Después de celebradas las elecciones generales en Ecuador, lejos de calmarse, la situación está cada vez más compleja. Si bien en los días posteriores al acto electoral –donde el candidato más votado fue Andrés Arauz, afín al ex presidente Rafael Correa, quien obtuvo 32,71% de los votos– la polémica se centró en quién sería el otro participante en el balotaje, si el líder indigenista Yaku Pérez o el exbanquero derechista Guillermo Lasso, hace unos días se sumó un nuevo ingrediente externo que no hizo más que volver más compleja e inestable la situación.
Llegó a Quito el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, quien le entregó a su par ecuatoriana, Diana Salazar, una información que supuestamente indica que la candidatura de Arauz contó con el apoyo económico del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera que continúa activa en territorio colombiano.
En un informe publicado por la revista colombiana Semana se afirma, con base en fuentes judiciales, que el ELN aportó 80.000 dólares para la campaña de Arauz, economista de 36 años de edad.
La presencia de Barbosa en Ecuador generó una oleada de rechazos, tanto dentro como fuera del país, y fue calificada como “un golpe a la democracia”.
La presencia de Barbosa en Ecuador generó una oleada de rechazos, tanto dentro como fuera del país, y fue calificada como “un golpe a la democracia”.
“Los que han cogobernado con Lenín Moreno se saben perdedores y presionan para que me persigan con burdas mentiras. No podrán lograrlo, la verdad siempre prevalece. No podrán seguir chantajeando o engañando a la justicia. El pueblo ecuatoriano no permitirá un nuevo golpe a la democracia”, expresó Arauz en su cuenta de Twitter.
El Grupo de Puebla también se manifestó rechazando el intento de vincular al candidato ecuatoriano con el ELN, en tanto que el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien también integra el Grupo de Puebla, expresó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que las supuestas informaciones sobre vínculos del aspirante presidencial de la Unión por la Esperanza con el ELN “son una infamia”.
“Forman parte de un juego sucio que están orquestando desde Colombia los sectores radicales de la derecha de ambos países para interferir en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas”, afirmó Samper, quien gobernó su país entre 1994 y 1998.
Paralelamente, y mientras sigue sin saberse quién finalizó segundo en las elecciones, los dos aspirantes a enfrentar a Arauz en la segunda vuelta electoral que se realizará el 11 de abril, Yaku Pérez y Guillermo Lasso, llegaron a un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la anuencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para revisar los votos emitidos en 17 provincias del país.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que una vez terminado el proceso de revisión se hará la proclamación definitiva de los resultados. “Todo el proceso se transmitirá en vivo en los canales del CNE de manera continua”, según informó el diario quiteño El Comercio.
Pero este acuerdo entre los postulantes generó reacciones, porque se duda de su legalidad. En ese sentido, la diputada española Idoia Villanueva, quien estuvo en Ecuador como parte de la misión de observadores que el Parlamento Europeo envió para supervisar las elecciones, cuestionó este acto. “Lo que estamos viendo en Ecuador es inaudito. Los candidatos Pérez y Lasso llegan a un acuerdo con el CNE de revisar el 100% de las actas de Guayas y el 50% de 16 provincias. Aleatorio y sin fundamentos legales. ¿Qué papel se arroga el CNE en esto? ¿Quién decide, quién observa?”, afirmó la legisladora según consignó el portal Pichincha Noticias.
En la misma línea se manifestó otro legislador español que estuvo en Ecuador en la jornada de las elecciones, Antón Gómez-Reino, diputado de Podemos, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Atención a Ecuador. Se están dando movimientos para alterar el resultado democrático. El órgano electoral, bajo auspicio de la OEA (¿otra vez la OEA?) acuerda con dos candidatos perdedores, al margen de la ley electoral, iniciar un recuento bajo criterios discrecionales”.
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