El Ejército compró en forma directa productos a un valor 20 y 60 veces superior al que pagaron otros organismos públicos. La empresa adjudicataria fue sancionada por el Estado con una suspensión de un año en 2011, en el marco de una investigación sobre irregularidades en la Armada.
El 30 de junio, el Comando General del Ejército adquirió mediante una compra directa a la empresa Barbados SA una serie de materiales de panelería destinados a la Brigada de Ingenieros Nº 1. Gastó en total 599.704 pesos, según consta en el sitio de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE). Según la resolución de compra, firmada por el coronel Pablo dos Santos y a la que accedió la diaria, la erogación será financiada con fondos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asignados para el ejercicio 2020. Hasta aquí, nada fuera de lo común: la empresa adjudicataria vende los paneles a un precio acorde al del mercado, que oscila entre 41 y 53,2 dólares el metro cuadrado, y de los 16 ítems adquiridos, los paneles representan 70% del monto total.
Sin embargo, otros productos de menor costo llaman la atención, no sólo porque sus precios se distancian largamente de los del mercado, sino porque el propio Estado adquiere esos productos a precios mucho menores. Y aún más: esta misma empresa le vende los mismos productos a otros organismos del Estado a precios sensiblemente inferiores.
Por ejemplo, según consta en el sitio de ACCE, Barbados SA le vendió el 30 de junio al Comando General del Ejército un aplicador para sachet de silicona a un precio unitario (sin impuestos) de 4.810 pesos. Ocho días después, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) le compró a Barbados SA un aplicador para sachet de silicona a un precio unitario de 243 pesos. El producto tiene el mismo código y en ningún lugar del sitio de ACCE se aclara que los productos adquiridos tengan características distintas en cada caso; por otra parte, los aplicadores de sachet de silicona más caros del mercado en ningún caso llegan al precio pagado por el Ejército. El 28 de mayo de 2019, el Ministerio del Interior adquirió este mismo producto, aplicador para sachet de silicona, a 205 pesos.
También se registra un importante sobreprecio en la compra de arandelas planas de hierro galvanizado reforzadas 3/8 pulgadas. El Ejército las adquirió a un precio unitario de 32,6 pesos, mientras que ese mismo día, INISA compró el mismo tipo de arandelas a la empresa Miderol SA a un costo unitario de 0,54 pesos. Y en diciembre de 2019, la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura adquirió ese mismo tipo de arandelas a la empresa Martínez y Cía. SRL a un costo unitario de 1,43 pesos.
Otro producto que registra una compra con sobreprecio, aunque menor, es el sellador a base de silicona neutra. El Ejército lo adquirió a 306 pesos. En cambio, INISA lo compró el mismo día a 124 pesos a la barraca Rafael, y el Ministerio del Interior lo adquirió el 1º de junio a 178 pesos a la empresa Redin SA.
En la resolución de compra firmada por Dos Santos se establece que la adjudicación a Barbados SA corresponde “por obtener mayor puntaje de ponderación”. En el proceso de compra directa se habían presentado otros cuatro oferentes: Adolfo Casaretto SA, Damara SA, Dubarry y Compañía Ltda. y González Bianchi. No es posible determinar si ofrecieron precios más baratos porque esta información sólo está accesible para los proveedores del Estado que participaron en el proceso de compra directa.
Consultado sobre esta compra, el coronel Gabriel Troncoso, jefe de gabinete del comandante en jefe del Ejército, dijo a La Diaria que todas las compras que realizan los comandos están sujetas a la aprobación del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y al control del Tribunal de Cuentas. Afirmó que el precio “no es el factor preponderante de la compra, si no, uno terminaría comprando las cosas chinas, que son las más baratas”. Agregó que factores como la calidad y los antecedentes de la empresa también pesan. Aclaró que el sistema de compras en el Ejército está “compartimentado”, y por lo tanto quienes realizan el informe técnico “no ven el nombre de la empresa”.
Los antecedentes de la empresa
La empresa que resultó adjudicataria, Barbados SA, es una vieja conocida del Estado: ha resultado beneficiaria de 1.065 compras estatales desde 2007. No cuenta con un sitio en internet y su perfil de Facebook no tiene ninguna información sobre la empresa, aunque sí aparece en directorios de importadores. El domicilio fiscal que figura en el sitio del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) es una casa particular, sin ningún distintivo en su fachada que la relacione con Barbados SA. la diariallamó en reiteradas ocasiones al domicilio pero no obtuvo respuesta.
No obstante, según consta en una resolución del Tribunal de Cuentas del 9 de noviembre de 2016, que alude a documentación del Comando General de la Armada, “Barbados SA es representante de la firma extranjera Tideland Signal Corporation”. Tideland Signal es una multinacional con sede en Houston, Estados Unidos de América, que se dedica a la venta de productos vinculados a la navegación marítima.
Los organismos del Estado que adquieren los productos de Barbados SA están, en su mayoría, vinculados a los comandos generales de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea). En el último mes, 57,5 % del dinero invertido por el Estado en compras a esa empresa correspondió a las adquisiciones para esos organismos de las Fuerzas Armadas, que gastaron casi un millón de pesos entre el 16 de junio y el 16 de julio en compras a Barbados SA. 28,3% correspondió a adquisiciones de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en su inmensa mayoría para el Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (con excepción de una compra de aproximadamente 25.000 pesos realizada por el Centro Departamental de Soriano).
La empresa Barbados SA fue sancionada por el Estado en 2011 con un año de suspensión del RUPE. El proceso, en el que también fueron sancionadas otras 13 empresas, comenzó con una investigación administrativa iniciada el 11 de enero de 2010, “cuyo objeto fue la determinación de actos o hechos irregulares en la administración de fondos ONU en el ámbito del Comando General de la Armada”, según consta en la resolución dictada por el MDN el 25 de mayo de 2011. La investigación constató “diversas irregularidades en la documentación de operaciones de compraventa de mercadería, tales como la existencia de operaciones sin emisión de la correspondiente factura comercial”. En esta situación estaban Barbados SA y otras diez empresas. Además, tres empresas fueron directamente eliminadas del RUPE en el inciso MDN porque no cumplieron con entregar los bienes por los que se les pagó.
La Diaria consultó a Troncoso si estos antecedentes de la empresa pesaron negativamente a la hora de la adjudicación, ya que en el transcurso de la conversación el coronel mencionó que si la empresa estuvo sancionada por el Estado, entonces se le otorga menos puntaje, pero Troncoso aclaró que sólo cuentan los antecedentes de “cinco años para atrás, más o menos”.
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