A pocos días de las elecciones presidenciales en Brasil, el juez Sergio Moro vuelve a copar el debate político al decidir hacer pública la declaración de uno de los principales testigos de la operación 'Lava-Jato'. El testimonio de Antonio Palocci, exministro de Lula y Rousseff, no sólo incrimina a Lula, sino que implica a José Sergio Gabrielli, entonces presidente de la petrolera Petrobras y ahora coordinador de la campaña del candidato del Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad. Entre otras acusaciones, Palocci refiere que el PT ingresaba 3% de los contratos de publicidad de Petrobras y denuncia que las campañas de Rousseff para la presidencia han superado los 300 millones de euros, una cantidad superior a la permitida por el Tribunal Superior Electoral. Hasta el momento no se han visto pruebas de esas afirmaciones
Las declaraciones se produjeron en abril, y la decisión de Moro de hacerlas públicas seis meses después ha desatado las acusaciones de injerencia política por parte del PT. “Moro no podía perder la oportunidad de participar en el proceso electoral. Tan sólo es la enésima vez que el juez intenta destruir a Lula”, ha dicho la presidenta del partido, Gleisi Hoffman, tras acusar al testigo de mentir. En un comunicado, el PT tilda la acción de Moro de “injerencia arbitraria e ilegal” y, en su cuenta de Twitter, Lula colgó una foto del juez junto al actual presidente de Brasil, Michel Temer y la pregunta: “¿Alguien creía que el juez Moro iba a quedarse quieto durante las elecciones?”.
Las declaraciones de Palocci no son una novedad dentro del caso y hace mucho que la prensa brasileña especulaba con su contenido. Sin embargo, el impacto de su divulgación, a escasos días de las elecciones, puede ser grande. De hecho, tras unos días de recuperación, el último sondeo publicado este martes por Datafolha muestra que Haddad se estancó en el 21% de la intención de voto y el rechazo hacia él subió del 32% al 41%. Preguntado por los periodistas sobre el 'timing' elegido para hacer pública la declaración, Sergio Moro no contestó.
Hace tiempo que el juez colecciona acusaciones de intentar interferir en las elecciones brasileñas. El PT le ha acusado de persecución política y un artículo de julio en The Economist cuestionaba la legitimidad de la injerencia de la justicia en las elecciones presidenciales.
"Es cierto que Lula tiene razón en algunos puntos. Su caso fue el más rápido, el que ha tenido la condena más dura y justo antes de unas elecciones que, según todos los sondeos, le harían presidente del país. Es un caso muy complicado. El 'timing' y la contundencia de la decisión resultan extraños. Pero eso no significa que no sea correcta, simplemente no se han dado las explicaciones suficientes”, contaba a este periódico hace unos días Michael Freitas, profesor de la Fundación Getulio Vargas.
Lula llevó su caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU y consiguió una recomendación para que Brasil reconociera sus derechos políticos y le permitiera presentarse a las elecciones. La posición de la ONU no cuestionaba la legalidad de la ley 'Ficha Limpa' -que automáticamente inhabilita los políticos condenados en segunda instancia-, pero sí preguntaba si la condena era correcta. La ausencia de explicaciones desató críticas sobre la actuación abusiva de los tribunales.
El candidato de ultraderecha fascista, Jair Bolsonaro, no ha tardado en sacar rédito de las declaraciones. En su cuenta de Twitter, Bolsonaro ha escrito que “el PT representa el final de la operación Lava Jato y el regreso de los esquemas que amenazan la democracia”.
Bolsonaro es el principal beneficiado del frenazo del PT. Los últimos sondeos le dan diez puntos (32 %) de ventaja sobre Haddad, números que le permitirían llegar a la segunda vuelta con un margen holgado. Su discurso antisistema, que hace hincapié en la lucha contra la corrupción, junto con la condena de Lula, le allanaron el camino, pese al rechazo que sus ideas machistas, recistas y homófobas provocan en varios sectores de la sociedad.
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