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lunes, 11 de marzo de 2019

J. M. SANGUINETTI: EL RETORNO DEL BRUJO NEGRO..... Y GRAN MENTIROSO

La jugada política de Sanguinetti fue, como otras veces, muy audaz y temeraria. Tal vez Julio María le esté midiendo el aceite a la oposición y a la ingenuidad de los electores, y para eso se valió del olvido y de la juventud de muchos que votan por primera o segunda vez y que ignoran la verdadera historia del delito en Uruguay, muy particularmente la historia del narcotráfico y, sobre todo, no conocen al protagonista de esta anécdota, un verdadero profesional del engaño. Lo de Julio María fue bastante sucio y desleal, en realidad su afirmación fue increíblemente mezquina. Da pena tratándose de alguien que aún tiene el respeto de un sector mayoritario, quizás un 60 %, de un partido en extinción.


No la hizo cualquiera, la hizo el dos veces presidente, quien se apresta a dar un salto mortal y sin red para conseguir poner de pie al Partido Colorado y para darle una mano a Pompita, ayudando a construir un bloque conservador con el propósito de impedir un nuevo triunfo del progresismo y restaurar los privilegios de una clase dominante que ha resuelto que tiene por delante la lucha final y está dispuesta a ganarla a sangre y fuego.

Un día antes de declarar que con el Frente Amplio (FA) habían ingresado los narcotraficantes a nuestro país, amenazó con una campaña electoral en la que la opción era entre democracia o Maduro.

Como toda operación política de Sanguinetti, cuyo carisma e inteligencia no tendría sentido ignorar, es una obra maestra de perfección y perfidia. Comienza con un no muy destacado título en primera plana con su foto, que dice: “Sanguinetti: ‘Las bandas de narcos llegaron hace diez años’”. Adentro, en página 2, descarga toda la artillería: “Sanguinetti: ‘Las bandas de narcos llegaron con el FA’”. En la nota, que publica El País, puede leerse: “Hace diez años no se hablaba de bandas de narcos y eso fue en los gobiernos frenteamplistas. Es un cambio cualitativo tremendo con un impacto indudable”, explicó, destacando que “el impacto de la pérdida del temor al riesgo de la droga en el país es alarmante”.

Ya está lanzada la semilla envenenada de la operación política que podemos llamar “Culpar de la droga al FA”. Empieza así, casi sin destaque (aunque con una carga brutal) y ahora comenzará a ser repetida una y otra vez por todos los medios masivos de difusión que sirven al poder del dinero (en artículos, reportajes, informes, noticieros, magazines, pretendidos programas de opinión, como Esta boca es mía y Todas las voces, y hasta en programas de entretenimiento que difunden consignas políticas para asociar el temor a la delincuencia -que se ha convertido en el principal problema de los uruguayos, según las encuestas- con “la droga introducida por el FA”.

Pues bien, la droga, como demostraremos y como puede comprobarse repasando la historia del país, llegó a Uruguay en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Y recién comenzó a combatirse con energía en las postrimerías del gobierno de Jorge Batlle.

El comienzo de la historia

La verdadera historia dice que primero llegan los colombianos y después los mexicanos. A mediados de los años 80, al finalizar la dictadura, llegaron a Uruguay los representantes y negocios del cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar.

Era el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, que tuvo como ministros del Interior a Carlos Manini Ríos, que fue embajador de la dictadura en Brasil, a Antonio Marchesano y a Francisco Forteza.

En 1989, en pleno gobierno de Sanguinetti, fue detenido en Punta del Este el joyero argentino Raúl Vivas, que había utilizado el cambio Italia para lavar 1.200 millones de dólares procedentes de la venta de la droga. El argentino lavaba dinero “a través de la venta real y luego ficticia de oro a Estados Unidos (EEUU). Para ese entonces, en 1987, Uruguay era el segundo país exportador de oro, detrás de Sudáfrica”. Muy “curioso porque no teníamos ni una mina de oro”, publicó entonces La República.

Raúl Vivas fue extraditado a EEUU, donde se supone que está cumpliendo una condena de 515 años de cárcel. El cambio Italia fue cerrado por el Banco Central del Uruguay (BCU) por dedicarse al lavado de dinero, pero ninguno de sus propietarios y directores fue procesado. Ante un caso tan evidente, mucha gente habló de protección especial de algún gran poder para esa gente. Un alto dirigente del Partido Nacional, años después ministro del Interior del gobierno de Luis Alberto Lacalle, fue mencionado entre los nombres que estarían comprometidos con el mencionado cambio.

