El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley de medios, proponiendo modificar sustancialmente la Ley 19.307 de diciembre de 2014, que regula la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual. Aunque en la exposición de motivos se habla extensamente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, revolución digital, convergencia tecnológica, desarrollo de internet y plataformas electrónicas, no hay un solo artículo que refiera a esos temas. Acá el asunto es darle mas poder y ganancias a los grandes empresarios,como es por ejemplo el caso de los propietarios de los canales de televisión.
En la propia exposición de motivos hay una clara manifestación de intenciones, cuando declara que 'cada vez que hay regulación, existe de una u otra manera limitación a la libertad'
Ha trascendido que Walter Carlos Romay, uno de los dueños de Canal 4/Montecable (integrante de una familia de adhesión colorada, antes del pachequismo y ahora del sanguinettismo), sería su principal redactor. Más allá de la veracidad de la versión, por nadie desmentida, es indudable que el proyecto contempla la agenda económica de las grandes empresas nacionales
que operan en el ámbito de las telecomunicaciones.
Un problema que no existe
El Poder Ejecutivo, refiriéndose a la legislación vigente, entiende que 'si bien en un principio se fundamentó la propuesta legislativa en la búsqueda de la protección de derechos, la Ley fue mucho más allá y le otorgó al Estado la capacidad de influir en contenidos
de muy variadas maneras y regular muy diversos aspectos'
Veamos qué hay de cierto en este relato.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su edición 2020 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de cuenta de un deterioro generalizado de la situación de la libertad de prensa en América Latina, señalando dos notables excepciones: Costa Rica, que asciende
tres posiciones y ahora se sitúa en el 7o lugar, y Uruguay, que conserva el 19o a nivel mundial, y primero en América del Sur. Para dimensionar el tema, Australia ocupa el lugar 26, España el 29, Francia el 34, Reino Unido el 35, Estados Unidos el 45. En la
región, Chile ocupa el lugar 51, Argentina el 64, Brasil el 107.
Analizando el desempeño de nuestro país, en 2014 estábamos en el lugar 26 y en 2004 en el 42.
Uruguay ocupa el lugar 15 (el más alto de Latinoamérica) en el Índice de Democracia elaborado por The Economist. En 2008, primer año que se publicó, estábamos en la posición 23.
En el Índice de Estado de Derecho 2020 del World Justice Project estamos primeros en América Latina y el Caribe.
Finalmente, en el Índice de Libertad en el Mundo, elaborado por Freedom House, tenemos el máximo puntaje tanto en derechos políticos como en libertades civiles y esto es así desde el año 2000.
Todos estos índices evalúan las garantías y el respeto a la libertad de expresión y lo ponderan como uno de los principales indicadores. Todos dejan en evidencia que la Ley de Medios no ha significado ningún retroceso a la libertad de prensa ni una mayor injerencia
del gobierno.
La razón de esto es muy sencilla: la Ley de Medios no se centró de los contenidos, sino que pretendió ordenar y transparentar la asignación de frecuencias, las responsabilidades de los medios audiovisuales y garantizar derechos tanto de la audiencia como de
los periodistas. Solamente 5 artículos refieren a los contenidos que el Poder Ejecutivo ataca. Cuatro de ellos eran para proteger a la niñez en todos los casos la Suprema Corte de Justicia falló a favor de su constitucionalidad.
Adicionalmente, durante los gobiernos del Frente Amplio se aprobaron varias leyes que dieron mayores garantías a todos los actores y a la ciudadanía: Ley de Acceso a la Información; despenalización de los Delitos de Comunicación; Ley de Protección de Datos
Personales; ley de Radiodifusión Comunitaria y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que nos ocupa.
Se permitió la mayor libertad de crítica y no hubo ningún control a la información.
Mayor concentración
Este proyecto habilita una concentración de los medios de comunicación a niveles escandalosos
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