Ministro de Ambiente, Adrián Peña.
El vencimiento el 31 de diciembre próximo de los contratos de 81 funcionarios técnicos en el novel Ministerio de Ambiente desató una crisis semejante a la de junio último cuando vencieron 71 de esos mismos vínculos laborales. Las demoras en la renovación hizo que los trabajadores afectados estuvieran más de dos meses sin cobrar su salario, pero los inconvenientes trascienden los perjuicios laborales y económicos.
La revisión de contratos que antes eran renovados casi automáticamente está alterada por las decisiones del nuevo gobierno que, para enfrentar un elevado déficit fiscal y la presión tributaria, redujo en 15% los gastos del Estado en 2020 en comparación con 2019. Las reducciones presupuestales nunca son parejas y dan lugar a una lucha por prioridades que tiene como trasfondo las políticas del área en cuestión.
Esas circunstancias se acentúan al tratarse de un organismo donde, más allá del consenso legislativo en su creación, existen diferentes enfoques sobre la manera de ejecutar sus responsabilidades. Entre ellas se encuentran la preservación de los ecosistemas y el control de las cianobacterias en las corrientes de agua, o las autorizaciones ambientales de proyectos como la nueva planta de celulosa de UPM y la disposición final de la basura.
Las condiciones de creación del ministerio agudizaron las dificultades de gestión. En el inicio del gobierno el área quedó a cargo de Cabildo Abierto, se previó que luego sería asignada al Partido Nacional, pero la imprevista renuncia de Talvi a la Cancillería lo hizo caer en el Partido Colorado. Mientras no sea sancionada la Ley de Presupuesto, Cabildo Abierto siguió firmando resoluciones del nuevo ministerio.
Con el colorado Adrián Peña, de Ciudadanos, como ministro, el nacionalista Gerardo Amarilla, del sector Todos, como subsecretario, y de subdirectores Eduardo Andrés, de Cabildo Abierto, o Andrés Saizar, de la Lista 15, entre otros, el nuevo ministerio es un 'Frankenstein político' cruzado por orientaciones y personalidades disímiles, en donde los funcionarios no encuentran una dirección segura frente a la cual plantear sus problemas.
En junio de este año, la Dinama poseía 106 profesionales, administrativos y técnicos especializados en distintas áreas de la temática ambiental con contratos a término. Todos habían ingresado por llamado público, tenían una antigüedad media de cinco años, 10% con antigüedad mayor de 10 años. El vínculo contractual es de Servicios Personales, por lo que deben afiliarse a la Caja de Profesionales y al BPS.
De ese total existente en junio, no fueron renovados 10 contratos correspondientes a cinco técnicos del área de Información, Planificación y Calidad Ambiental, y cinco del área Ecosistemas. Asimismo, en los nuevos contratos se incorporaron reducciones horarias no voluntarias afectando del 20 al 50 por ciento del horario anterior de ocho funcionarios, cinco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
Trabajar sin cobrar
El SNAP, con fuerte presencia en el territorio, es una de las áreas más impactadas por los recortes. Foto: Presidencia.
En su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, el lunes pasado, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, afirmó que
En los últimos días, una delegación de funcionarios reclamó al titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Eduardo Andrés, iniciar la renovación de los contratos que están por vencer en un mes. El trámite de renovación tiene una demora de dos a tres meses donde estos funcionarios, además de verse obligados a trabajar sin cobrar, deben seguir cumpliendo los aportes profesionales y al BPS.
"El clima de incertidumbre provocó la renuncia de trabajadores en áreas claves para la Dinama, lo que sumado a los contratos que no fueron renovados en junio, debilita las capacidades de algunas áreas, sobre todo de personal con presencia en el territorio, como el SNAP y del Departamento de Gestión Costero Marino"
Obviamente, la desarticulación de los equipos técnicos implica pérdida de capacidades adquiridas en varios años, muy difíciles de compensar en el corto plazo. La paradoja de haber creado un Ministerio de Ambiente con el fin de fortalecer la política ambiental y -en cambio- estar debilitándolo, no es un resultado casual sino el producto de diferentes enfoques sobre el rol que este organismo debería desempeñar en esta coyuntura.