Tanta presencia había del narcotráfico en Uruguay en los primeros gobiernos posdictadura, el de Sanguinetti y el de Lacalle, que en febrero de 1991, también en Punta del Este, fue detenido Ramón Puente Patiño, contador del cártel de Cali.

Fue el cerebro del famoso caso “Yomagate”, que involucraba a Amira Yoma, cuñada del entonces presidente argentino Carlos Saúl Menem. Por lo menos cuatro sociedades anónimas uruguayas permitieron lavar parte del dinero que una banda de narcotraficantes trasladaba en valijas a Ezeiza, donde Ibrahim al Ibrahim, esposo de Amira Yoma y director de la aduana del aeropuerto (pese a que no era ciudadano argentino y ni siquiera hablaba español), era una garantía para el pasaje de las famosas valijas. Según la prensa de la época, en varias ocasiones Amira trasladó en una camioneta Peugeot Break color gris las valijas a Punta del Este y depositó el dinero en bancos de plaza ubicados en la avenida Gorlero.

El “contador del cártel de Cali”, como se conocía a Puente Patiño, fue extraditado a EEUU desde Uruguay y condenado allá a 30 años de cárcel. Todos los otros involucrados, salvo el boliviano Emilio Setelich, directamente vinculado a Puente, zafaron de cualquier investigación o condena.

Alguien tan insospechable de izquierdismo como Gabriel Pereyra escribió el 1º de febrero de 2016 en El Observador (Adivinanza: ¿cuándo empezó la transa de drogas en Uruguay?): “En 1989, el argentino Raúl Vivas fue detenido en Punta del Este acusado de lavar dinero del narcotráfico a través del cambio Italia […] En 1990, el narcotraficante Omar Clavijo era considerado el rey de la cocaína en Punta del Este. Terminaría sus días ejecutado por narcos paraguayos por un asunto de dinero […] En 1994, un informe de la DEA, agencia antidrogas de EEUU, señaló a Uruguay como un importante centro de lavado de dinero del narcotráfico. Esto fue público, incluso salió en los diarios”.

Segundo gobierno de Sanguinetti y llegada de los mexicanos

Siguiendo la tendencia del negocio, tras los colombianos llegaron los mexicanos, y también ocurrieron otras cosas. Sigue Gabriel Pereyra: “En 1997 se detectó la presencia en Uruguay del cartel de Juárez, en ese momento la organización criminal más poderosa de México. Esto fue público, incluso salió en los diarios […] En 1999, el agente de la DEA (agencia antidrogas estadounidense) Abel Reynoso dijo que a través de sociedades anónimas uruguayas se lavaba abundante dinero del narcotráfico. Advirtió que los grandes carteles de la droga ya operaban en el país. Esto fue público, incluso salió en los diarios”. Llegó también el de Sinaloa.

El cártel de Juárez llegó en 1997. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los cielos, jefe de esa organización mexicana, estuvo en la región buscando establecer una zona de descanso o refugio cuando ya era muy buscado en México por la DEA. Se lo llamaba Señor de los cielosporque disponía de una flota de aeronaves DC-8 para transportar droga. En teoría, Carrillo Fuentes murió por una infección posterior a una cirugía facial a la que se sometió. Sólo en Argentina, el cártel de Juárez habría realizado operaciones de lavado de dinero por US$ 1.200 millones.

En su libro "Ojos vendados", el periodista ultraderechista Andrés Oppenheimer relató que en 1997, “en un breve viaje de Argentina a Uruguay, poco después del fin de año [de 1996], Amado Carrillo Fuentes se enamoró de Punta del Este, el balneario uruguayo donde veranea buena parte de la clase alta argentina y uruguaya. Tras contratar al al prestigioso bufete de abogados Posadas, Posadas y Vecino -dirigido entre otros por el ex ministro de Economía y ex senador uruguayo Ignacio De Posadas- para representarlos en Uruguay, los narcotraficantes mexicanos adquirieron el chalé Holiday, en Punta del Este, por US$ 550.000”. 

El mismo era propiedad del periodista Danilo Arbilla y la transacción resultaba por demás sospechosa porque el precio de venta superaba notoriamente el que la propiedad valía. 

Pero aun más sospechoso era que el escribano Morassi, quien era el escribano de Búsqueda, no hubiera cumplido con su obligación profesional de reportar la transacción, máxime que la misma se hizo en efectivo y con plata que presumiblemente había cruzado la frontera en un maletín. 

