La corrupción es un problema de la actividad política que enfrentan todos los partidos, pero en diferente grado y con diferentes niveles de respuesta. Mientras el Frente Amplio analiza casos que fueron llevados ante la justicia y ampliamente difundidos en los medios, los partidos Blanco y el Colorado suman actos de corrupción que barren debajo de la alfombra, haciéndose los distraidos.
El senador Lacalle Pou planteó a Búsqueda y seguramente seguirá planteando en la campaña la necesidad de ser “implacable” con la corrupción, “aunque muchas veces se tiene que castigar a alguien con quien se tiene a priori una relación de afecto”… pero en la práctica el Partido Nacional no ha sido capaz de trascender ese vínculo para analizar y castigar en sus filas.
Hagamos números
El Partido Nacional tiene 12 intendencias, 10 senadores, 32 diputados y 6 directores de entes
60 cargos de conducción en el Estado en el período 2015-2020
El 50 % de ellos con vulnerabilidades éticas… repasemos
10 de sus intendentes fueron denunciados por irregularidades dos de ellos procesados (Caram y Bascou)
El Intendente de Artigas, Pablo Caram fue acusado de nepotismo y de persecución política al sacar a 400 frenteamplistas de la intendencia. Creó un cargo que antes no existía para designar a su sobrina Valentina Dos Santos como directora general,nombró a su pareja, Karolina Gómez, como directora de Cultura y a sus primos, Rodolfo y Manuel Caram, como director de Desarrollo Productivo y asesor de Desarrollo Social.
El Intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, fue denunciado por “abuso de poder,enriquecimiento ilícito y conjunción del interés público con el privado”. Recibió 15 denuncias penales durante el período de su anterior mandato, las cuales aún no han sido resueltas por la Justicia. Adicionalmente se echó a 300 funcionarios de la Intendencia -algunos con 20 años de antigüedad- con el argumento de que “dichas personas no bailaban la música que tocaba el intendente”demostrando el arraigo que tiene en Cerro Largo el clientelismo político.
Respecto a la intendencia de Treinta y Tres, se denuncia inequidad en el tratamiento delos contribuyentes e ilegalidad en algunos actos administrativos. Según“Búsqueda”, la Justicia procesó a tres funcionarias por perdonar deudas adecenas de contribuyentes, el pedido de investigación al respecto no prosperó por la negativa del Partido Nacional, dejando la fuerte sospecha de que esa falta de control podría darse en base a un clientelismo político que implica una pérdida de 9 millones de pesos.
La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, fue denunciada por nepotismo y “compras en negro”.Peña nombró a su hermano como director de prensa y quiso subir el salario tanto de su pareja como el de otros directores hasta un 107%. La presión mediática hizo que Néstor Gerardo Peña Hernández -el hermano de la intendenta- renunciara al cargo. La intendenta perdió un juicio por “difamación e injurias” al programa que denunció “las compras en negro” que realizó Peña de balastro para caminería rural y ladrillos artesanales. En líneas generales, la intendenta admitió en su momento que es de práctica habitual, desde hace muchos años.
En la Intendencia de Maldonado, Enrique Antía es denunciado por “Falta de transparencia”, ingresos“a dedo”, “nepotismo”, “entrega de viviendas sociales a los empresarios” y “venta de terrenos públicos”, a lo que se suma usufructuar tierras del Instituto Nacional de Colonización. Antía, uno de los precandidatos del Partido Nacional y el intendente que recibe el salario más alto, incluso mayor al Presidente de la República fue denunciado en múltiples oportunidades, una de ellas por la compra de cámaras de video vigilancia que se realizó de forma “secreta”, sin licitación, y significó el valor de más de 20 millones de dólares por la cantidad de 1200 cámaras de seguridad.
