A las puertas del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, el mandatario ultraderechista hizo gala de su ya conocida nostalgia por las dictaduras proclamando que el golpe fue un acto de “libertad”, mientras desafiaba una vez más las recomendaciones de distanciamiento social por el coronavirus, dadas por su propio Ministerio de Salud.
Bolsonaro -capitán retirado del Ejército- no hizo ninguna otra alusión al día del derrocamiento del presidente Joao Goulart, del que hoy se cumplen 56 años, según la agencia de noticias EFE. En cambio, la fecha fue conmemorada con gran énfasis por el vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourao, líder de la llamada “ala militar” que tiene control absoluto sobre la mitad del gabinete gubernamental.
“Hace 56 años, las Fuerzas Armadas intervinieron en la política nacional para enfrentar el desorden, la subversión y la corrupción que estremecían las instituciones y asustaban a la población”, escribió Mourao en Twitter.
El golpe de Estado del ’64 ya había sido reivindicado la noche anterior por el Ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo, quien emitió un comunicado en el que se lee:
“El movimiento de 1964 es un hito para la democracia brasileña; Brasil reaccionó con determinación a las amenazas que se formaban en aquella época”.
El texto agrega que “la sociedad brasileña, los empresarios y la prensa entendieron las amenazas de aquel momento, se aliaron y reaccionaron”, y “las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de contener la escalada, con los desgastes previsibles”.
Al término de la dictadura se aplicó en Brasil una ley de amnistía que permitió el regreso de los exiliados y la restauración de las libertades políticas e individuales que habían sido vejadas durante el periodo de excepción y el país se encaminó hacia una transición que se concretó en 1985, pero la misma legislación dejó impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos por todos los involucrados al prohibir los juicios a estas.
Según informó en 2014 la Comisión de la Verdad instalada por la entonces presidenta Dilma Rousseff, 434 personas fueron muertas y desaparecidas en forma ilegal.
El texto agrega que “la sociedad brasileña, los empresarios y la prensa entendieron las amenazas de aquel momento, se aliaron y reaccionaron”, y “las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de contener la escalada, con los desgastes previsibles”.
Al término de la dictadura se aplicó en Brasil una ley de amnistía que permitió el regreso de los exiliados y la restauración de las libertades políticas e individuales que habían sido vejadas durante el periodo de excepción y el país se encaminó hacia una transición que se concretó en 1985, pero la misma legislación dejó impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos por todos los involucrados al prohibir los juicios a estas.
Según informó en 2014 la Comisión de la Verdad instalada por la entonces presidenta Dilma Rousseff, 434 personas fueron muertas y desaparecidas en forma ilegal.
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