Al respecto, informó La República: “La presencia de una banda mafiosa lavando dinero de los narcotraficantes mexicanos también era investigada en Uruguay por el ex responsable de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, inspector general (r) Roberto Rivero. Como consecuencia de esta investigación que involucraba a Danilo Arbilla, se conmovió la Sociedad Interamericana de Prensa y tembló todo el establishment. 

Pocos día después -añadía La República-, fue destituido como director nacional de Policía por el ministro del Interior, Guillermo Stirling, después de que en un oficio dirigido por la Brigada Antidrogas del Este a la jueza de 4º Turno de Maldonado, Fanny Canessa, se involucrara al director del semanario Búsqueda, Danilo Arbilla, con las actividades de los narcolavadores”.

En verdad, el ministro era Guillermo Stirling y el subsecretario de esa cartera, Luis hierro López, quien hoy es el jefe de la campaña electoral de Sanguinetti.

El presidente de la República en ese entonces era nada menos que Julio María Sanguinetti, porque en su primer gobierno fue cuando los principales cárteles de la droga aparecieron operando en Uruguay. Y paradojalmente, el primero que la quedó fue el que combatía el narcotráfico, el inspector Rivero, quien fue destituido pese a tener una hoja de servicios excepcional, para no investigar al director de Búsqueda, Danilo Arbilla, quien en esos años llegó a ser un altísimo funcionario de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Al respecto, mucho me complace cederle la palabra otra vez a Gabriel Pereyra, que en su artículo “De la coca en la farmacia de principios del siglo XX al sicariato del siglo XXI”, del 20 de febrero de 2016 dice, refiriéndose a Roberto Rivero: “El policía coloniense limpió la casa y comenzó a aplicar métodos de trabajo investigativo que eran tendencia en el mundo: grupos compartimentados, enfocados a grandes cargamentos y con uso de técnicas y tecnología, al menos la que se contaba en el país. Rivero sería removido en medio de un escándalo por deslices en una investigación cuyas consecuencias, y según sus antecedentes, el oficial -que terminó su carrera como director de la Policía Nacional- no merecía. Pero dejó instalados métodos de investigación que provocaron al menos dos cambios en la represión del narcotráfico”.

Estoy seguro de que Pereyra tendrá la oportunidad de preguntar a Julio María Sanguinetti, en su programa En la mira, por qué destituyó a un oficial que enorgullece a nuestras fuerzas de seguridad, como el inspector general Roberto Rivero, y si el motivo fue, como se sospechó en la época y en la propia fiscalía antidrogas de México, la venta de la casa de Punta del Este a Danilo Arbilla y las omisiones del escribano Morassi, quien siguió haciendo negocios con el cartel de Juárez con la impunidad que daba ser amigo personal del entonces ministro del Interior, Guillermo Stirling.

Lo que sí queda fehacientemente demostrado es que las bandas de narcos operaban en Uruguay mucho antes (desde mediados de la década del 80) de que el FA llegara al gobierno de Uruguay, como dijo mentirosamente el dos veces expresidente (mediante elecciones militarmente tuteladas y con miles de proscriptos en 1984) Julio María Sanguinetti.

Agrego que, según varios especialistas, la pasta base de cocaína, terrible flagelo de nuestra sociedad, se impuso en 2001-2002, plena crisis económica causada por el desgobierno de Sanguinetti-Lacalle-Sanguinetti-Batlle.

“Y se acabó la joda”

A fines de los años 90 un delincuente menor de edad asolaba el Cerro Norte. El Rambo se había vuelto famoso y distribuía drogas con una banda de chiquilines. Siendo menor cometió su primer homicidio y pasó la mayor parte de su vida en prisión hasta que murió con su enorme cuerpo de 1,97 metros de estatura y 142 kilos de peso, víctima de quien era su sirviente en el Penal de Libertad, que le disparó cinco tiros a quemarropa.

En 1998, el asesinato del joven Andrés Trigo y las investigaciones que se llevaron a cabo en los años posteriores, permitieron conocer que en Colonia se desplegaba una mafia integrada por policías, jueces, y narcotraficantes que lograron mantener la impunidad sobre este crimen durante una docena de años.

La muerte del prestamista y narcotraficante de la zona Lilo Rodríguez, la autoconfesión de un sicario, el Pegajoso, Carlos Guillén, la prisión del asesino de Lirio Rodríguez, Alejandro Píriz Brum, fueron objeto de investigaciones exhaustivas ya durante el gobierno de Jorge Batlle.