En la intendencia de San José: Denuncian cifras rojas y la existencia de “cargos de confianza,horas extras y viáticos sin rendiciones de cuentas”. La Intendencia ha incurrido en el sexto año consecutivo de déficit, que se constata una disminución de lo ejecutado en obras y que el rubro que más ha crecido es el de recursos humanos, debido a que se han creado más cargos de confianza, horas extras y viáticos sin rendiciones de cuentas. Las arcas de la Intendencia josefina presentan un déficit acumulado de -742 millones de pesos y que en estos años se pagaron 83 millones de horas extras y 33 millones de pesos en viáticos sin Rendición, según lo que afirma el informe elaborado por el dirigente del Frente Líber Seregni, Pablo Urreta.
En el departamento de Colonia: Denuncian conjunción del interés público con el privado y nombramientos a “dedo”. El suplente de Moreira, Guardiol sigue siendo el director de una empresa grande de remates y ventas de terrenos en Colonia mientras también es el director de Planificación y Ordenamiento Territorial dela Intendencia. Mientras tiene que intervenir en la venta de terrenos y fraccionamientos y por otro lado es quien también los vende.
El intendente de Soriano,Agustín Bascou, se ha visto envuelto en una serie de denuncias que hacían peligrar su permanencia en el cargo. Cabe recordar que durante el año pasado fue duramente cuestionado porque permitió que su comuna comprara combustible en las estaciones de servicio que eran de su propiedad. Esta irregularidad fue planteada en la Junta Departamental, la JUTEP e incluso fue presentada ante la Justicia. El PN analizó en dos ocasiones la posibilidad de sancionarlo, aunque en ambas instancias el resultado fue el mismo: le aplicaron la mínima sanción(la de apercibimiento). A pesar del lapidario y contundente informe de JUTEP.
En Durazno también se denunció un caso de nepotismo, la ex esposa del intendente Carmelo Vidalín, se desempeña como coordinadora general de la intendencia y su hijo trabaja en el área de recreación.
En Florida, el intendente Enciso fue denunciado penalmente por irregularidades en los empadronamientos de autos 0Km
Otro capítulo son los senadores, lugar que ocupan tres delos precandidatos del Partido Nacional, allí también hay múltiples denuncias y actuaciones de la justicia. Pero en estos casos el Partido Nacional tampoco se expresó públicamente.
La senadora Verónica Alonso, fue procesada por conjunción del interés público y privado tiene además un juicio civil perdido por deudas impagas.
El senador Álvaro Delgado, usufructuó 339 has del instituto nacional de colonización y fue intimado a entregarlas con fecha 15 de diciembre.
La senadora Carol Aviaga fue denunciada por uno de sus peones por explotación laboral y agresión.
El senador Jorge Larrañaga, otro de los precandidatos del Partido Nacional, fue denunciado por encubrir a su hijo en intento de hurto de una camioneta en estado de ebriedad.
El senador Javier García, realizó un uso ilegítimo de un título de pediatra que no posee
El senador Guillermo Besozzi, está denunciado en la misma causa que el intendente Bascou con las estaciones de servicio.
El senador Lacalle Pou fue denunciado por Pedro Bordaberry por extorsión al proponerle votar el fideicomiso que la intendencia de Coutiño propuso a la junta departamental de Salto a cambio de “no criticarlo más”. Adicionalmente su mano derecha y ex jefe de campaña, fue denunciado por vandalismo vinculado a una operación de incendiar contenedores de basura de Montevideo.
El senador Luis A Heber recibió una denuncia por la no rendición de 220.000 dólares solicitados como viáticos, se trata del senador que ha recibido más dinero por este concepto.
Sumado a esto los senadores del Partido Nacional tienen un promedio que supera las 35 faltas en el período
Diputados
La diputada Graciela Bianchi, es un capítulo aparte!
El diputado Álvaro Dastugue vinculado a la misma causa que Verónica Alonso y su vínculo con la organización Beraca
El diputado Pablo Iturralde está implicado en las operaciones contra Valdés en la AUF y en uno de los audios que circuló.
