La Ley proyectada por el gobierno de Luis Lacalle derogaría efectivamente “la mayoría de la norma” vigente, de la que “queda” en principio en pie “un núcleo de aspectos más técnicos” junto a “un capítulo respecto a los medios públicos”. Éstos son los únicos “dos aspectos que quedarían de la norma vigente”, recalcó Gómez, aclarando que eso surge del “borrador que hemos visto”. Éste incluye además contenidos que “le cambian el sentido” a la LSCA, como por ejemplo en materia de “los límites a la concentración”.
En esta dirección, “la televisión para abondos ya no va a tener ningún tipo de límite”, por lo que “alguien con suficiente billetera podría comprarse todos los cables del país”, mientras que “en televisión (abierta) y radio pone mayores límites” que los vigentes “hasta ahora” a la restricción para concentrar licencias y permisos. “Si eso se aprobara, una sola persona o empresa podría llegar a tener todos los medios de un Departamento o de una región”, implicando un problema para “la democracia”, advirtió.
“Claramente es una involución y un apartamiento de las recomendaciones internacionales”, contrarias a una situación que en la jerga “se llama ´concentración indebida´”. Alertó que también “va a poder haber cadenas de repetidoras sin tener límite tampoco”, agregándose la posibilidad de usar y comercializar contenidos mediante Internet. “Estamos ante un escenario donde esta herramienta permitiría una concentración nunca antes vista” y se “eliminaría el 60% de producción nacional audiovisual en la televisión”.
El entrevistado apuntó que “el reclamo” por parte de “Andebu” y del empresariado mediático que batalló judicialmente contra la LSCA, “nunca fue por libertad de expresión” sino por “una cuestión de bolsillo”. Recordó que “no pagaron nunca nada” por el uso y usufructo de ondas y frecuencias y que la situación previa a la LSCA “no tenía límites a la concentración”.
En ese mismo sentido, “esta Ley (proyectada) es un traje a medida” para las empresas que giran en el rubro mediático audiovisual, beneficiadas adicionalmente porque “las contraprestaciones se las quitan todas”, como “por ejemplo” destinar minutos para difundir “las campañas de bien público”, las cuales “vamos a tener que pagar del bolsillo del Estado, o sea todos nosotros”. Remarco que “la campaña de bien púbico gratuita no la vamos a tener más”, ni van a pagar por los usos “de radioespectro”, alertó.
Del mismo modo, añadió el experto, “ahora ya no vamos a tener nada para repartir” de minutos en televisión para los partidos políticos durante las campañas electorales, siendo Uruguay “de los pocos” países que aún “no tenemos campaña electoral gratuita”. Con lo previsto en la nueva Ley “se afecta tanto a los partidos” y especialmente “a los chicos, como también nos afecta a nosotros”, los ciudadanos y por ende electores, reflexionó.
Otro perjuicio, netamente antipopular en el más amplio sentido cultural, es que “se elimina” la retransmisión obligatoria de los partidos de las selecciones nacionales de básquetbol y fútbol en instancias decisivas y eliminatorias. En definitiva, resumió el entrevistado, las empresas mediáticas “no van a pagar nada y nosotros vamos a tener que pagar todo”.
Un punto más complejo y delicado es el de espacios al aire destinados a la protección de niños y colectivos vulnerables respecto de los contenidos que se emiten, fundamentalmente en televisión. “Todo eso vuela” con la nueva norma, adelantó. “Todo este barrer de la parte de derechos del niño, no me esperaba algo así”, reconoció Gómez y lo valoró como “muy mala señal”.
Edison Lanza: en el borrador de la nueva ley de medios proyectada por el gobierno “desaparece toda la protección respecto a la producción nacional”
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