En 2006 fue desbaratada una banda que traficaba con cocaína y la llevaba a Europa. Esta operación fue realizada por la Policía uruguaya en colaboración con la de otros países -Argentina, España, Inglaterra- y llevó a la detención de conocidos empresarios, contadores, abogados, que participaban bajo la dirección de un narcotraficante, Alexander Pareja, y otros delincuentes.

La operación se denominó Campanita y por ella fueron procesadas 29 personas y se incautaron voluminosas cargas de cocaína. Esta banda operaba desde principios de la década del 2000.

En el año 2008 Jorge Vázquez alertó que las operaciones que conducía el hoy fallecido inspector Guarteche iban a ser impiadosas con la droga y acentúo su decisión de ser implacable con esa frase que destacamos en el subtítulo: “Se acabó la joda”.

A fines de los años 90 un delincuente menor de edad asolaba el Cerro Norte. El Rambo se había vuelto famoso y distribuía drogas con una banda de chiquilines. Siendo menor cometió su primer homicidio y pasó la mayor parte de su vida en prisión hasta que murió con su enorme cuerpo de 1,97 metros de estatura y 142 kilos de peso, víctima de quien era su sirviente en el Penal de Libertad, que le disparó cinco tiros a quemarropa.
Las operaciones Cancerbero I y Cancerbero II terminaron con la incautación de más de medio millar de kilos de cocaína que se enviaban para España ocultadas entre las redes de barcos pesqueros. A raíz de estas operaciones fueron detenidos empresarios de la pesca y contratistas de fútbol; el más conocido fue Edward Yern.

Nos quedaron en el tintero las historias del inspector De Ávila, procesado siendo director de Cárceles, del Betito Suárez o Gustavo de Armas, el jefe de los narcotraficantes de Cerro Norte, para demostrar que la droga ingresó a Uruguay de la mano del gobierno de Sanguinetti y que las principales actuaciones contra el narcotráfico ocurrieron durante los años en que gobernó el FA; vamos a recordar algunas palabras citadas de un reciente testimonio del senador Charles Carrera, quien hasta hace poco tiempo fue director del Ministerio del Interior.

“La realidad es que desde hace muchos años -incluso durante la época en que Sanguinetti gobernaba-, el narcotráfico operaba y lo hacía de manera organizada. […] Los datos demuestran a las claras cómo, precisamente, fue durante la década de los 90 que el narcotráfico terminó volviéndose un flagelo. […] Hay algo que es innegable y es que el FA ha desarrollado varias políticas para el combate al narcotráfico. Ello incluye grandes operaciones en las que se incautaron importantes volúmenes de droga en conjunto con una política de combate al microtráfico, una actividad que si bien se manifiesta mayoritariamente en la zona metropolitana, se ha ido extendiendo a todo el territorio. En lo que va de este último período de gobierno, se han cerrado más de 2.400 bocas de drogas en todo el territorio nacional y se han incautado 400 kg de marihuana, 133 kg de cocaína y 57 kg de pasta base, lo que representan unos $ 200 millones (unos 6 millones de dólares) en cuatro años. 

Si a estos números de este último período de gobierno le sumamos lo que significa el mercado regulado de la marihuana (estimado por la Junta Nacional de Drogas en 18% del mercado negro, casi 26.000 consumidores inscriptos a cuatro años de aprobada la regulación), las cifras arrebatadas al narcotráfico aumentan sensiblemente.

El gobierno frenteamplista se ha plantado de manera firme ante un problema que ya existía desde hace años, lo cual es fácilmente demostrable con hechos y no palabras. Sin embargo, ante la mentira, debemos ir con la verdad, con hechos y datos concretos. No debemos caer en el juego de algunos nostálgicos que pretenden volver a utilizar la mentira como herramienta política.

Como dijo Karl Marx, ‘la praxis es el único criterio de verificación’, lo que después se popularizó bajo la frase ‘la única verdad es la realidad’.

El expresidente doctor Julio María Sanguinetti mintió rotundamente al afirmar que ‘las bandas narcos llegaron con el FA’, seguramente como forma de iniciar una campaña insidiosa que se suma a las de rencor ya desarrolladas por la derecha.

Nada ni nadie podrá desmentir la falsedad con la que actuó”.

Fuente: Caras y Caretas

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