El diputado Sebastián Andújar, fue expulsado del sector “Todos Hacia Adelante” por la falsificación de firmas y libramiento de cheques sin fondo en perjuicio de compañeros del Partido Nacional, sin embargo no fue denunciado ante la justicia por estos delitos
El exintendente y diputado Omar Laffluf fue denunciado por diversas irregularidades durante su gestión en la intendencia de Río Negro que incluyen convenios fuera del marco legal y un fideicomiso denunciado como el peor negocio del departamento
El escribano Antonio Zoulamián, suplente del diputado Gustavo Penadés, fue denunciado penalmente por diversos delitos de estafa, en virtud de diversos ilícitos perpetrados en la gestión de PYX SA, una empresa dedicada a préstamos financieros, que meses atrás presentó un pedido de concurso voluntario ante la Justicia
El diputado Wilson Esquerra atropelló alcoholizado a una mujer y la Fiscalía solicitó a la Justicia el pedido de desafuero para ser juzgado
El ex intendente y diputado Armando Castaingdebat, fue denunciado penalmente por presuntas irregularidades cometidas en una licitación en el que el ex intendente blanco usó una cuenta puente para pagar materiales de una obra
El diputado Mario Ayala, vinculado a la operación política en el acto de inauguración de la ruta 30 al movilizar a “supuestos” tabacaleros que resultaron ser funcionarios de la intendencia y referentes del Partido Nacional.
La diputada Elizabeth Arrieta omitió investigar sobre una denuncia de acoso sexual que le realizara una joven vinculada con un edil nacionalista que la misma legisladora había puesto en contacto con la víctima, de esta forma cae en la falta de encubrimiento.
El diputado Bacigalupe está siendo investigado por su vínculo con la mafia del turf desde que fuera director de deportes de la intendencia de San José, además se le responsabiliza por el no pago del convenio de la empresa fúnebre de su propiedad con la intendencia.
Directores de entes
Director de AFE: Mario Cusano (cobraba sus almuerzos al ente)
El director de El Correo: Saralegui acusado de gastar un millón de pesos sin comprobantes
Estos son datos contundentes y sin mencionar los casos de Rodrigo Blas (procesado por defraudación tributaria), Nelson Bosch (procesado por narcotráfico), Luis Sosa (asociación para delinquir y contrabando), Alvaro Garcé (connivencia con narcos, eventual ministro de Lacalle Pou), Pablo Gutiérrez (robo energía eléctrica), u otros aspectos éticos como el del Presidente de la Junta departamental de Tacuarembó Felipe Bruno que reclamó una nueva dictadura y es uno de los mayores deudores de contribución de Tacuarembó, Horacio de los Santos (ex Sec. Gral de la intendencia de Paysandú) preso por abuso de funciones y contribución a la explotación sexual infantil por el caso de la Casita del Parque, Carlos Signorelli (ex intendente de Artigas) procesado con prisión por fraude estimado en 28 millones de dólares. Walter Zimmer (exintendente de Colonia) procesado con prisión por abuso de funciones vinculadas a empadronamientos de vehículos, y el más reciente precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori que tiene una deuda de 23. 7 millones de dólares con el Banco República que a pesar de sus gestiones no pudo ser cobrada…
En síntesis, la mitad de los intendentes, legisladores y directores de entes del Partido Nacional fueron procesados, tienen causas abiertas o están siendo investigados por faltas éticas, sin embargo la comisión de ética del partido no ha actuado en ninguno de los casos salvo los de Bascou y Ezquerra en los que, a pesar de las pruebas, resolvió no sancionarlos.
Mientras gritan basta de corrupción barren debajo de la alfombra sus propias miserias. Urge un acuerdo ético, urge un compromiso que comience con la autocrítica porque con un porcentaje de corrupción del 50% delos cargos ¿Qué gobierno nos esperaría?
No hay comentarios:
Publicar un comentario