Miente Loitey cuando dice que aquel médico de origen ruso de la localidad de San Javier murió “por un paro cardíaco como muere cualquiera”.
Loitey intenta reflotar la mentira del médico militar Eduardo Saiz, quien estampó en el certificado de defunción del último muerto de la dictadura que Roslik había muerto por un paro cardíaco “sin violencia”.
Sin embargo, esa falsedad fue desarticulada por la acción de la viuda del médico, María Cristina Zavalkin, y por dos periodistas del semanario Jaque, Alejandro Bluth y Juan Miguel Petit.
Con mucho coraje, Zavalkin exigió que la dictadura le devolviera el cuerpo de su marido y logró que cinco médicos independientes le hicieran una segunda autopsia. El resultado del estudio fue que Roslik había tenido una “violenta muerte multicausal”. Tenía traumatismos varios, le habían desgarrado el hígado, lo habían hecho ahogarse en su propio vómito.
La viuda denunció el caso al semanario Jaque. No era fácil acusar al régimen de haber matado a un detenido en la tortura, pero Bluth y Petit se atrevieron a intentarlo.
Ninguno de los cinco médicos que habían participado en la autopsia independiente se animaba a hablar de lo que había ocurrido. Los cinco se habían juramentado a guardar silencio, de modo de asegurarse todos ellos su propia seguridad. Tenían miedo.
Bluth y Petit, que hoy es el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, fueron a Paysandú para intentar convencer a uno de ellos. Al final lo consiguieron. Uno de esos cinco médicos, el doctor Jorge Burgell, hoy fallecido, les confirmó que la autopsia que habían hecho no dejaba dudas: a Roslik lo habían torturado hasta matarlo.
Jaque tituló su edición del 28 de abril de 1984 con una frase que aún nos pone la piel de gallina a quienes vivimos aquellos días. Era un rezo que había pronunciado un cura para consolar a los deudos del muerto: “Oremos por el alma de Vladimir Roslik, que murió asesinado”.
Era también un modo de decir que lo habían matado en la tortura, sin usar la palabra. Era época de censura.
En ediciones posteriores, Jaque avanzó aún más en el esclarecimiento del caso y publicó fragmentos enteros de aquella segunda autopsia. Fue la primera vez que la prensa uruguaya logró documentar y probar una muerte por torturas en un cuartel durante el régimen de facto.
Tan contundente fue todo, que la justicia militar tuvo que intervenir y dos oficiales del cuartel fueron procesados por el homicidio, el entonces teniente coronel Mario Olivera y el mayor Sergio Caubarrere, jefe y subjefe de batallón. No existe otro caso de ese tenor en los 12 años de dictadura.
El señor Loitey dice que estaba en el cuartel el día que mataron a Roslik, pero no supo nada. Entonces, si nada sabe, no diga nada.
Los principales dirigentes de Cabildo Abierto han señalado que no pretenden defender torturadores. Entonces que no los defiendan.
Cabildo dice también enfrentarse a las falsedades de un relato que se ha construido desde el MLN sobre la historia reciente. No lo van a lograr mintiendo.
Con mucho coraje, Zavalkin exigió que la dictadura le devolviera el cuerpo de su marido y logró que cinco médicos independientes le hicieran una segunda autopsia. El resultado del estudio fue que Roslik había tenido una “violenta muerte multicausal”. Tenía traumatismos varios, le habían desgarrado el hígado, lo habían hecho ahogarse en su propio vómito.
La viuda denunció el caso al semanario Jaque. No era fácil acusar al régimen de haber matado a un detenido en la tortura, pero Bluth y Petit se atrevieron a intentarlo.
Ninguno de los cinco médicos que habían participado en la autopsia independiente se animaba a hablar de lo que había ocurrido. Los cinco se habían juramentado a guardar silencio, de modo de asegurarse todos ellos su propia seguridad. Tenían miedo.
Bluth y Petit, que hoy es el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, fueron a Paysandú para intentar convencer a uno de ellos. Al final lo consiguieron. Uno de esos cinco médicos, el doctor Jorge Burgell, hoy fallecido, les confirmó que la autopsia que habían hecho no dejaba dudas: a Roslik lo habían torturado hasta matarlo.
Jaque tituló su edición del 28 de abril de 1984 con una frase que aún nos pone la piel de gallina a quienes vivimos aquellos días. Era un rezo que había pronunciado un cura para consolar a los deudos del muerto: “Oremos por el alma de Vladimir Roslik, que murió asesinado”.
Era también un modo de decir que lo habían matado en la tortura, sin usar la palabra. Era época de censura.
En ediciones posteriores, Jaque avanzó aún más en el esclarecimiento del caso y publicó fragmentos enteros de aquella segunda autopsia. Fue la primera vez que la prensa uruguaya logró documentar y probar una muerte por torturas en un cuartel durante el régimen de facto.
Tan contundente fue todo, que la justicia militar tuvo que intervenir y dos oficiales del cuartel fueron procesados por el homicidio, el entonces teniente coronel Mario Olivera y el mayor Sergio Caubarrere, jefe y subjefe de batallón. No existe otro caso de ese tenor en los 12 años de dictadura.
El señor Loitey dice que estaba en el cuartel el día que mataron a Roslik, pero no supo nada. Entonces, si nada sabe, no diga nada.
Los principales dirigentes de Cabildo Abierto han señalado que no pretenden defender torturadores. Entonces que no los defiendan.
Cabildo dice también enfrentarse a las falsedades de un relato que se ha construido desde el MLN sobre la historia reciente. No lo van a lograr mintiendo.
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