Este artículo apareció en la revista Caras y Caretas el pasado mes de octubre de 2019, pero vale la pena releerlo. El spot de Lacalle Pou que muestra las obras que habrían “fracasado” por culpa del Frente Amplio incluye la cancelación del proyecto de minería a cielo abierto de Aratirí, justo cuando esta firma le reclama al Estado uruguayo, en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, más de 3.000 millones de dólares. Y justo cuando el experto que representa a los demandantes es nada menos que Carlos Delpiazzo, exministro de Lacalle y exsenador del Partido Nacional.
Un spot electoral de Luis Lacalle Pou generó polémica por el carácter abierto de campaña negativa, pero sus repercusiones pueden ser mucho más graves. En la citada pieza, en la que un dron sobrevuela diferentes emprendimientos que habrían “fracasado” por culpa de los gobiernos del Frente Amplio, todo en blanco y negro y musicalizado con el ‘Danubio azul’ para simbolizar los 15 años de la izquierda en el poder, se destacan 12 fracasos, entre los que se cuentan empresas recuperadas, algunas fábricas cerradas y proyectos que no llegaron a ejecutarse. Es tan ridículo el aviso que señala entre los fracasos no haber encontrado petróleo en cantidades explotables o no haber logrado construir el puerto de aguas profundas, llegando de este modo al extremo de insensatez de penalizar ideas por el gravísimo cargo de no haberse concretado.
Sin embargo, el hecho de haber incluido en el spot de campaña del principal candidato de la oposición el proyecto de la minera Aratirí entraña un riesgo económico gigantesco para el Estado uruguayo. Esto es así porque en 2018 la empresa india responsable del proyecto Aratirí, Zamin Ferrous, demandó al Estado uruguayo ante la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya por la friolera de 3.536 millones de dólares, casi 6% del PIB de Uruguay.
El asunto es así: la empresa india acusa a Uruguay de la frustración del proyecto minero “por haber dilatado la tramitación de la concesión para explotar” el yacimiento de hierro en la localidad de Valentines y haber demorado “la autorización ambiental previa”, pese a que sí le había otorgado a Zamin Ferrous los permisos de prospección, para saber si había hierro, y exploración, para saber si tenía la calidad y cantidad que hicieran rentable el proyecto. Por eso, y bajo la hipótesis de que Uruguay se “apartó de los principios de economía, celeridad y eficacia”, “defraudó la confianza legítima depositada” y “quebrantó el principio de seguridad jurídica”, los empresarios indios reclaman más de 3.000 millones de dólares en un litigio internacional para el cual apenas presentaron como pruebas dos acuerdos generales de promoción de inversiones (uno con Reino Unido y otro con República Checa) que no tienen que ver específicamente con el proyecto Aratirí, pero que los presentan porque nunca se firmó un acuerdo o un convenio de explotación entre Uruguay y la empresa.
Por supuesto Uruguay presentó una respuesta completísima y amplia que demuestra que la demanda no tiene sustento y está floja de papeles, primero porque no había ningún acuerdo firmado, pero además porque la frustración del proyecto no se debió a incumplimientos del Estado uruguayo, sino a severos incumplimientos de los requisitos legales por parte de la empresa, que presentaba solicitudes de títulos mineros mal hechas y nunca cumplió todos los extremos indispensables para poder concluir el contrato de concesión. Además, Aratirí no cumplió con las exigencias ambientales de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y provocó el fracaso de la terminal portuaria especializada para el transporte del mineral. Todo eso en un contexto que era de por sí muy arriesgado porque dependía del precio internacional del hierro, que bajó mucho desde el inicio del proyecto.
Este litigo multimillonario se va a resolver el año que viene y el spot de Lacalle Pou le viene de perillas a los empresarios indios para sostener su posición de que la culpa del fracaso es del gobierno uruguayo y no de los incumplimientos de la empresa. Hasta ahí no sería más que un inoportuno argumento obsequiado a una multinacional que nos quiere sacar 3.500 millones de dólares por un proyecto que jamás involucró esos montos y fracasó por culpa de la empresa y del mercado internacional del hierro, pero la cosa se complica cuando leemos el informe experto ofrecido por la empresa a la Corte Permanente de Arbitraje. Porque el informe experto que sustenta la demanda de la empresa, la argumenta y la justifica, fue hecho nada menos que por el doctor Carlos Delpiazzo, que ante el tribunal de arbitraje se presenta así: “Soy doctor en Derecho y Ciencias Sociales por Universidad Mayor de la República desde 1977. Actualmente, soy socio fundador y director del Estudio Delpiazzo Abogados. Con anterioridad, me desempeñé en distintos cargos públicos en el país; entre los más relevantes, fui senador de la República en 1998, ministro de Salud Pública entre 1991 y 1992, subsecretario de Defensa Nacional entre 1990 y 1991 y presidente de la Comisión Coordinadora de la Reforma del Estado de la Presidencia de la República desde 1992 a 1993”.
Más adelante, Delpiazzo explica por qué incluye todos estos cargos que tuvo en el gobierno de Lacalle, y como senador del Partido Nacional, en la presentación del informe experto a favor de la empresa demandante contra el Estado uruguayo, y dice: “El presente informe se basa en mi conocimiento y experiencia adquiridos como profesional del Derecho, integrante de órganos del Estado y como académico con respecto al derecho administrativo y minero”.
Ahora bien, resulta que Aratirí está en litigio contra Uruguay por un monto gigantesco, más grande que todo el presupuesto de la enseñanza. No tienen pruebas documentales para sustentar su demanda y justo les cae un spot en que un posible presidente, si resulta electo en los próximos comicios, les da la razón y acusa al gobierno nacional de la cancelación del proyecto. Y, además, el experto que patrocina la demanda con un informe brutal contra Uruguay y a favor de Aratirí es un dirigente del Partido Nacional, que fue ministro del papá de Lacalle Pou, presidente de la Comisión de Reforma del Estado del último gobierno blanco, senador del Partido Nacional y que es asesor de los blancos y, naturalmente, de su candidato a presidente.
¿No se dio cuenta Lacalle Pou del daño que le puede hacer a Uruguay ese horrible aviso al darle la razón a Aratirí? ¿Se le escapó pese a que el abogado experto de los patrocinantes de la demanda en la Corte Permanente de Arbitraje es un dirigente de su partido, exministro de su padre y uno de sus propios asesores?
Uruguay tiene una amplia experiencia en ganar litigios internacionales, como el de la tabacalera Philip Morris, pero yo me pregunto: si Lacalle Pou llega a la presidencia, ¿cómo vamos a ganarle a Aratirí -el fallo se espera para el año que viene- si el candidato ya le dio la razón a la empresa y Carlos Delpiazzo, ministro de su padre y exsenador de su partido, es el abogado experto que usan los demandantes para tratar de hacernos un hueco de 3.500 millones de dólares?
Esto va a traer cola. Hechos, no palabras.
POR LEANDRO GRILLE 20 OCTUBRE, 2019
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