El censo, que se llevó a cabo entre las 0 y las 6 de la mañana de ese día, contó con el apoyo de las Naciones Unidas, cuyos representantes acompañaron el trabajo de campo. El resultado, que será difundido en los próximos días, permitirá “desarrollar nuevas propuestas para atender esta problemática”.
De todas formas, los datos fríos mostrarán un apreciable incremento de la gente que vive en la calle, según confiaron a ECOS fuentes del ministerio.
Una situación que las autoridades venían adelantando en los últimos meses y qué motivó, entre otras cosas, adelantar la fecha del relevamiento. El Mides realizaba este tipo de censos cada cinco años. El primero fue en 2006, y luego vinieron los de 2011 y 2016.
Ese último estudio, realizado hace tres años, había indicado que 1671 personas pernoctaban en la vía pública en todo el país. Unos 600 lo hacían en forma permanente, ya que ni siquiera concurrían a algún refugio ara pasar la noche.
La divulgación de los nuevos datos se da en medio de una circunstancia muy particular. Por expresa indicación del Mides, las autoridades del Banco República decidieron vallar la amplia entrada de la Sucursal 19 de Junio, lugar de pernocte habitual para casi dos decenas de personas que iban allí a guarecerse y dormir.
Se trata de simples conos fluorescentes, que impiden el pasaje. Por las dudas, un equipo de de una empresa de seguridad privada permanece allí en un vehículo durante toda la madrugada, vigilando posibles intentos de violar el perímetro.
Así lo constató ECOS en un relevamiento efectuado este jueves, que comprobó que la medida en el BROU tuvo el simple efecto de “reubicar” a las personas que allí pernoctaban en otros lugares céntricos de Montevideo.
Empezando por la vecina Plaza de los Treinta y Tres, donde cinco personas se ubican, con todos sus enseres, en los distintos bancos del lugar. Otras tantas lo hacen, directamente, sobre el césped de la plaza.
Con la Biblioteca Nacional vallada desde hace algunos años, una de las opciones más cercanas es la entrada de la Galería del Notariado, donde tres hombres, todos mayores, tratan de dormir.
Avanzando por 18 de Julio hacia el Centro, otras tres personas habían montado una suerte de “campamento” cerca de un local comercial, en la esquina con Gaboto.
En la misma cuadra otros locales privados,algunos de ellos abandonados, son adoptados también como refugio.
Otra pareja descansa sobre colchones en la puerta de la sede de la Dirección de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), frente a la Intendencia de Montevideo.
La sede del Mides, a apenas una cuadra, hace años que también está totalmente cercada.
La situación se repite en las calles laterales y paralelas a la principal avenida céntrica en toda su extensión. Hombres y mujeres adultos de todas las edades duermen bajo pedazos de nylon y mantas a lo largo de la avenida Uruguay.
En esa calle, en las esquinas con Cuareim, Río Negro, Paraguay y Andes se aprecian nuevos “campamentos”, frente a locales para alquilar o edificios abandonados.
Cambio de actitud
Si los propietarios de estos lugares le hacen caso a la ministra de Desarrollo Social, estas personas deben buscarse otros lugares para pernoctar. El jueves pasado en rueda de prensa, Marina Arismendi reconoció que su ministerio fue el que le pidió al BROU que cercara la Agencia 19 de Junio y que no dejara que personas en situación de calle permanecieran allí.
Arismendi exhortó además a que no se permita que estas personas pernocten en predios privados.
Se trata de un paso más en el cambio de actitud en el ministerio frente a las personas que, sin lugar donde vivir, se resisten por distintos motivos a ir a uno de los refugios proporcionados por la cartera.
En ese marco, una de las comprobaciones del nuevo censo es que, en buena parte, se resta de adictos y ex reclusos que tienden a “agruparse” en la vía pública, en lo que las autoridades han denominado una “nueva forma” de estar en la calle.
Desde el año pasado, el Mides optó por pedir en algunos casos la aplicación de la ley de Faltas, algo a lo que hasta el momento se resistía.
En su artículo 14, la normativa establece que “el que ocupare espacios públicos acampando o pernoctando de forma permanente en ellos, será castigado con una pena de siete a treinta días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado dos veces por parte de la autoridad de que desista de su actitud, persiste en la misma”.
Ideada como una “barrera de contención” a la ocurrencia de hechos delictivos, significó la detención de 800 personas entre 2016 y
2017 , según cifras del Ministerio del Interior.
Sin embargo, solo a ocho de ellas se les aplicó la ley. Eso se debió a que, por consejo judicial, el Mides había decidido no hacerlo. “Hemos sido aconsejados por el Poder Judicial de que no es lo mejor”, decía ante el Parlamento por esas fechas Arismendi.
El argumento que dio es que a nivel de la Justicia se considera que la ley no es efectiva a la hora de erradicar el fenómeno de personas en situación de calle.
Pero la percepción de la cartera cambió con el correr del tiempo.
“Desde hace ya un tiempo nos encontramos con que varios espacios públicos están siendo utilizados con otros destinos”, manifestó el año pasado en el Legislativo la directora de de Protección Integral del Mides, Eleonora Bianchi.
Según sostuvo, se está trabajando en forma coordinada con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior para planificar una acción por la cual se está visitando en forma periódica esas ubicaciones en distintos espacios públicos.
Según Bianchi, se está “invitando” a las personas a retirarse de esos lugares y acudir a un refugio.
“En caso que así no resultara, se está procurando transformar esa situación mediante la aplicación de la ley de Faltas”, indicó.
En el uso indebido de los espacios públicos, la normativa prevé que la persona en esa situación sea trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. Allí se le recabará su identidad y se le ofrecerá una alternativa a su situación. En caso de persistir en dicha conducta, a la tercera oportunidad deberá ser conducida ante el juez competente, que le impondrá una pena de trabajo comunitario por un lapso máximo de treinta días.
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