyó el comunicado.
Licitación para el dragado se lanzará este año
En Argentina la posición uniforme de las fuentes consultadas es que no hay ningún impedimento para concretar el dragado del canal Magdalena. “Después de haberse respetado todos los procedimientos, la decisión [para avanzar con el dragado] quedó en manos de Argentina”, explicó una fuente. Agregó que hasta ahora ni en la CARP ni a nivel de cancillería, Uruguay planteó la falta de alguna autorización “técnica” para la obra ni que se requieran informes ambientales.
Según supo la diaria, la idea del gobierno argentino es culminar la elaboración del pliego para la licitación la próxima semana y para setiembre abrir un llamado internacional a interesados. Se prevé que las obras comiencen seis meses después y duren hasta un máximo de dos años, es decir que el canal quedaría operativo para 2024. A nivel logístico, el nuevo canal va a acercar los puertos ubicados sobre el Río de la Plata —como Buenos Aires y Paraná— con los marítimos de la costa oceánica —como Mar del Plata y Bahía Blanca—.
Desde el lado uruguayo, el riesgo es que se pierda lo obtenido actualmente por la venta de servicios a los buques portacontenedores que deben pasar por el Puerto de Montevideo, tanto para llegar a Buenos Aires como al salir. “El canal Magdalena está más al sur y para venir a Montevideo los buques deben desviarse mucho, y es posible que no les sea redituable por el volumen” de carga que dejan en Uruguay, señaló una fuente del sector privado. El otro riesgo es que Argentina deje de interesarse en costear el mantenimiento del canal de Punta Indio —binacional y el utilizado hoy día— al tener operativa otra vía marítima.
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