La inestabilidad de la situación de los funcionarios llegó al extremo de que se realizó un concurso para un contrato de seis meses y, luego de adjudicado, se plantea reducirlo a tres. En el nuevo ministerio, los funcionarios comenzaron a formar el sindicato correspondiente, con la diferencia de que ahora buscarán reunir a los funcionarios presupuestados y contratados en la misma organización.
"ya hay una veintena de contratos renovados en la Dinama, más siete que están en camino"Esas circunstancias se acentúan al tratarse de un organismo donde, más allá del consenso legislativo en su creación, existen diferentes enfoques sobre la manera de ejecutar sus responsabilidades. Entre ellas se encuentran la preservación de los ecosistemas y el control de las cianobacterias en las corrientes de agua, o las autorizaciones ambientales de proyectos como la nueva planta de celulosa de UPM y la disposición final de la basura.
Las condiciones de creación del ministerio agudizaron las dificultades de gestión. En el inicio del gobierno el área quedó a cargo de Cabildo Abierto, se previó que luego sería asignada al Partido Nacional, pero la imprevista renuncia de Talvi a la Cancillería lo hizo caer en el Partido Colorado. Mientras no sea sancionada la Ley de Presupuesto, Cabildo Abierto siguió firmando resoluciones del nuevo ministerio.
Con el colorado Adrián Peña, de Ciudadanos, como ministro, el nacionalista Gerardo Amarilla, del sector Todos, como subsecretario, y de subdirectores Eduardo Andrés, de Cabildo Abierto, o Andrés Saizar, de la Lista 15, entre otros, el nuevo ministerio es un 'Frankenstein político' cruzado por orientaciones y personalidades disímiles, en donde los funcionarios no encuentran una dirección segura frente a la cual plantear sus problemas.
En junio de este año, la Dinama poseía 106 profesionales, administrativos y técnicos especializados en distintas áreas de la temática ambiental con contratos a término. Todos habían ingresado por llamado público, tenían una antigüedad media de cinco años, 10% con antigüedad mayor de 10 años. El vínculo contractual es de Servicios Personales, por lo que deben afiliarse a la Caja de Profesionales y al BPS.
De ese total existente en junio, no fueron renovados 10 contratos correspondientes a cinco técnicos del área de Información, Planificación y Calidad Ambiental, y cinco del área Ecosistemas. Asimismo, en los nuevos contratos se incorporaron reducciones horarias no voluntarias afectando del 20 al 50 por ciento del horario anterior de ocho funcionarios, cinco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
Trabajar sin cobrar
El SNAP, con fuerte presencia en el territorio, es una de las áreas más impactadas por los recortes. Foto: Presidencia.
En su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, el lunes pasado, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, afirmó que
En los últimos días, una delegación de funcionarios reclamó al titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Eduardo Andrés, iniciar la renovación de los contratos que están por vencer en un mes. El trámite de renovación tiene una demora de dos a tres meses donde estos funcionarios, además de verse obligados a trabajar sin cobrar, deben seguir cumpliendo los aportes profesionales y al BPS.
"El clima de incertidumbre provocó la renuncia de trabajadores en áreas claves para la Dinama, lo que sumado a los contratos que no fueron renovados en junio, debilita las capacidades de algunas áreas, sobre todo de personal con presencia en el territorio, como el SNAP y del Departamento de Gestión Costero Marino"
, declaró a
Sudestadala socióloga Soledad Ávila, en representación de los funcionarios contratados.
Obviamente, la desarticulación de los equipos técnicos implica pérdida de capacidades adquiridas en varios años, muy difíciles de compensar en el corto plazo. La paradoja de haber creado un Ministerio de Ambiente con el fin de fortalecer la política ambiental y -en cambio- estar debilitándolo, no es un resultado casual sino el producto de diferentes enfoques sobre el rol que este organismo debería desempeñar en esta coyuntura.
La inestabilidad de la situación de los funcionarios llegó al extremo de que se realizó un concurso para un contrato de seis meses y, luego de adjudicado, se plantea reducirlo a tres. En el nuevo ministerio, los funcionarios comenzaron a formar el sindicato correspondiente, con la diferencia de que ahora buscarán reunir a los funcionarios presupuestados y contratados en la misma organización.
y agregó que más del 90% de los contratos van a ser renovados a fines de diciembre. Sin embargo, los funcionarios no tienen noticias de tales renovaciones.
Víctor L. Bacchetta
Sudestada
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